Algunas plazas se ocupan al otro día, denuncian empleados

Destinó INEGI $290 millones a liquidaciones en un año

Afronta más de 2 mil demandas por no pagar derechos al ISSSTE; muchos trabajadores no han podido jubilarse

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) destinó en el último año más de 290 millones de pesos a la liquidación de trabajadores, cuyas plazas ocupa con nuevas contrataciones; tiene casi 20 mil empleados eventuales desde hace más de 10 años y acumula más de 2 mil 300 demandas laborales en litigio, ya que no pagaba al ISSSTE los derechos obligatorios, por lo que los empleados perdieron su antigüedad y no pueden jubilarse.

En contraparte, desde la llegada del nuevo director, Gilberto Calvillo Vives, se incrementaron en forma sustancial los salarios a los mandos de dirección, incluso las remuneraciones del director jurídico y del oficial mayor son equivalentes a las de 200 trabajadores juntos, según información jurídica presentada a este periódico por la Coalición de Trabajadores del INEGI.

Denunciaron que la intención gubernamental es correr a todos los trabajadores que tienen antigüedad y a las mujeres que son mamás, para dejar únicamente a personal sin experiencia, por dos razones: para que no tengan derechos laborales y porque la intención de fondo es privatizar el instituto y los servicios que ofrece.

En la documentación se revela que desde su creación, el INEGI no cumplió con los derechos de los empleados eventuales, como son el pago del régimen obligatorio del ISSSTE y las garantías que otorgan las condiciones generales de trabajo y las prestaciones relativas a seguridad social, debido a lo cual, desde 1997 se inició una serie de demandas en su contra, porque los trabajadores que ya podrían estar jubilándose no cuentan con la antigüedad suficiente para hacerlo, porque no se les reconocen los años laborados. Por ello, desde junio de 2000 el INEGI ofreció liquidar a los eventuales a cambio de que se desistieran de las demandas, y en noviembre de ese año pagó 209 millones 795 mil pesos por ese concepto, pero contrató personal nuevo para las labores del Procede.

Con el propósito de reducir las demandas ha pagado cantidades de entre 23 mil y 224 mil pesos, según los documentos presentados. Así, con el afán de no sumar otro litigio, el INEGI ha liquidado a cientos de empleados, como son los casos de Rafael Alfaro Espinosa, de Chiapas, quien junto con otros seis trabajadores recibió más de un millón de pesos, y a Sóstenes González Atilano, del estado de México, y otros tres empleados les ofreció menos de 40 mil pesos en total, a pesar de que tenían más antigüedad y mayores niveles salariales.

Ahora está ofreciendo 30 por ciento de salarios caídos y tres meses de liquidación a quienes desistan del reclamo de sus derechos, pero en los casos de los trabajadores del estado de México y Chiapas las plazas fueron ocupadas al siguiente día.

"Este fin de año, los 20 mil eventuales corren el riesgo de ser despedidos, sobre todo por la posible autonomía del INEGI, con la cual se pretende dar a particulares los trabajos de censos nacionales y otros programas", según apuntó la coalición, la cual dijo que buscarán conformar una alianza pro defensa de los derechos adquiridos, como son la basificación y el reconocimiento de su antigüedad.

Además, las liquidaciones han sido ilegales, dice, porque la legislación establece que las dependencias no pueden despedir a ningún trabajador, ya que la ley de la administración pública limita este derecho a una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No obstante, estas liquidaciones son llevadas a cabo por el director jurídico y el personal a su cargo, como José Ivo Carabez Galván, María del Carmen Hernández, Enrique Sepúlveda y otros.

Aunado a lo anterior, en el INEGI han aumentado los mandos de dirección y las percepciones de los mismos; sólo en la dirección de apoyo jurídico la cantidad de personal "recomendado" por el titular se ha elevado sensiblemente, y cada uno gana el equivalente al salario de 3, 5 y hasta 15 trabajadores de base, y en los puestos superiores, como el titular, el director del jurídico y el oficial mayor, sus remuneraciones representan las de 200 empleados en conjunto. La desproporción mayor se da entre directores regionales, coordinadores y personal de mando estatal, quienes ganan el equivalente a lo que se les paga a 2 mil trabajadores, revelan las listas salariales de la dependencia.