Miguel Concha
Iniciativa ciudadana
No obstante que todavía no existe en nuestra Constitución la figura jurídica de participación democrática directa, conocida con el nombre de iniciativa popular, a pesar de que así ha sido demandado desde hace por lo menos 12 años por amplios sectores de la ciudadanía, el pasado miércoles más de 103 organizaciones civiles y sociales, y cerca de 100 ciudadanos y ciudadanas, entregaron en el Senado de la República una importante propuesta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
El hecho puede resultar en efecto trascendente para la vida democrática del país, pues con ello se pretende construir un sujeto social amplio, y una corriente de opinión significativa, como la que en su momento se construyó alrededor del tema de las elecciones limpias. Sobre la base legítima de que el espacio aéreo es propiedad de la nación, y que las actividades de radio y televisión son también de interés público, y deben por tanto atender al beneficio social de todos y no únicamente al interés económico de unos cuantos, la iniciativa recoge con fidelidad los planteamientos de la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos, que con la participación de los distintos partidos, el Poder Ejecutivo, los propios concesionarios, el sector académico y grupos de la sociedad civil, sesionó durante 19 meses en la Secretaría de Gobernación, abortó el 10 de octubre pasado con el malhadado reglamento del Ejecutivo sobre la materia, y el no menos afortunado decreto que derogó la obligación de los concesionarios de destinar 12.5 por ciento de sus tiempos de transmisión al Estado, como parte del pago de sus impuestos.
Por ello, el corazón de esta nueva propuesta es la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por siete consejeros, nombrados por el Senado, como órgano regulador encargado de la aplicación de la ley, con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, con el fin de darles a los concesionarios seguridad jurídica, al Ejecutivo independencia efectiva, y a los ciudadanos certeza, transparencia e imparcialidad en el cumplimiento de la ley, y en el otorgamiento de concesiones y permisos.
Otros de los elementos centrales de la iniciativa son el reconocimiento del derecho de réplica, como derecho humano inalienable, frente a la radio y la televisión, garantizando de manera efectiva su ejercicio, y precisando para ello los mecanismos y condiciones legales para su acceso, así como las facultades para que el consejo nacional, como autoridad independiente e imparcial, conozca en su caso de las quejas de los ciudadanos, realice las labores de arbitraje correspondientes y determine las sanciones conducentes; así como el reconocimiento absoluto de los derechos sociales a buscar, comunicar y recibir información de interés público, y a la libertad de expresión, sin más limitación que los derechos de terceros, reconocidos en las leyes vigentes, y sin ser objeto de inquisiciones judiciales o administrativas.
La nueva iniciativa popular garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la facultad de adquirir, operar y administrar medios de comunicación, como había sido también demandado desde 1996, en los acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, otorgando para ello facilidades legales y garantizándoles a través del consejo el respeto de sus tradiciones y costumbres.
Aunque no se propone volver al 12.5 por ciento de los tiempos oficiales, sí se incrementan en forma moderada los tiempos concedidos al Estado (de 30 a 60 minutos diarios), y sobre todo se amplía de manera democrática su utilización, no sólo por parte del Ejecutivo federal, sino también por parte de los poderes Legislativo y Judicial, así como por los órganos autónomos del Estado, las entidades federativas y las organizaciones sociales y civiles. La transparencia en el otorgamiento y refrendo de concesiones, por medio de un título en el que se establecen de forma abierta las bases para las licitaciones y los requisitos que deben cubrir los interesados, así como el procedimiento, plazos y criterios que deben seguirse para su otorgamiento por un periodo no mayor de 12 años, así como la definición de una figura jurídica para los medios del Estado y su regulación a través de consejos de administración y programación, con participación de consejeros representativos de la sociedad, son otros de los elementos importantes de la nueva iniciativa. Confiamos en que, como se prometió, los senadores pronto dictaminen esta iniciativa para que sea efectivamente aprobada en los primeros meses del año próximo.
