Para una sociedad no hay mejores indicadores del grado de bienestar de su población que su nivel de ingreso, el pleno empleo y las redes de bienestar social.

Más allá de las cifras macroeconómicas --sean éstas auspiciosas o desalentadoras-- que se difunden desde los escritorios de las dependencias gubernamentales, los grupos financieros o los organismos multilaterales, los ciudadanos perciben el pulso económico del país en la capacidad que tienen las familias para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, educación y acceso a los servicios de transporte, salud, recreación y cultura. En este sentido, el poder adquisitivo de los salarios es un elemento más significativo para diagnosticar la salud social de una economía.

Desafortunadamente, a lo largo de los 25 años pasados, ese poder adquisitivo ha venido deteriorándose para la mayoría de los mexicanos, y con él las expectativas de vida digna de amplios sectores sociales. El caso de los salarios mínimos es un ejemplo claro del desplome de los niveles de bienestar en México: la percepción hoy vigente representa apenas 25 por ciento de la de 1976, circunstancia que denota, por una parte, la profundidad del drama social que ha experimentado el país en ese periodo y, por la otra, la absoluta ineficacia del modelo económico neoliberal para proporcionar bienestar que, al menos durante dos décadas, los sucesivos gobiernos han impuesto a los mexicanos. Un esquema, cabe señalar, que durante años ha operado mediante la contención salarial como instrumento para frenar --por añadidura, de modo frecuentemente ineficaz-- la espiral inflacionaria y para construir una cuestionable competitividad económica, sustentada en la mano de obra barata y en la transferencia al extranjero del fruto del trabajo y del patrimonio nacionales.

Cierto que en la actualidad el minisalario es percibido por una franja relativamente pequeña de la población económicamente activa (un millón 750 mil trabajadores), pero tal circunstancia no disminuye la gravedad de la situación por la que atraviesa el país en términos de poder adquisitivo y bienestar social. Con un piso de ingresos tan reducido como es el salario mínimo vigente resultan comprensibles el dramático incremento de la economía informal y el escaso desarrollo del mercado interno, elemento crucial para la recuperación y el crecimiento de un país. Y aunque en los últimos años se han registrado avances discretos en materia salarial, el derrumbe del nivel de ingresos de los trabajadores ha sido tan grave en las últimas décadas que, según palabras del propio titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de mantenerse las condiciones actuales deberán pasar 35 años para que se recupere el poder adquisitivo que se tenía en 1976.

La perniciosa fórmula mediante la cual se ha utilizado la contención del salario como torniquete de la inflación y catalizador de la productividad no ha redundado en beneficios concretos y significativos para los trabajadores; en contrapartida, ha provocado la concentración desmesurada de la riqueza en unas pocas manos y el empobrecimiento de vastas capas sociales. En este contexto, resulta evidente que sin una pronta reorientación de la política económica del país, que tenga como prioridad el bienestar de las mayorías, el desarrollo justo y la equidad de oportunidades de crecimiento humano y material seguirán siendo aspiraciones pendientes. Si se reflexiona sobre lo sucedido en los pasados cinco lustros en México, resulta evidente que tal cambio ha sido postergado por demasiado tiempo y es hoy urgente e imprescindible.