Respuesta a denuncias penales de Profepa ante invasiones de campesinos

Inminentes desalojos en Montes Azules

Por lo menos 5 asentamientos de esa reserva ecológica están en la mira de autoridades federales

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Comitan, Chis. 13 de diciembre. A partir de este fin de semana, en cualquier momento podría iniciarse el desalojo de por lo menos cinco asentamientos en las reservas de la biósfera de Montes Azules y Río Lacantún. Hace un año, las autoridades hablaban de 37 "asentamientos" o comunidades en la zona, susceptibles de ser "reubicados" o desalojados. Hoy se habla de 42.

Las autoridades federales tienen en la mira inmediata los asentamientos Arroyo Cristalina, Nuevo San Rafael, Ignacio Allende, Ocho de Febrero y Arroyo San Pablo (todos en la zona sur de la selva, en las inmediaciones de Ixcán y Chajul).

La Mesa Ambiental conjunta del estado y la Federación había recomendado con anterioridad el desalojo "inmediato" de Arroyo Cristalina, en la presunción de que se dedican a alguna actividad ilegal, como narcotráfico. Esta población, al parecer controlada por un individuo conocido como El tío y sus dos yernos, procedentes de Frontera Corozal, dominarían, con armas de alto poder, una comunidad de campesinos choles originarios de Sabanilla, con los que las autoridades no han establecido contacto.

Arroyo Cristalina (o Arroyo Aguilar) no está dentro de Montes Azules, sino en la poco conocida reserva de la biosfera Lacantún, también propiedad legal de los lacandones. Habitan allí unas 130 personas; 22 techos han contado las avionetas y los aviones de rastreo. Y una "superficie de posesión" de 50 hectáreas.

Ocho de Febrero recibe su nombre de la fecha en que el caserío fue "detectado". Se localiza sobre el río Jataté, al fondo del cañón El Colorado. En mayo se le calculaban 142 habitantes. Proceden de Chabajebal, municipio de El Bosque (donde hubo una matanza de indígenas durante el ataque de Roberto Albores y el Ejército federal contra el municipio autónomo San Juan de la Libertad, en junio de 1998). Hablan tzotzil.

Nuevo San Rafael e Ignacio Allende se ubican en las tierras profundas de Ixcán, entrando por Las Guacamayas (ese santuario natural últimamente tan turístico).

Los habitantes de Arroyo San Pablo (o Lucio Cabañas) serían las bases de apoyo zapatistas expulsadas violentamente de Río Salinas en la región de Marqués de Comillas, por miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri). Un caso más de colonización que es producto del exilio y la persecusión. Podrían ser los primeros desalojados en los próximos días por las autoridades federales.

Las denuncias de la comunidad lacandona han sido un instrumento importante del gobierno para aplicar sus planes de "reubicación" forzada en Montes Azules. Pablo Chan Kin Najbor, presidente del consejo de vigilancia de bienes comunales de la zona Lacandona, reveló a este enviado que los representantes de Lacanjá Chansayab acaban de levantar actas ministeriales en Ocosingo "contra un grupo de familias que están invadiendo la zona Lacandona por el lado de Chajul" (al sur de Montes Azules).

"Demandamos su expulsión. Estamos esperando que el gobierno haga algo", dijo.

Sonó la hora del turismo

Sonó la hora del turismo. Sonó la hora de los desalojos. Aquel dicho del director de Profepa hace un año, en el sentido de que los inversionistas extranjeros necesitan "señales" positivas de que tienen garantías en la selva Lacandona y Montes Azules, encuentra correlato ahora en la aparición del nuevo turismo selvático y los coincidentes anuncios oficiales de que al fin se "limpiará" la selva de "invasores".

Ahora la Procuarduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha interpuesto 12 demandas penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra campesinos que han invadido terrenos de la reserva Montes Azules. La subprocuradora de la Profepa, Diana Ponce Nava, viajó a Chiapas para reunirse con autoridades estatales y "realizar un diagnóstico". La funcionaria no descartó que se realicen desalojos de indígenas, aunque aclaró que estos "dependerán del curso que las autoridades judiciales den a las denuncias".

La funcionaria federal aseveró que "los líderes de estas invasiones utilizan a mujeres y niños como escudos para realizar estas acciones, con el objetivo de suavizar la acción de la justicia". Agregó que "para el gobierno federal el rescate de esta reserva es una prioridad, debido al impacto ambiental y social que causa su deterioro".

Pugnas por la cascada Misol-há

Simultáneamente a lo descrito, en Misol-há, tradicional enclave turístico de la selva, se ha generado un conflicto en torno a la célebre cascada de larga y blanca cabellera. Con la complicidad de los delegados gubernamentales en la región de Palenque, un grupo minoritario de ejidatarios, organizados en una cooperativa oficialista, tratan de despojar de sus derechos al grupo mayoritario, en San Miguel, municipio Salto de Agua.

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua-Palenque, denunció irregularidades en un proceso de negociación de la asociación cooperativa de la Cascada de Misol-há, contra un centenar de ejidatarios, que han sido excluidos de la asociación que administra el centro turístico de la cascada.

Los representantes de los ejidatarios de San Miguel, acudieron a la oficina de la Red de Defensores Comunitarios de esa región para exponer que el 11 de noviembre del año en curso se llevaron a cabo las primeras pláticas entre la sociedad cooperativa y los ejidatarios fundadores, en la ciudad de Palenque. Dicha reunión fue convocada por la delegada regional de la Secretaría de Gobierno, Elsa Orquidia Sosa Moscoso, "para iniciar un proceso de diálogo entre las partes".

Los 100 ejidatarios de San Miguel, excluidos, exigen que sean respetados sus derechos, de acuerdo con la carpeta básica del plano y la resolución presidencial, en la que se cual indica la dotación de la parcela donde está ubicada la cascada de Misol-há. Dicha resolución otorga derechos a 149 ejidatarios, pero en los hechos sólo se ha beneficiado a 50, que conforman la asociación cooperativa. "Estas personas ni siquiera iniciaron las primeras gestiones de la dotación de las tierras que hoy habitan", dicen los inconformes.

En aquel primer encuentro, Sosa propuso reuniones siguientes y fijó fechas; ninguna se ha cumplido. La última, que debió efectuarse el martes 10 anterior, la canceló ella misma porque se rumoraba que los campesinos "retendrían a los funcionarios en la casa ejidal de San Miguel".

Después envió un aviso formal a los ejidatarios, con número de oficio DSG/091202/0411, donde dice: "Por este conducto me permito comunicarles que la reunión programada con la Cooperativa Cascada de Misol-ha y el ejido San Miguel se cancela, ya que esta delegación de gobierno recibió un aviso verbal de que el día de mañana detendrían a todos los funcionarios que asistieran a dicha reunión; con base en ese rumor y por instrucciones superiores se pospone la citada reunión hasta nuevo aviso".

Los ejidatarios afirman que las "amenazas", completamente falsas, son rumores armados por los cooperativistas. Según los ejidatarios, la cooperativa se niega a restablecer los derechos de todos, para que se siga beneficiando solamente el medio centenar de ejidatarios de la cooperativa. "Estos obstáculos son puestos para evadir la restitución de los derechos, que conforme a la ley corresponden a los 149 ejidatarios de San Miguel", aseguran representantes