Carlos Marichal
Reforma fiscal: reto a futuro
Este año, el gobierno federal no se ha atrevido a proponer un proyecto de reforma fiscal ambicioso a la Legislatura. Hay dos razones que lo explican. En primer término, persiste el miedo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de provocar una nueva derrota en el Congreso, como la que sufrió a finales de 2001. En segundo lugar, es claro que aún no se ha logrado formular un consenso general entre gobierno, partidos políticos y contribuyentes acerca de la naturaleza de la futura reforma fiscal.
Que México requiere una extensa y profunda reforma impositiva es manifiesto. Los ingresos tributarios de la administración pública -calculados como porcentaje del producto interno bruto (PIB)- son los más bajos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) e inferiores en comparación con la mayoría de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, elevar la recaudación no constituye simplemente un reto técnico sino fundamentalmente un gran desafío político. Para lograr el éxito en este terreno se requiere no sólo aplicar medidas coactivas y administrativas efectivas, sino convencer al universo de contribuyentes que el pago de los impuestos es una responsabilidad que trae consigo una serie de beneficios fundamentales para el sostén y desarrollo de cada familia y de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, existe un gran escepticismo acerca de cualquier propuesta de reforma fiscal. ƑPor qué? La respuesta es de todos conocida. Durante decenios en México se ha tergiversado lo que debe ser el verdadero sentido de la fiscalidad en una sociedad democrática. Desde 1930 hasta fechas recientes, el Partido Revolucionario Institucional utilizó el pago o la exención de los impuestos como premio o castigo para diferentes sectores de la población. Se negociaban los tributos con diversos grupos a cambio de votos y apoyos políticos puntuales, fuese con ejidatarios, transportistas, empresarios o rentistas. Por ello, la introducción del impuesto sobre la renta no fue existosa y, aún hoy, sigue recabándose esencialmente de un limitado universo de contribuyentes cautivos por estar en nóminas públicas o privadas. El contraste es notorio con Estados Unidos, donde todo el mundo tiene que pagar, en particular los más ricos: en el país vecino, el 1 por ciento de la población más rica paga cerca de 20 por ciento del total de lo recaudado en concepto de impuesto de la renta, mientras que en México, los más acaudalados, en general, evaden.
Como señalábamos, este año no pueden esperarse avances significativos en materia impositiva; lo que se observa en el hecho de que el gobierno se ha limitado meramente a proponer algunos parches. Es evidente, por tanto, que falta elaborar y desarrollar un proyecto de reforma fiscal integral como aquel formulado recientemente por el grupo de expertos multipartidarios convocado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ramón de la Fuente. Debe agregarse, en este sentido, que un miembro destacado de dicha comisión, Francisco Suárez Dávila, ha descrito el sentido de esta convocatoria y propuesta como una especie de pacto de la Moncloa a la mexicana. No se equivoca. Sin reforma fiscal no habrá verdadera democracia en México porque no existirá la esperanza de poder construir un Estado que garantice el bienestar social y también la transparencia y la honestidad en el manejo de los asuntos públicos. Si los que ganan más no pagan impuestos, no hay motivo para pensar que nadie confíe en el gobierno.
En efecto, pensar la reforma fiscal del futuro atañe directamente a la refundación de las bases sociales y económicas de la República. Ello va mucho más allá del maquillaje político o de un intento por hacer que las cuentas del presupuesto cuadren. Tras seis décadas de un régimen populista, autoritario y corrupto, el número de retos que enfrenta el Estado para democratizarse o modernizarse son enormes. Quizá el mayor desafío para el año 2003 sea el de elaborar un consenso político amplio que permita ofrecer a la sociedad los acuerdos programáticos requeridos para avanzar hacia la democracia plena anhelada. Y, para ello, nada más importante que discutir y tomar conciencia de la importancia de los gastos y los ingresos públicos. Estos ya no pueden ser temas a negociar debajo de la mesa. En efecto, hay que ponerlos sobre la mesa desde principios del año a partir de la propuesta que se ha hecho en las reuniones en la UNAM de convocar a una convención fiscal a escala nacional.
