José Antonio Rojas Nieto
Suben las tarifas eléctricas en España
Este viernes La Jornada transmite una importante y oportuna noticia dada a conocer el jueves pasado por el diario español El País: encarecerán la luz en España. Sí, este sábado, como también lo informa El País, el Ministerio de Economía acaba de asegurar que "cambiará de forma radical la política tarifaria del mercado eléctrico: hasta 2010 los precios de la luz podrán subir a tasas anuales no mayores a 2 por ciento". Se puede confirmar que la noticia tiene significativos antecedentes que permiten asegurar que el mercado eléctrico español -esa experiencia alabada y bendecida por muchos- está convertido en un caldero hirviente.
No todo empezó esta semana; tampoco en febrero de 2001, pero en la segunda quincena de ese mes del año pasado ya se informaba de la enorme presión que ejercían las compañías eléctricas españolas sobre el gobierno, para asegurar una elevación de sus ingresos y más apoyos (por cierto en México los empresarios ya piden apoyos antes de tener la industria, justamente para comprarla). El compromiso por bajar las tarifas 9 por ciento en el periodo 2000-2002 no pudo ser cumplido ni fue soportado más; la disminución acumulada a 2001 sólo fue de 4 por ciento. Pero más que la necesidad de cumplir con el cinco restante en este año, los empresarios españoles (con endeudamiento superior a 40 mil millones de dólares) han planteado al gobierno la imposibilidad de continuar no sólo con la baja de precios sino -ni siquiera- con el compromiso de confiabilidad y calidad del sistema eléctrico español signado en el famoso Protocolo Eléctrico de 1996 (antecedente de la Ley Eléctrica del 13 de noviembre de 1997).
Como contraparte, entre otras cosas, el gobierno español prometía a los empresarios un apoyo de 2 billones de pesetas (cerca de 12 mil millones de dólares, de los cuales les adeudan cerca de 8 mil millones) en los llamados costos de transición a la competencia (CTC) y en refuerzo a su expansión, apoyo especialmente dirigido a las dos grandes, es decir, Endesa e Iberdrola, que en conjunto controlan actualmente 82 por ciento de la generación, 80 por ciento de la distribución y 85 por ciento de la comercialización, y que no han negado su interés de impulsar, por segunda vez, su fusión. Atrás de ellas, por cierto, están diversos fondos de inversión locales y extranjeros (primordialmente estadunidenses) e instituciones bancarias, entre las que sobresale BBVA. Por cierto,en México también Iberdrola ya tiene 20 por ciento de la nueva capacidad de los productores independientes, es decir, poco más de 2 mil megavatios, en las dos unidades de ciclo combinado de Altamira, una unidad en Monterrey y otra más en La Laguna. Y junto con Unión Fenosa -la tercera compañía eléctrica del mercado español- controla ya la mitad de la producción independiente mexicana.
La presión empresarial en busca de apoyos gubernamentales -básicamente la elevación de tarifas ya concedida, y la recepción anticipada de los costos de transición- comenzó hace varios meses. Y, a decir de muchos analistas españoles, trascendió la prometida presión respetuosa al gobierno de Aznar, y dejó sentir su fuerza en el apagón del lunes 17 de diciembre pasado en que Iberdrola y Unión Fenosa (justamente las que ya están en México), recibieron la orden del organismo Red Eléctrica de España de reducir su suministro a Madrid, Valencia y Murcia, dejando en la oscuridad a 600 mil personas correspondientes -según diversos informes- a 200 mil abonados y cortando el suministro a múltiples zonas industriales, justamente por la falta de reserva para enfrentar el alto consumo que se derivó de una ola de frío siberiano que invadió España esos días.
Cabe notar que ya el viernes 14 de ese mismo mes de diciembre, por otras razones (rotura de un cable de alta tensión), Barcelona y otras localidades del área metropolitana catalana -abastecidas por Fecsa-Endesa- también habían experimentado un apagón que afectó a 200 mil clientes y que ha conducido a la apertura de sanciones por parte de la Generalitat.
Lo cierto, pues, es que no se sostendrá más el descenso efectivamente registrado desde 1998 y que acumulaba ya 17 por ciento en el precio medio (según gráfica de El País) y que, por el contrario, la tarifa se elevará durante los próximos 10 años un máximo de 20 por ciento lo que, evidentemente, ha desencadenado la protesta de las organizaciones de consumidores (OCU y CEACCU), que criticaron esta autorización gubernamental y denunciaron el gran poder de las compañías y su capacidad de chantaje, recordando que prácticamente todas han asegurado que sin elevación de tarifas habrá apagones.
Así pues, el brillante mercado eléctrico español y sus empresas han caído ya en una contradicción flagrante que no superarán al menos en los próximos 10 años. Postular la liberalización y el libre juego del mercado, por un lado y, por otro, obligar -incluso con el chantaje- a una elevación de tarifas durante un largo periodo. Esas mismas empresas, sí las mismas, andan sueltas en América Latina pugnando, junto con las estadunidenses, por la liberalización de los mercados eléctricos.
Y aquí en México tienen sus apoyos... vaya que los tienen. ƑPor qué no hacemos lo que siempre sugería un importante personaje español... perdón... vasco, Loyola: reflexionar sobre lo propio para sacar provecho. Sería lo menos, sobre todo hoy en que muchos sueñan la fantasía de la liberalización (parcial o total, acaba siendo lo mismo) del mercado eléctrico mexicano. Sí... hoy...hoy...hoy...
[email protected]