Resaltan senadores asignaturas pendientes

En el Senado de la República se conmemoró el 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las fracciones políticas representadas destacaron que pese a los avances hay asuntos pendientes, ya que indígenas, mujeres, niños, niñas y minusválidos siguen padeciendo la afectación de sus derechos, por lo que demandaron el fortalecimiento de acciones y programas para que en el país priven la igualdad y el respeto a las garantías constitucionales.

El priísta Mariano González Sarur puntualizó que aún persiste la negación y violación de derechos humanos a los grupos vulnerables, los pueblos indígenas, los migrantes y las mujeres. "Todos ellos demandan la plena protección de sus derechos fundamentales. No obstante los avances, el camino aún es largo. Debemos pugnar por erradicar los factores de desigualdad, pobreza y discriminación, así como los abusos cometidos por autoridades y servidores públicos", señaló.

A su vez, la panista Micaela Aguilar González manifestó que en México la política en materia de derechos humanos es una de las áreas en las que se ha manifestado "de manera más contundente un cambio", y esto se debe, subrayó, a que desde sus principios Acción Nacional ha defendido la necesaria consonancia que debe existir entre la cultura y tradiciones de la nación.

Resaltó que el Ejecutivo ha aplicado una serie de acciones que ya dan sus primeros frutos: la Secretaría de Gobernación asumió la coordinación y ejecución de la política interior de derechos humanos y la cancillería la conducción de la política exterior en la materia "para construir una política de Estado congruente".

En tanto, la senadora perredista Leticia Burgos Ochoa destacó que en México la agenda de los derechos humanos aún no está integrada, es todavía materia pendiente, como la ratificación del Estatuto de Roma.

Además, dijo, se debe revertir "el proceso de incorporación de militares en el ámbito civil, impulsar el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y asegurar el ejercicio de los económicos, sociales y culturales, además de garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos.

La priísta Dulce María Sauri presentó un punto de acuerdo por medio del cual solicitan al procurador general de la República "que ejerza su facultad de atracción para la investigación y en todo caso el ejercicio de la acción penal contra quien o quienes resulten responsables por los homicidios de mujeres cometidos en Ciudad Juárez desde 1993".

En el punto de acuerdo se establece que en las investigaciones se resalta un hecho "por demás negativo para la sociedad, porque existe la presunción de que los crímenes están relacionados con trata de mujeres, tráfico ilegal de personas, narcotráfico y otras formas del crimen organizado".

En los considerandos de la propuesta se solicita que se cumpla la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se atiendan las observaciones de Dato'Param Cumaraswamy, relator de la ONU, en las que establece que resulta evidente que no se investigaron de forma eficaz los hechos.