Salvo dos o tres casos, las células contrainsurgentes permanecen intactas desde 2000

Grupos paramilitares de Chiapas aún actúan con el aval del gobierno estatal

Fomentadas por los altos mandos del Ejército, las bandas armadas encubren una guerra de baja intensidad hacia los indígenas, indica estudio de tres organismos civiles

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 24 de octubre. A finales del sexenio pasado, los organismos civiles tenían identificados en Chiapas 17 grupos civiles armados, 10 de los cuales eran paramilitares; los demás se consideraban bandas de delincuentes que efectuaban acciones de contrainsurgencia. De acuerdo con los estudios de Global Exchange, Cencos y Ciepac, la paramilitarización en Chiapas ha sido producto "de una estrategia elaborada desde las estructuras militares y avalada por el gobierno".

El gobierno priísta nunca aceptó que existieran paramilitares, ni siquiera después de la masacre de Acteal. Por lo tanto, nadie se preocupó por desmantelar a estos grupos ni ejercer justicia contra sus crímenes. Exceptuando Los Chinchulines (de Chilón), y una parte de Paz y Justicia, todos los grupos detectados hasta el año 2000 siguen existiendo; algunos tal cual, otros bajo otras siglas y con estrategias diferentes (sería el caso del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, MIRA, que hoy se ha difuminado a través de la Opdic y otras organizaciones priístas en Ocosingo y Altamirano).

Las bandas propiamente criminales no han sido detenidas; ni siquiera las que siguen actuando, como Los Aguilares de Chilón, a quienes antes se vinculaba con Paz y Justicia y Los Chinchulines, recientemente con la Opdic, y siempre con la policía estatal y las tropas federales.

Al no encontrarse bien caracterizado el carácter "paramilitar" y contrainsurgente de ciertos grupos priístas que operan en Chiapas desde 1995, los sucesivos gobiernos han podido negar su existencia, y por lo tanto nunca han procedido contra ellos (al menos, no en su carácter de paramilitares).

Así, aunque niegan la existencia de estos grupos en Chiapas, las autoridades estatales acaban de anunciar la formal prisión de 27 miembros de Paz y Justicia. Los boletines de la PGJE y la prensa oficialista los llaman paramilitares, pero no es por esa razón que se les procesa penalmente y encarcela en Cerro Hueco.

Del mismo modo, el juez tercero del ramo penal de Tuxtla Gutiérrez dictó ayer un segundo acto de formal prisión contra Carlos Torres López, ex presidente municipal de Tila, "por el presunto desvío de recursos públicos para financiar actividades de la organización Desarrollo, Paz y Justicia".

La PGJE señala que durante la gestión de Torres López, el señor Sabelino Torres Martínez, encargado de programas sociales de Tila, destinó "parte de los recursos públicos a otros fines que no correspondían precisamente a proyectos productivos o sociales". Sin embargo, no se precisa qué "otros fines".

La averiguación previa correspondió a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y la denuncia contra Carlos Torres fue presentada por la Contraloría General de estado. O sea, se trata solamente del procedimiento administrativo contra un presunto daño patrimonial al ayuntamiento de Tila por 3 millones 155 mil 991 pesos.

Sabelino Torres es uno de los 27 encarcelados, luego de ser detenido el 13 de septiembre. A todos ellos se les acusa de asociación delictuosa, secuestro, robo con violencia, portación ilegal de un arma de uso exclusivo del Ejército y daño al patrimonio del gobierno estatal. Todos estos, delitos comunes sin relación con la "guerra chol" entre 1995 a 1998, cuando Paz y Justicia asesinó, saqueó y expulsó comunidades enteras. Ni siquiera se les atribuye la figura de "delincuencia organizada", mediante de la cual podría caracterizarse al grupo como paramilitar.

Todo este panorama explica que observadores del conflicto vean con suspicacia la detención de estos priístas. "No se pueden tomar como un verdadero ataque o desmantelamiento de los paramilitares", considera el abogado Miguel Angel de los Santos.

Para exorcizar la confusión de términos, habrá que atenerse a la descripción que ofrece el estudio Siempre cerca, siempre lejos. Las Fuerzas Armadas en México (Cencos, Ciepac y Global Exchange, 2000).

"El paramilitarismo encubre a los autores intelectuales de la guerra, para que de manera constante se siga dando impunidad a las bandas. Se pretende hacerla aparecer ante la opinión pública como una guerra entre indígenas. Su origen está dentro de un esquema de contrainsurgencia que se enmascara de agresiones por problemas de tierra, confrontaciones partidarias, conflictos religiosos, enemistades personales, brujerías, venganzas familiares o simples accidentes".

De este modo, se oculta "la estrategia paramilitar de control, desestabilización, faccionalización y represión selectiva como parte de una guerra sucia diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del gobierno y el Ejército".

Las actuales autoridades federales y estatales sostienen que esta situación sencillamente no existe. Por aquello de ''lo que no fue en mi año no fue en mi daño'', y sin dejarlo bien claro, llegan a conceder que tal vez dichas estrategias existieron en el pasado.

Entre agosto y septiembre del año en curso, un serie de "incidentes" supuestamente aislados provocaron la muerte de cuatro bases de apoyo zapatistas, varios heridos e incluso familias desplazadas de Amaytick, que hasta hoy no han podido retornar a sus casas.

Tan "casualmente" simultáneos fueron aquellos ataques como los son ahora la inmovilidad y el apaciguamiento de los grupos agresores. Tan impunes como los crímenes contrainsurgentes del pasado, "nadie sabe, nadie supo" de los "incidentes" y "accidentes" ocurridos en 6 de Agosto, Kana'kil, Amaytick, Quexil, La Culebra y Polhó.

A juicio de diversos analistas consultados por La Jornada, tan sospechosas fueron las agresiones simultáneas como lo es ahora la unánime inmovilidad de los grupos responsables. La Red de Defensores Comunitarios, por ejemplo, expresa que así "se revela una estructura de transmisión, una liga entre los grupos, sean paramilitares o particulares armados. Pareciera que ahora recibieron la orden de bajarle".

Unanimidad al moverse, unanimidad al estarse quietos. Además, se mantiene la tolerancia oficial hacia ellos. Las autoridades no actúan. Se deja pasar el tiempo, los casos se hacen viejos, se acumulan con otros "hechos ocurridos en el pasado". Y persiste un mismo mensaje tácito: nuevos o viejos, estos crímenes son impunes.