Luis Hernández Navarro

Campo: el tiempo y el reloj

El tiempo rural y el reloj de la política mexicana coincidieron este fin de año en la ciudad de México. El descontento acumulado en el agro durante los pasados 10 años se condensó en las movilizaciones campesinas para presionar al Congreso y al gobierno federal en la hora de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2003.

La protesta responde a los agravios que el mundo rural ha vivido con las reformas al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y las políticas públicas anticampesinas de los gobiernos en turno. Expresa tanto el deterioro del viejo corporativismo agrario de raíz priísta como el agotamiento de un modelo de relación entre el Estado y el movimiento campesino.

Las reformas salinistas y el abandono gubernamental del agro rompieron el tejido comunitario y forzaron el éxodo masivo de campesinos a las ciudades y a Estados Unidos, sin ofrecer empleos urbanos suficientes dentro del país ni opciones de vida digna. Incluso los agricultores más capitalizados, con mejores tierras y agua se han ido a la bancarrota. Multitud de ejidos, pueblos y ranchos han quedado convertidos en centros poblaciones de ancianos, mujeres y niños que sobreviven con las remesas que les mandan sus parientes del otro de lado de la frontera.

La situación se agravó con el nuevo gobierno. Era menos menos difícil acordar con las administraciones del PRI proyectos productivos o de bienestar social que ahora. No se trata tan sólo de que los pleitos entre gobiernos estatales priístas y la Federación frenen la entrega de recursos. Tampoco de que el afán de la nueva administración por evitar la corrupción provoque el enojo de líderes venales. Es, simple y llanamente, resultado de la incapacidad de los nuevos funcionarios para operar programas en el agro con eficiencia y sentido común. No saben hacerlo.

Trasladarse a la ciudad de México es hoy más difícil de lo que era hace unos años. Las organizaciones y los campesinos están más descapitalizados hoy que hace unos años. En la década de los 80 las redes familiares desempeñaban un papel importante en facilitar a los ejidatarios la participación en marchas. Si los padres salían a protestar, los hijos se responsabilizaban de las labores. Hoy, sin embargo, la migración ha fragmentado este tejido solidario, de la misma manera en que ha roto la unidad familiar. Es por ello que las recientes movilizaciones son un indicador de la situación límite en la que se encuentran los labriegos. En sus filas hay inconformidad, desesperación y encono. No se mira más el horizonte. Si en condiciones tan difíciles, si frente a la adversidad se trasladan al Distrito Federal es porque está en juego su sobrevivencia.

La fuerza principal de las jornadas de lucha reciente es la coalición šEl Campo no Aguanta Más!, formada recientemente por organizaciones campesinas que no pertenecen a partido alguno y sin injerencia estatal. Aunque sus integrantes tienen muchos años de existencia, han creado un movimiento nuevo. Lo viejo se ha transformado en nuevo.

El gran ausente de la temporada ha sido el Congreso Agrario Permanente (CAP), interlocutor campesino privilegiado de los gobiernos desde Salinas de Gortari. Aunque ha procurado montarse en las protestas, ha quedado al margen. Las fuerzas rurales del PRI fueron rebasadas.

Los funcionarios públicos y legisladores fueron desbordados por la magnitud, consistencia y radicalidad de la movilización. Gobernadores, legisladores y secretarios de Estado tuvieron que recibir a los inconformes y acordar con ellos, al margen de los partidos políticos. Fue evidente el déficit de representatividad que tienen las actuales instituciones gubernamentales y legislativas. Los campesinos se representaron a sí mismos sin la mediación de los políticos.

La nueva coalición obtuvo, en pocas semanas, importantes triunfos. Se aprobó una nueva Ley de Energía mediante la cual se establecen mecanismos para que el gobierno instrumente un programa de energía para el campo a precios competitivos. Varias organizaciones negociaron proyectos productivos específicos que se encontraban congelados. El presupuesto destinado al agro se incremento de casi 46 mil millones de pesos a más de 59 mil millones.

No obstante, una de sus demandas centrales, la exigencia de una moratoria al apartado agropecuario del TLCAN, sigue pendiente. El Senado fue insensible y temeroso a esta exigencia. Ni siquiera desistió de congelar un año la apertura agropecuaria del TLC. Hasta los senadores del PRD terminaron cediendo ante las presiones y amenazas de la embajada de Estados Unidos y de la Secretaría de Economía.

El descontento rural ha encontrado receptividad en los medios de comunicación, la sociedad urbana y el mundo de la cultura. Urge entablar un gran diálogo nacional sobre el futuro del campo mexicano.

La inminencia de las elecciones federales de 2003 amenaza con desinflar el movimiento. Sin embargo, los comicios no tienen manera de resolver el descontento. Los tiempos del campo no están sujetos al reloj de la política nacional.