Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 14 de diciembre de 2002
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Correo Ilustrado
 
Por la salvación y revalorización del campo

Señora directora: Agradecemos publicar esta carta en El Correo Ilustrado del diario que usted atinadamente dirige.

H. Congreso de la Unión, H. Poder Ejecutivo Federal y C. gobernador de Michoacán.

La Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren SCL, el Consejo de Ancianos de la Meseta Purhépecha, la comunidad indígena de Urapicho, municipio de Paracho, y la asociación Exprés SC del estado de Michoacán, manifestamos nuestra total y absoluta adhesión a las propuestas que presentan diversas organizaciones y movimientos nacionales y regionales para la "salvación y revalorización del campo mexicano"; propuestas publicadas en el diario nacional La Jornada el pasado 12 de noviembre del año en curso. Expresamos nuestra aceptación al freno a esa competencia que nos ha hecho ver y sufrir la ruina del campo mexicano y el consecuente empobrecimiento de quienes trabajamos la tierra. Exigimos, junto con las organizaciones convocantes, "la suspensión provisional por tres años a partir del primero de enero de 2003 de las obligaciones contraídas por nuestro país en el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Estamos completamente de acuerdo en la necesidad de reorientar la política en el sector rural por medio de un programa emergente 2003 y un plan a largo plazo.

Para estar en verdaderas condiciones de competir con los productos del exterior, coincidimos en la necesidad de incrementar el presupuesto destinado al desarrollo productivo, social y ambiental en todos los aspectos que bien mencionan los compañeros de las organizaciones nacionales, ya que con las migajas que nos han dejado sólo podemos cubrir las necesidades atrasadas y no satisfechas en su oportunidad. A la propuesta de incrementar un presupuesto para atender el rezago agrario, nos permitimos agregar el destino de un presupuesto adicional para resolver los problemas de litigio entre las comunidades indígenas propiciados por los españoles durante la Conquista y por funcionarios ineptos de la Reforma Agraria de diversas administraciones.

Reiteramos la necesidad de simplificar las reglas de operación, requisitos y trámites que permiten el acceso a los programas únicamente para quienes tienen recursos y no para la mayoría de los campesinos.

Asimismo, coincidimos en la exigencia de impedir la entrada de productos transgénicos y el impulso a las iniciativas de cultivar los productos alimenticios sin tóxicos, que sólo han creado dependencia hacia insumos de trasnacionales.

Por último, nos unimos al reclamo sobre el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios, plasmados en los Acuerdos de San Andrés, ya que son también nuestros derechos, como parte de los grupos étnicos que habitamos este país.

Ya es tiempo de unirnos y ya es tiempo de que escuchen nuestra voz aquellos que sólo viven y gobiernan para los grandes capitales nacionales y extranjeros.

Nos identificamos con los compañeros que firman el desplegado y, junto con ellos, decimos: El campo no aguanta más.

Por la Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren, Julio Bautista Paz, presidente. Por la Asociación Exprés SC, Fernando Bojorquez Cataño. Por el Consejo de Ancianos, José Adrián Benito Lucas, Rogio Cardoso Beltrán


Respuesta de la Profepa a carta de Greenpeace

Señora directora: Me dirijo a usted en relación a la carta publicada el 12 de diciembre en la página dos de El Correo Ilustrado de su prestigiado diario, por medio de la cual Liza Covantes, miembro de Greenpeace México, exige a la Profepa cumpla con la atención de la denuncia presentada con motivo de la presencia de maíz contaminado con variedades transgénicas.

Al respecto, mucho le agradecería se sirva publicar la presente. En efecto, el 11 de diciembre de 2001, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió una denuncia, por medio de la cual el C. Alejandro Nadal Egea y representantes de diversas organizaciones ambientalistas, se inconforman por la "contaminación de maíz mexicano por maíz transgénico en comunidades de los estados de Oaxaca y Puebla".

El 17 de diciembre del 2001, la Profepa emitió el Acuerdo de Admisión de la denuncia en cuestión, hecho que en su oportunidad se hizo del conocimiento de los denunciantes, al igual que se ha hecho de su conocimiento la información que sobre este caso ha sido del conocimiento de esta procuraduría.

Con la finalidad de iniciar la recopilación de los elementos que le permitieran a la Profepa evaluar y dar atención a la denuncia, en esa misma fecha se solicitó información a la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), a diferentes dependencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a las representaciones de esta procuraduría en los estados de Oaxaca y Puebla, así como a la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) y al Instituto Nacional de Ecología.

Los informes parciales que remitieron en su oportunidad los organismos y dependencias consultadas fueron hechos del conocimiento de los denunciantes mediante el oficio DG/RN/0578/2002, emitido por la Profepa el 6 de marzo del 2002. De igual manera, el 19 de marzo de este mismo año, la C. María del Carmen Colín Olmos, representante de los denunciantes, solicitó a esta procuraduría la expedición de copias certificadas del expediente, las que fueron expedidas el primero de abril de 2002.

Por lo que respecta a la solicitud de la C. Liza Covantes, en el sentido de que esta procuraduría emita una resolución jurídico-administrativa sobre el caso que nos ocupa, quisiera comentarle que, a la fecha, la Profepa no cuenta con los elementos científicos y legales suficientes para emitir dicha resolución, toda vez que la Cibiogem comunicó recientemente que los estudios que se encuentran realizando el Cinvestav del IPN y el Instituto de Ecología de la UNAM, no se encuentran totalmente concluidos, por lo que no existe información concluyente sobre este particular.

Finalmente, quisiera reiterar a ustedes y a la C. Liza Covantes que esta procuraduría está y siempre ha estado abierta para atender las solicitudes de información que sobre esta denuncia y otras que han sido interpuestas ante esta institución sean presentadas por la ciudadanía, al mismo tiempo que la tendremos informada de los avances que sean reportados a esta procuraduría por parte de las instancias científicas que están a cargo de los estudios mencionados.

Edgar del Villar Alveláis, director general de Quejas y Denuncias de la Profepa


La CFE hace cobros indebidos e incumple acuerdos, señala

Señora directora: La comunidad de Unión Juárez del municipio de Sabanilla, Chiapas, cumplen ya cuatro meses sin energía eléctrica.

Después de que miembros de dicha comunidad se presentaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para pedir les fuera conectada la corriente eléctrica, se les informó de un adeudo por consumo de energía. Se llegó al acuerdo de liquidar dicho adeudo para reinstalar la corriente, pero ya han pasado cuatro meses y en dichas oficinas sólo les dan excusas de porqué el personal no se ha presentado a realizar los trabajos correspondientes.

Lo que no se les ha pasado es seguir haciendo llegar los recibos de cobro, aun cuando la comunidad no tiene el servicio.

Mientras el estado de Chiapas es una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica para el país, sus habitantes continúan, en su mayoría, sin este servicio, ahora no sólo por falta de infraectructura, también por negligencia del gobierno.

Mientras en el extranjero, Vicente Fox declara sobre la paz en Chiapas, su gobierno continúa con la guerra de baja intensidad, pues lo que reciben los indígenas son promesas incumplidas y cobros indebidos, además de la presencia militar y el acoso de los paramilitares.

El "gobierno de cambio", pues, sólo es más de lo mismo, por lo que además de la denuncia, hacemos un llamado a la sociedad civil a defender los acuerdos de San Andrés y apoyar a los pueblos indios en la construcción de su autonomía.

Comité de Apoyo. Darío Esteban Trujano Alfaro
 

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