Exigen a legisladores asignar al IMSS recursos para abastecer fármacos

Demandan ONG incluir en el seguro popular a los portadores del VIH

ANGELES CRUZ Y ANDRES T. MORALES REPORTERA Y CORRESPONSAL

Boca del Rio, Ver., 6 de diciembre. El seguro popular de salud excluye de sus beneficios a los enfermos graves, incluídos quienes viven con VIH/sida, lo que viola los derechos de los pacientes, porque desaparece la solidaridad social y sus beneficios se condicionan a la existencia de recursos económicos, denunciaron las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el Congreso Nacional sobre Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

Exigieron que los legisladores escuchen su punto de vista y asignen al IMSS el dinero que asegure el abasto de medicamentos. Advirtieron que tomarán las calles si no se promueven los canales de diálogo y respuestas claras.

El tema del seguro popular y la disminución de los recursos económicos del IMSS que plantea el proyecto de Presupuesto 2003 resurgió hoy en esta ciudad, luego de que circuló la versión -no confirmada- de que los senadores aprobarían la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en la que se considera la restructuración financiera del sector y la legitimación del seguro popular.

Al respecto, la directora general del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida, Patricia Uribe, admitió que el proyecto del seguro popular no ha sido difundido claramente, y coincidió en la necesidad de cuidar que no perjudique a los pacientes.

Unas horas antes de la clausura del congreso, Arturo Díaz, en representación de las ONG, exigió al Estado cumpla su obligación de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, y denunció que las negociaciones en el Senado han estado cerradas a la sociedad civil.

El reclamo de los activistas y los enfermos se basa en los comentarios hechos por el abogado Pedro Morales, en el segundo foro comunitario de ONG, quien destacó que la propuesta de reforma a la ley establece la protección de la salud como derecho social, lo cual significa -dijo- que es de cumplimiento progresivo y su aplicación dependerá de los recursos económicos existentes.

De acuerdo con Morales, asesor de la organización Mexsida, al trasladarse a los gobiernos estatales la obligación de satisfacer las necesidades de salud de las personas, el Estado se deslinda de su responsabilidad, y de ocurrir algún incumplimiento, no procederían demandas legales en su contra.

Señaló que la propuesta del seguro popular está acotada a dar a los enfermos los servicios "esenciales" y existe el riesgo de que se excluyan tratamientos y fármacos por razones de costo o de aceptación social, sin importar su mayor eficacia terapéutica.

También resaltó a las ONG que la propuesta de reforma financiera del gobierno federal propone el establecimiento de cuotas reguladoras o pagos adicionales a los afiliados al seguro popular para la obtención de algunos servicios de especialidad y/o para el suministro de ciertos medicamentos, lo cual "viola el principio de solidaridad social. Dicho pago no toma en cuenta la capacidad económica, sino el tipo de enfermedad, el uso o especialidad de los servicios", subrayó.

Conocimiento y compromiso para la acción

El octavo Congreso Nacional sobre Sida e ITS concluyó esta noche luego de tres días de actividad, con el compromiso del gobierno federal de seguir apoyando estos esfuerzos para abatir al VIH/sida, así como retomar las propuestas de ONG y enfermos en el programa nacional de sida.

Patricia Uribe refrendó que para vencer a la epidemia se requieren mecanismos de diálogo y respeto por parte de todos los actores involucrados. Las ONG y personas que viven con VIH/sida resaltaron que las declaraciones no bastan y que el trabajo realizado con claridad y transparencia, es lo que da resultados. Reconocieron la disposición gubernamental para avanzar en ese sentido.

También señalaron la necesidad de fortalecer y dar más oportunidades de participación a las agrupaciones de los estados de la República, a las universidades, así como a las personas infectadas. Hoy mismo convocaron a realizar el tercer foro comunitario y confiaron en que la conjunción de esfuerzos permitirá vencer a la epidemia, que en México ha afectado desde 1983 a 57 mil 640 personas, de las cuales 22 mil 150 aún viven.