Esta semana el instituto recibirá el expediente judicial que le envía la PGR

En tres meses, el IFE podría tener una resolución sobre el Pemexgate

Será fácil y relativamente en poco tiempo, consideran los consejeros Cárdenas y Barragán

Se analizará si en la campaña de 2000 el PRI recibió financiamiento de Petróleos Mexicanos

MIREYA CUELLAR

Una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) reciba el expediente judicial del Pemexgate -lo que ocurrirá esta semana, según fuentes del instituto- será ''fácil'' y en relativamente ''poco tiempo'', unos tres meses, que el órgano electoral desahogue el proceso administrativo que tiene abierto contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por haber recibido presuntamente financiamiento de Pemex para la campaña presidencial del año 2000.

Los consejeros Jaime Cárdenas y José Barragán coincidieron en que el legajo con los detalles de la averiguación previa, que ya hizo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), permitirá a la Comisión de Fiscalización del IFE determinar si el PRI es responsable de la falta que se le imputa y por lo tanto acreedor a una sanción administrativa, que puede ser una multa.

El peculado electoral se investiga aparte

La decisión del IFE será tomada al margen del proceso judicial que se sigue contra varios priístas por peculado electoral, que tendrá que seguir sus propios cauces. El órgano electoral sólo resuelve quejas administrativas y puede actuar sobre partidos y no personas físicas.

''Será en pocos días, porque la información ya viene clasificada'', dijo el consejero Barragán, mientras Cárdenas apuntó que el procedimiento consiste en dar vista al PRI de que la queja en su contra será revisada para que pueda alegar ''lo que a su derecho convenga''. Este plazo es de cinco días y, suponiendo que se tuvieran que realizar algunas diligencias más, ''mi cálculo es que a más tardar en enero o los primeros días de febrero habrá una resolución''.

A la pregunta de si el IFE puede emitir un dictamen sobre el caso a partir de una averiguación previa, Cárdenas recordó que en otros casos ya se ha procedido así, y que si bien ''será un argumento jurídico muy poderoso del PRI para oponerse a la sentencia del instituto, éste tendrá que perfeccionar algunos elementos de la averiguación''. Una averiguación previa, convino, no implica una sentencia firme de un juez.

Pablo Gómez Alvarez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE, y artífice de la denuncia penal que desencadenó las investigaciones de la Fepade, dijo que no está bien definido ''el valor de las testimoniales'' en los procesos de carácter administrativo. Lo que sí puede concluir el instituto a partir de la averiguación previa, señaló, es que el Partido Revolucionario Institucional gastó más de lo permitido y aceptó recursos públicos para financiar su campaña.

En la más detallada relación de hechos que se ha elaborado sobre el Pemexgate -entregada por Gómez al IFE para reforzar su denuncia contra el PRI-, el perredista señala que las transferencias al tricolor por 500 millones de pesos se hicieron vía el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), entre el 9 y el 20 de junio del año 2000.

''La entrega del dinero por parte de Banorte -según el recuento entregado por Gómez- se hizo en billetes de 500 pesos, mediante la firma de documentos de retiro en la caja general de dicho banco, situada en la calle de Ixnahualtongo 127-b, colonia Lorenzo Boturini, delegación Venustiano Carranza, de la ciudad de México. Las remesas fueron recogidas en maletas de viaje comunes mediante una camioneta Cherokee color verde, blindada, escoltada por una Suburban color azul, a bordo de la cual iban guardias armados.''

El dinero se habría repartido de la siguiente manera, según Gómez:

- 220 millones de pesos a la Secretaría de Operación Política, a cargo de José Guadarrama, a través de Teódulo González Pérez, coordinador administrativo de dicha secretaría.

- 160 millones de pesos a la Secretaría de Elecciones, a cargo de Carlos Almada, a través de Alonso Veraza, coordinador administrativo de dicha secretaría.

- Cantidades variables a los comités directivos del PRI en el Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.

- 750 mil pesos para pago de facturas de renta de aviones y nómina de colaboradores de Manuel Bartlett Díaz.

- 2 millones de pesos que entregó Teódulo González para ''gastos de promoción del voto campesino'', al grupo de colaboradores de Beatriz Paredes Rangel.

- Cantidades de entre 150 mil y 200 mil pesos a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), a cargo de Elba Esther Gordillo Morales, a través de Rafael Barbosa, y a la Confederación Nacional Campesina (CNC), a cargo de Heladio Ramírez López.

- Entre 60 mil y 70 mil pesos para pago de facturas de teléfono celular y alquiler de un automóvil Stratus de Eduardo Andrade, actual diputado federal e integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

La documentación fue eliminada en una tina de reciclaje

Siempre según el representante del PRD ante el IFE, la documentación que amparaba las entregas en efectivo (la doble contabilidad de la campaña presidencial del PRI) fue depositada en 50 cajas de cartón y eliminada en la tina de reciclaje de una empresa de láminas de cartón ubicada en Ecatepec, estado de México, en noviembre de 2000.

Los 140 millones de pesos restantes -porque se presume que fueron 640 millones los que se sacaron de la paraestatal- ha-brían sido retirados de la cuenta abierta en Banorte por el senador Ricardo Aldana.