Señora directora: En relación con el comentario de la señora Silvia Aguilera, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recogido ayer por La Jornada, en la página 20, respecto al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informo a la autora:

La CNDH da alta prioridad a las denuncias por presuntas violaciones a garantías fundamentales cometidas por elementos de las fuerzas armadas. Cito al respecto algunas de las recomendaciones que ha emitido en los dos años anteriores:

La número 8/2000 del 14 de julio, por el caso de los campesinos Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.

La 19/2000 del 20 de septiembre, por la retención ilegal del señor Carlos Montes Villaseñor en que incurrieron elementos del Ejército Mexicano, el 13 de noviembre de 1998.

La 20/2000 del 29 de septiembre, por los hechos del 7 de junio de 1998 en el poblado de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el que perdieron la vida 11 civiles y cinco más resultaron heridos.

La 17/2001, del 31 de julio, por el homicidio de dos adultos y un menor.

La 26/2001, del 27 de noviembre de 2001, dirigida -por primera vez en los 11 años de existencia de la CNDH- al Presidente de la República con motivo de las investigaciones por 532 casos de desaparición forzada de personas reportados ante este organismo nacional.

En éstos y en los demás casos en que interviene, la CNDH se rige por su ley y por su reglamento interno para cumplir con las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas, así como para garantizar la confidencialidad de los asuntos que trata y la identidad de los quejosos. Bajo este criterio, la CNDH dirige sus recomendaciones a las autoridades que violan las garantías fundamentales de los ciudadanos, tal y como establece la ley.

Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH

Señora directora: Reconociendo el valor social de El Correo Ilustrado, le enviamos una felicitación, y considerando la importancia de que la opinión pública se entere de uno más de los abusos del sistema bancario, por lo que mucho agradeceremos se publique esta carta por medio de la cual hacemos de su conocimiento lo siguiente: En Atizapán de Zaragoza, concretamente en el conjunto urbano Hacienda del Pedregal, donde quienes adquirimos una vivienda por medio de Bancrecer por un costo de 130 mil pesos, fuimos sorprendidos por la forma en que se estableció el contrato de venta. Por ejemplo, la venta se hizo en pesos y el cobro de intereses en Udis, utilizando fórmulas en los pagos que daban como resultado una deuda impagable, la única forma de concluir consistía en pagar 30 años, al término de los cuales se congelaría el adeudo, esta conclusión resultó del análisis de un asesor financiero del Instituto Federal de Defensoría Pública, el día 6 de marzo del 2002.

El problema se agravó cuando después de la venta de Bancrecer aparecen varias empresas que se dijeron dueños, todas ellas empresas extranjeras: First City, Hábitat, Resolución Novo, etcétera. Actualmente las mil 772 viviendas están en situación incierta, ante lo cual, la Fundación de Abogados Egresados de la ETAC AC, quienes nos han venido representando ante las demandas de que hemos sido objeto por parte de Resolución Novo, quien pretende cobrarnos en los mismos términos de Bancrecer. Aun y cuando es sabido que el IPAB licitó nuestros créditos a empresas extranjeras, pagando por ellos 28% aproximadamente de su costo, mismos que fueron adquiridos, entre otros, por Resolución Novo http://español.yahoo.com/noticia/010306/negocios/notimex/mex-subasta-bancrecer-98392...14/02/2002 del IPAB), es decir, pagarnos 35 mil pesos aproximadamente. Y quieren cobrarnos cerca de 300 mil pesos. Además, es importante comentar que los jueces de los juzgados 12 y 43 se han puesto en favor de Resolución Novo y en contra de las más de 15 mil familias.

Ante la incertidumbre de perder nuestras viviendas, pensamos que es grave la problemática emocional que altera la convivencia familiar y vecinal, y que provoca un grave deterioro físico y moral. ¿Hasta cuándo terminará la actitud tolerante del pueblo? Y lo que es peor, ¿hasta cuándo las malas autoridades como las de los juzgados citados dejarán de entregar nuestra dignidad, soberanía y voluntad a los saqueadores extranjeros. ¿Cuántos conjuntos urbanos más estarán en las mismas situación?
 

Colonos del conjunto urbano Hacienda del Pedregal, Atizapán de Zaragoza, estado de México, Juan Torrijos Velázquez, presidente de la Asociación de Colonos

Señora directora: Respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle publique, en el acreditado diario que dirige, la aclaración que estimo necesario sea conocida por sus lectores y por la opinión pública en general a la carta enviada a la sección El Correo Ilustrado firmada por Mario Saldaña Nolasco, y que apareció en La Jornada en su edición correspondiente al primero de diciembre del 2002.

En primer término, debo señalar que Mario Saldaña fue durante su trayectoria como estudiante, un activo porro, presidió dos organizaciones porriles: IDET y FENET. Probablemente la comunidad politécnica no lo recuerde por su nombre, pero en su etapa estudiantil fue conocida por el alias de El Chochos.

Considero que es importante y pertinente aclarar si el llamado Consejo de la Unidad Politécnica, a la que hace referencia El Chochos en su alegato, agrupa entre sus miembros a este personaje, quien se ostenta como agente judicial y se ufana de estar bajo las órdenes directas del procurador genera de Justicia del Distrito Federal.

Este singular personaje representa parte del conjunto de voces disidentes sin ninguna autoridad moral, que hacen llamados en nombre de organizaciones de dudosa existencia, como es el Consejo de la Unidad Politécnica, denostando a los miembros y autoridades politécnicas.

Le informamos que en la actudalidad este personaje no pertenece ni está inscrito en alguna escuela del IPN.

Ingeniero José David Vega Becera, director del CECyT No. 5, Benito Juárez

Señora directora: El pasado 22 de noviembre tuve una amarga experiencia en la tienda Costco de San Antonio y Periférico, que pudo evitarse si hubiera imperado el criterio por parte de la gerente de mercadotecnia; sin embargo, su tozudez y amenazas me hicieron perder tiempo y pasar un mal momento.

Al momento de pagar el servicio de revelado de tres rollos de fotografías que una hora antes había entregado, me indicaron que la membresía estaba vencida, por lo tanto no podían hacer el cobro, hasta en tanto pagara la renovación de 350 pesos.

Al no poder cubrir esa condicionante, el empleado llamó a la gerente de mercadotecnia, llamada Laura, quien de manera poco profesional impidió pagar sólo el trabajo de revelado, al grado de que llamó a personal de seguridad, como si yo fuera un delincuente, para que no me llevara los rollos.

En ningún momento perdí la ecuanimidad por la reiterada provocación de la gerente. Otra socia intercedió para que con su tarjeta se cubriera el pago, pero la gerente la amenazó con cancelarle su tarjeta. Al final, después de una hora perdida, imperó la cordura del personal de seguridad y me entregó mi material sin revelar; la gerente enojada ordenó destruir las fotografías, sin permitir otra opción.

Si desde la entrada a la tienda impidieran el acceso por vencimiento de la membresía, seguramente se evitarían situaciones incómodas.

Yo prevengo a los socios que acuden a esta tienda para no caer en manos de esta clase de empleados, que de manera prepotente pueden afectar nuestra integridad.

Guadalupe Campos M.