Por la salvación y revalorización del
campo
Señora directora: Agradecemos publicar esta
carta en El Correo Ilustrado del diario que usted atinadamente dirige.
H. Congreso de la Unión, H. Poder Ejecutivo Federal
y C. gobernador de Michoacán.
La Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren SCL, el Consejo
de Ancianos de la Meseta Purhépecha, la comunidad indígena
de Urapicho, municipio de Paracho, y la asociación Exprés
SC del estado de Michoacán, manifestamos nuestra total y absoluta
adhesión a las propuestas que presentan diversas organizaciones
y movimientos nacionales y regionales para la "salvación y revalorización
del campo mexicano"; propuestas publicadas en el diario nacional La
Jornada el pasado 12 de noviembre del año en curso. Expresamos
nuestra aceptación al freno a esa competencia que nos ha hecho ver
y sufrir la ruina del campo mexicano y el consecuente empobrecimiento de
quienes trabajamos la tierra. Exigimos, junto con las organizaciones convocantes,
"la suspensión provisional por tres años a partir del primero
de enero de 2003 de las obligaciones contraídas por nuestro país
en el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte.
Estamos completamente de acuerdo en la necesidad de reorientar
la política en el sector rural por medio de un programa emergente
2003 y un plan a largo plazo.
Para estar en verdaderas condiciones de competir con los
productos del exterior, coincidimos en la necesidad de incrementar el presupuesto
destinado al desarrollo productivo, social y ambiental en todos los aspectos
que bien mencionan los compañeros de las organizaciones nacionales,
ya que con las migajas que nos han dejado sólo podemos cubrir las
necesidades atrasadas y no satisfechas en su oportunidad. A la propuesta
de incrementar un presupuesto para atender el rezago agrario, nos permitimos
agregar el destino de un presupuesto adicional para resolver los problemas
de litigio entre las comunidades indígenas propiciados por los españoles
durante la Conquista y por funcionarios ineptos de la Reforma Agraria de
diversas administraciones.
Reiteramos la necesidad de simplificar las reglas de operación,
requisitos y trámites que permiten el acceso a los programas únicamente
para quienes tienen recursos y no para la mayoría de los campesinos.
Asimismo, coincidimos en la exigencia de impedir la entrada
de productos transgénicos y el impulso a las iniciativas de cultivar
los productos alimenticios sin tóxicos, que sólo han creado
dependencia hacia insumos de trasnacionales.
Por último, nos unimos al reclamo sobre el reconocimiento
a los derechos y cultura de los pueblos indios, plasmados en los Acuerdos
de San Andrés, ya que son también nuestros derechos, como
parte de los grupos étnicos que habitamos este país.
Ya es tiempo de unirnos y ya es tiempo de que escuchen
nuestra voz aquellos que sólo viven y gobiernan para los grandes
capitales nacionales y extranjeros.
Nos identificamos con los compañeros que firman
el desplegado y, junto con ellos, decimos: El campo no aguanta más.
Por la Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren, Julio
Bautista Paz, presidente. Por la Asociación Exprés SC, Fernando
Bojorquez Cataño. Por el Consejo de Ancianos, José Adrián
Benito Lucas, Rogio Cardoso Beltrán
Respuesta de la Profepa a carta de Greenpeace
Señora directora: Me
dirijo a usted en relación a la carta publicada el 12 de diciembre
en la página dos de El Correo Ilustrado de su prestigiado diario,
por medio de la cual Liza Covantes, miembro de Greenpeace México,
exige a la Profepa cumpla con la atención de la denuncia presentada
con motivo de la presencia de maíz contaminado con variedades transgénicas.
Al respecto, mucho le agradecería se sirva publicar
la presente. En efecto, el 11 de diciembre de 2001, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió una
denuncia, por medio de la cual el C. Alejandro Nadal Egea y representantes
de diversas organizaciones ambientalistas, se inconforman por la "contaminación
de maíz mexicano por maíz transgénico en comunidades
de los estados de Oaxaca y Puebla".
El 17 de diciembre del 2001, la Profepa emitió
el Acuerdo de Admisión de la denuncia en cuestión, hecho
que en su oportunidad se hizo del conocimiento de los denunciantes, al
igual que se ha hecho de su conocimiento la información que sobre
este caso ha sido del conocimiento de esta procuraduría.
Con la finalidad de iniciar la recopilación de
los elementos que le permitieran a la Profepa evaluar y dar atención
a la denuncia, en esa misma fecha se solicitó información
a la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem), a diferentes dependencias de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a las representaciones de esta
procuraduría en los estados de Oaxaca y Puebla, así como
a la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad
(Conabio) y al Instituto Nacional de Ecología.
Los informes parciales que remitieron en su oportunidad
los organismos y dependencias consultadas fueron hechos del conocimiento
de los denunciantes mediante el oficio DG/RN/0578/2002, emitido por la
Profepa el 6 de marzo del 2002. De igual manera, el 19 de marzo de este
mismo año, la C. María del Carmen Colín Olmos, representante
de los denunciantes, solicitó a esta procuraduría la expedición
de copias certificadas del expediente, las que fueron expedidas el primero
de abril de 2002.
Por lo que respecta a la solicitud de la C. Liza Covantes,
en el sentido de que esta procuraduría emita una resolución
jurídico-administrativa sobre el caso que nos ocupa, quisiera comentarle
que, a la fecha, la Profepa no cuenta con los elementos científicos
y legales suficientes para emitir dicha resolución, toda vez que
la Cibiogem comunicó recientemente que los estudios que se encuentran
realizando el Cinvestav del IPN y el Instituto de Ecología de la
UNAM, no se encuentran totalmente concluidos, por lo que no existe información
concluyente sobre este particular.
Finalmente, quisiera reiterar a ustedes y a la C. Liza
Covantes que esta procuraduría está y siempre ha estado abierta
para atender las solicitudes de información que sobre esta denuncia
y otras que han sido interpuestas ante esta institución sean presentadas
por la ciudadanía, al mismo tiempo que la tendremos informada de
los avances que sean reportados a esta procuraduría por parte de
las instancias científicas que están a cargo de los estudios
mencionados.
Edgar del Villar Alveláis, director general
de Quejas y Denuncias de la Profepa
La CFE hace cobros indebidos e incumple acuerdos, señala
Señora directora: La comunidad de Unión
Juárez del municipio de Sabanilla, Chiapas, cumplen ya cuatro meses
sin energía eléctrica.
Después de que miembros de dicha comunidad se presentaron
en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
pedir les fuera conectada la corriente eléctrica, se les informó
de un adeudo por consumo de energía. Se llegó al acuerdo
de liquidar dicho adeudo para reinstalar la corriente, pero ya han pasado
cuatro meses y en dichas oficinas sólo les dan excusas de porqué
el personal no se ha presentado a realizar los trabajos correspondientes.
Lo que no se les ha pasado es seguir haciendo llegar los
recibos de cobro, aun cuando la comunidad no tiene el servicio.
Mientras el estado de Chiapas es una de las principales
fuentes de generación de energía eléctrica para el
país, sus habitantes continúan, en su mayoría, sin
este servicio, ahora no sólo por falta de infraectructura, también
por negligencia del gobierno.
Mientras en el extranjero, Vicente Fox declara sobre la
paz en Chiapas, su gobierno continúa con la guerra de baja intensidad,
pues lo que reciben los indígenas son promesas incumplidas y cobros
indebidos, además de la presencia militar y el acoso de los paramilitares.
El "gobierno de cambio", pues, sólo es más
de lo mismo, por lo que además de la denuncia, hacemos un llamado
a la sociedad civil a defender los acuerdos de San Andrés y apoyar
a los pueblos indios en la construcción de su autonomía.
Comité de Apoyo. Darío Esteban Trujano
Alfaro