Múltiples denuncias de ONG en varios estados

Persisten detención ilegal, tortura y desapariciones

DE LOS CORRESPONSALES

Al cumplirse el 54 aniversario de la promulgación de la Carta Universal de los Derechos Humanos, organismos defensores destacaron que las desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones ilegales son "aberrantes prácticas que persisten del gobierno contra los ciudadanos".

Durante un foro en Acapulco, la Red Guerrerense de Derechos Humanos aseveró que durante el mandato de René Juárez en Guerrero se ha confirmado la desaparición de ocho personas, en la que están involucrados comandantes de la Policía Judicial y autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado.

Abel Barrera, representante de la red, dijo que "el tema de los derechos humanos sigue siendo una estrategia mediática del nuevo gobierno federal, que no quiere entrar a la discusión seria de una agenda ciudadana en la materia".

En presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de "presos de conciencia" recluidos en el país, Barrera destacó cómo desde la Procuraduría de Justicia del estado "se gesta esta red de complicidades y se fortalece el crimen organizado". En este punto, pidió incluir en la agenda nacional la situación de los penales.

La deshumanización y la sistemática violación de los derechos humanos de los "presos políticos y de conciencia" fue la denuncia que realizaron familiares de los reclusos en el foro jurídico que realizó la red guerrerense.

En tanto, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en México señaló que después de Guerrero, la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, es la que tiene el mayor índice de desaparecidos por diversas causas. Hay reportes de al menos 13 activistas políticos en la década de los 70 y más de 200 personas que presuntamente fueron levantadas por narcotraficantes.

En ese sentido, el presidente del organismo, Ernesto Ontiveros Godínez, demandó que se investigue con seriedad la desaparición de 250 personas en Ciudad Juárez en los últimos 10 años, entre ellos tres tenientes del Ejército Mexicano, dos capitanes de la Policía Municipal y 28 ciudadanos estadunidenses.

Ontiveros Godínez expresó que su hijo, el teniente Víctor Hugo Ontiveros Gómez, "fue secuestrado el 2 de septiembre de 1996 cuando se desempeñaba como instructor de tiro de la Academia de la Policía Judicial del estado", y exigió su presentación con vida, al igual que la de los tenientes Abraham Elías Cortez Gómez, desaparecido en circunstancias similares en 1996, "mientras que en 1993 no se volvió a saber nada de Orlando Muñoz, con el mismo grado militar".

Migrantes, grupo vulnerable en Coahuila

Un informe del Centro Diocesano de Derechos Humanos destacó que en Coahuila uno de los grupos más vulnerables a la violación de sus garantías individuales son los migrantes centroamericanos y mexicanos, víctimas de robos de documentos, agresiones físicas, secuestros, tortura, persecuciones, desaparición e incluso la muerte.

El organismo, adscrito a la diócesis de Saltillo, condenó las prácticas xenofóbicas, exigió el cese de las acciones indignas y vergonzantes para la condición humana, así como la investigación y aplicación de la ley a autores de esos delitos.

El informe, presentado por el obispo Raúl Vera López y varias ONG, enumera agresiones de guardias privados de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana contra migrantes, entre ellos dos adolescentes hondureños a quienes dieron muerte el 25 de mayo de 2002, y a otro menor de esa nacionalidad, a quien una persecución ocurrida el 29 de junio le costó la amputación de una pierna. También refirieron la detención el 12 de octubre, y su posterior desaparición, del quintanarroense Benito Lara Rivas.

En tanto, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, Gabriela Loredo, señaló que a la fecha se han emitido 56 recomendaciones contra autoridades que violentaron las garantías de habitantes de esta entidad y que las irregularidades más graves se detectaron en casi todas las cárceles estatales, donde incluso hubo hechos de tortura.

El abogado Miguel Angel de los Santos, defensor de los presos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, afirmó a su vez que en Chiapas no es prioridad ni existe una política en derechos humanos, ya que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía continúa un patrón de atropellos e impunidad semejantes a los que ejercieron los priístas Roberto Albores Guillén y Julio César Ruiz Ferro.