Las irrupciones violentas ocurridas ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, protagonizadas presuntamente por integrantes de El Barzón y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), si bien son actos por demás deplorables, constituyen sendos focos rojos sobre la gravedad de la crisis en la que están sumidos vastos grupos sociales del país.

Ha de señalarse que vulnerar el recinto parlamentario es, bajo cualquier óptica, un recurso inaceptable que perturba la institucionalidad del país y no contribuye a la resolución de los problemas ni a la atención de las demandas de los individuos que incurrieron en tales acciones. Empero, no debe olvidarse que la desesperación y el desencanto que agobian a esas personas tienen su origen en circunstancias que no son ajenas a buena parte de la clase política representada en el Congreso de la Unión. En cierta medida, la irritación de los manifestantes que ayer invadieron violentamente la sede de la Cámara de Diputados se explica en la percepción de que el Legislativo no ha tenido la capacidad o la disposición para colocarse a la altura de la crisis social que vive el país y para dictar resoluciones orientadas a enfrentarla de manera justa, solidaria e incluyente.

En el caso de El Barzón, la debacle que agobia al campo desde hace décadas, que será rematada el próximo año con la eliminación de aranceles a la mayoría de los productos agropecuarios dispuesta en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha exasperado a los campesinos y los pequeños productores que no han visto sino la acelerada destrucción de su fuente de ingresos y de su modo de vida. En lo tocante a la CNTE, la insuficiencia de los recursos públicos destinados a la educación --que se traduce en bajos salarios y falta de infraestructura docente-- y los conflictos internos del magisterio, en los que han tenido participación caciques, líderes charros y figuras partidistas, han operado como caldo de cultivo para la irrita-ción y los desplantes irracionales.

Ciertamente, tales circunstancias no justifican los actos violentos --de suyo injustificables-- acontecidos ayer en San Lázaro, pero sí explican el clima de tensión y desasosiego que motivó tales irrupciones. En este sentido, es claro que el modelo económico vigente desde hace cuatro sexenios y la desarticulación social y política que experimenta el país son las causas no sólo de los reprobables actos come- tidos ayer, sino del contexto general de desesperanza y enojo que se percibe a todo lo largo de México. La violencia desatada en San Lázaro debería ser entendida como una llamada de alerta para que los grupos políticos, en lugar de reprocharse mutuamente sus actos y omisiones, emprendan una profunda reforma del sistema económico a fin de prevenir mayores desgarramientos sociales y atender, de una buena vez, los reclamos de una sociedad que se siente desamparada por quienes, por mandato democrático, jurídico y moral, están obligados a servirla.