Alma Rosa Alva de la Selva
Reforma legal de la radio y la tv
Hoy se dibujan líneas nuevas para una vieja historia. Una historia añeja y peculiar, aparentemente irreversible, con los actores previstos y la trama esperada, pero a cuyo escenario habrán de agregarse a partir de ahora elementos antes ausentes a los que no se había dado un papel por desempeñar en la obra, aunque su importancia en ella fuese central.
Hoy la sociedad escribe esas nuevas líneas para la trayectoria de la relación Estado-medios, al entregar al Congreso un proyecto de iniciativa para una nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Con ello, la sociedad deja de ser "invitado permanente" para recobrar su papel de actor.
ƑQué busca la iniciativa ciudadana? Se busca y se quiere una legislación en la que efectivamente no haya tratos discrecionales, acuerdos secretos ni puertas cerradas. Una ley que haga ejercible el derecho de réplica. Una ley que recupere a los medios del Estado de su uso de voceros oficiales para convertirlos en medios de servicio público. Una ley que dejando clara su función, reconozca jurídicamente a los medios ciudadanos y comunitarios y les permita desarrollarse. Una ley que haga posible el acceso ciudadano a los medios, públicos y privados. Una ley que ofrezca certeza jurídica y transparencia en el proceso de otorgamiento de concesiones a los industriales de la radio y la televisión, pero que también les pida cuentas del uso que hacen de un recurso de la nación. Se busca y se requiere, pues, un marco legal distinto para la radio y la televisión del país.
Elaborado por los grupos de participación ciudadana -aquel conjunto de organizaciones que estuvieron representadas en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos, y cuya participación tuvo como respuesta, el 10 de octubre pasado, el ya llamado "decretazo" y el desventajoso reglamento a la ley-, el proyecto de iniciativa que fue entregado al Congreso no es un trabajo improvisado ni hecho al vapor, pues recupera propuestas diversas formuladas en momentos y foros diferentes por profesionales de los medios, investigadores y analistas interesados en un cambio auténtico en el ámbito de los medios electrónicos.
El proyecto es resultante de una larga discusión realizada por la sociedad en las pasadas tres décadas, a lo largo de las cuales se ha seguido un trabajo de análisis cada vez más documentado. Pero también es producto del intercambio de opiniones y análisis de grupos sociales organizados del ámbito de la comunicación que, aunque resulte difícil de entender para ciertos intereses, tienen la capacidad de formular planteamientos fundamentados, por cuenta propia y a partir de una diversidad de experiencias.
Ello a pesar de los embates y suspicacias de quienes ven en toda acción ciudadana una tutela inconfesable, suponiendo así que la ciudadanía continúa, como en otros tiempos, inmadura para el cambio.
Sin embargo, en el tema de los medios, tan caro para los diferentes grupos de poder, justamente tuvo que ser la ciudadanía, con sus aprendizajes y también con sus aciertos, la que, luego del golpe bajo del 10 de octubre, empujó de nuevo a la discusión del espinoso asunto.
Lejos de hacer uso de retórica jurídica o ambigüedades conceptuales cuya función es dejar las cosas como están, en el proyecto se recuperan propuestas presentadas reiteradamente, que se integran a las que hoy se necesitan para contar con una radio y televisión a la altura de los desafíos que está planteando el país, y que van desde el derecho a la información hasta el acceso ciudadano a los medios. De ahí la pertinencia del proyecto; de ahí su legitimidad.
Entre sus muchos aspectos, el proyecto profundiza en la función social a cumplir por los medios electrónicos de cara a sus compromisos con la nación; propone todo un apartado para los medios públicos (marginados por la ley vigente, que data de 1960), de acuerdo con su naturaleza y propósito; contempla formas de participación social y acceso público compatibles con las realidades de los medios del país y se plantea aprovechar y estimular la producción nacional en la materia, así como la producción independiente.
El proyecto mencionado viene a ser la respuesta de un sector de la sociedad que ha registrado como indispensable para la búsqueda de un país en el que la democracia sea posible, un orden en el campo de la comunicación social, en el cual pueda escucharse en micrófonos y pantallas una voz hasta ahora ausente, la voz ciudadana, ésa que ahora no se escucha en los espacios mediáticos, de no ser para los programas de complacencias, o para sumarse a las llamadas telefónicas acrecentadoras de ganancias, señuelo de efímeras gratificaciones. Se busca otra presencia ciudadana, que encuentre en los grandes medios espacios de expresión, al mismo tiempo que entretenimiento de calidad e información confiable. Ello es posible: parte del camino para lograrlo está en la modificación a fondo de la ley.
La propuesta no parte de paradigmas ideales ni de construcciones utópicas, sino de un certero diagnóstico de las condiciones estructurales del sector de los medios electrónicos en México y de su funcionamiento. Es mucho lo que hay por hacer para contar con una radio y televisión a la altura de las necesidades del país. El proyecto mencionado ofrece algunas de las muchas rutas para lograrlo.
Hoy, con el proyecto de iniciativa de ley ciudadana se escriben líneas nuevas para una historia vieja que, como muchas otras historias, pudiera rescribirse. Es un ámbito minado de fuertes intereses económicos y políticos, blindado al cambio, de múltiples resistencias ante un país en el que la transformación quiere abrirse paso. Sin embargo, es claro que en este tema se juega una parte medular del proceso de búsqueda hacia la democracia y de reforma del Estado. Tal es su trascendencia y alcance.
Hoy, las propuestas ciudadanas se entregan a los legisladores, en cuyas manos está preservar la legitimidad del proceso de participación de la sociedad en este tema. Queda en manos del Congreso la responsabilidad de añadir capítulos nuevos a esa historia que no quiere más ser la de siempre.