Las reducciones que dispone el Ejecutivo, forma de privatizar la educación: Correa Jasso

Crisis financiera en el IPN por el recorte de $800 millones en 2002

El director del instituto dijo que un presupuesto bajo conspira contra la enseñanza, trasciende

JOSE GALAN

El gobierno foxista ha recortado en lo que va del año 800 millones de pesos al presupuesto original aprobado por el Congreso de la Unión para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que ha colocado a éste en una difícil situación financiera, en el contexto de medidas similares a las que se enfrentan universidades públicas como las autónomas de Morelos y Querétaro ante los respectivos gobiernos panistas estatales.

Esta situación fue ventilada en una reunión a puerta cerrada el pasado lunes en la Cámara de Diputados entre el director general del IPN, Miguel Angel Correa Jasso, y los miembros de la coordinación de diputados federales priístas del estado de México, a cargo de José Jaimes García.

De acuerdo con la minuta de la reunión, Correa Jasso señaló que la forma más preocupante de privatización de la educación superior pública del país es la reducción presupuestal practicada por el Poder Ejecutivo federal por conducto de las secretarías de Hacienda y de Educación Pública.

Agregó que si bien el Congreso determina el presupuesto para las universidades públicas, ya no están al tanto sobre el destino final de ese dinero ni de los recortes que efectúen las autoridades federales, que en el caso del IPN, agregó, "llegan este año ya a cerca de 800 millones de pesos".

De acuerdo con versiones en San Lázaro, Correa Jasso dijo que estos recortes "conspiran" directamente contra la calidad educativa e impiden el abastecimiento y mantenimiento de laboratorios y talleres, así como directamente en las becas y los estímulos a investigadores y alumnos.

Para 2002 el IPN recibió un presupuesto de unos 5 mil 400 millones de pesos, sólo 200 millones más respecto de 2001, cifra que no superó los aumentos por la inflación. Del total, más de 89 por ciento fue etiquetado en el ramo de salarios o servicios personales. Por su parte, el Patronato de Obras e Instalaciones, encargado de mantener la infraestructura, también sufrió un severo recorte, y en el ramo de inversión no se adjudicó recurso alguno al IPN.

Al subrayar la necesidad de sacar adelante el proceso de reformas y obtener una nueva ley orgánica para el Politécnico, su director general consideró que el instituto debe quedar protegido de los embates de una política que mira al organismo simplemente como un departamento más del gobierno, y lamentó "la vulnerabilidad" del IPN ante los recortes presupuestales.

Los problemas de la institución con el Poder Ejecutivo comenzaron en octubre de 2001, con la designación de un nuevo titular del Organo Interno de Control, Guillermo Hiriart, quien señaló una serie de fallas que se arrastraban y que en su momento no fueron descubiertas por la Secretaría de la Contraloría.

Lo anterior, a pesar de que se sostiene el mismo comisariato de la Contraloría para el sector educativo, en manos de Alba Alicia Mora.

Además, la Tesorería General de la Federación requirió la entrega de los recursos autogenerados por investigadores y proyectos de desarrollo del IPN en 2000 y 2001, por más de 200 millones de pesos, independientemente de que se ordenó poner al día los rezagos de luz y seguridad social existentes desde 1997. Ahora los recortes constituyen una nueva ofensiva contra la sobrevivencia del instituto.

Las universidades autónomas de Morelos y Querétaro atraviesan por una situación similar, en un modelo que parece repetirse bajo gobiernos panistas.

El gobernador morelense, Sergio Estrada Cajigal, envió al Congreso estatal un decreto por el que propone reducir los subsidios estatales a la universidad, mientras que la autónoma de Querétaro mantiene un diferendo con el gobierno de Ignacio Loyola Vera sobre la retención de casi 45 millones de pesos en subsidios federales no entregados aún a esa casa de estudios.