Imposible, desligar desplazamientos forzados y contrainsurgencia, señala

Analiza el Capise impacto del PPP en Chiapas

Con la aplicación del plan se violarán derechos de comunidades de la selva Lacandona

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 10 de julio. De acuerdo con el más reciente estudio del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), divulgado en esta ciudad, resulta "imposible" desligar el proyecto de desplazamiento de comunidades indígenas en la selva Lacandona "con la estrategia de contrainsurgencia llevada a cabo en el estado de Chiapas y con la operación del Plan Puebla-Panamá (PPP)".

Las posiciones asumidas al respecto por las autoridades federales, según los analistas del organismo civil, se podrían resumir en tres puntos: "1, sobre el proyecto de desplazamiento, el gobierno argumenta que la zona de Montes Azules es una reserva ecológica y que tiene la obligación de protegerla; 2, en relación con la estrategia de contrainsurgencia o guerra de baja intensidad, las autoridades mexicanas nunca han aceptado la existencia de este tipo de operaciones; 3, en el caso del PPP, se afirma oficialmente que dicho proyecto traerá progreso, empleos y bienestar para las poblaciones indígenas y rurales".

Recientemente, en el marco de la quinta Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, se anunció la incorporación de la coordinación del PPP a una de las direcciones de la subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. "Así, la coordinación del PPP quedará a cargo de Miguel Hakim, responsable de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, dejando fuera a Florencio Salazar, quien fungiera como coordinador y principal impulsor operativo del PPP". De esta manera, "el aspecto político de la aplicación del plan será llevado a cabo por la subsecretaría para América Central y el Caribe, encabezada por el embajador Gustavo Iruegas", apunta el Capise.

"Como se recordará, Iruegas fue delegado del gobierno al inicio de los diálogos de San Andrés". En aquella oportunidad, "el embajador destacó por su dura posición hacia los delegados del EZLN y los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai)", recapitulan los autores del análisis.

"Si se considera que, además de las comunidades de Oaxaca, la población de Chiapas y las comunidades zapatistas representan un obstáculo para la implementación del PPP, el nombramiento de Gustavo Iruegas tendrá que reflexionarse seriamente; no sólo conoce el conflicto y el proceso de diálogo en Chiapas; también conoce los actores y mecanismos políticos que aplican la contrainsurgencia en las comunidades indígenas". Además, se "ha consolidado en su excelente relación con el Ejército mexicano", evalúa Capise.

La versión oficial proclama que el PPP se centra en: "integración vial, turismo, facilitación del intercambio comercial, interconexión energética, interconexión de telecomunicaciones, desarrollo sustentable, prevención, mitigación de desastres y control de los flujos migratorios".

Independientemente de eventuales posturas encontradas entre distintas instancias gubernamentales sobre el proyecto de desplazamiento, "no puede ignorarse la situación que impera en las comunidades indígenas asentadas en la región de Montes Azules. Mientras se prepara el operativo para el desplazamiento forzado en la zona de la biosfera, el Ejército mexicano continúa e intensifica sus operativos".

La "simbiosis" entre el desplazamiento forzado y la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia, "tendrá un fuerte impacto; significará una flagrante violación a los derechos humanos de la población civil asentada en la zona, y un alto costo político para el gobierno de Vicente Fox".

En el marco del rechazo indígena "a las alteraciones sustantivas" que hizo el Congreso a la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Cocopa (que recogía lo esencial de los acuerdos de San Andrés), y del sentido que cobran los programas sociales y la contrainsurgencia, en la aplicación de los primeros el gobierno de Pablo Salazar está "atrapado en un doble vínculo, donde la aplicación o inaplicación de dichos programas afecta, de una u otra forma, a las poblaciones indígenas y campesinas".

Los planteamientos del Capise, producto de varios meses de análisis e investigación directa en más de 30 comunidades de la región amenazada, coinciden con las advertencias de diversos organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales: "Mantener programas sociales sin intervenir en la procuración de justicia, violentada por los operativos militares, no permitirá al gobierno de Chiapas la aplicación de los programas. En la medida en que Pablo Salazar no intervenga enérgicamente en los hostigamientos contra las poblaciones, su gobierno seguirá camino a la confrontación con las poblaciones indígenas y las organizaciones civiles y sociales".

Similar situación se presenta con los proyectos de inversión enmarcados en el PPP, el TLC o en proyectos aislados que, de cualquier forma, pueden causar "un gran impacto" en las poblaciones.

Para concluir su diagnóstico sobre el PPP, el Capise apunta que Salazar Mendiguchía "tomó, o deberá tomar, la decisión de posicionarse exclusivamente en el proyecto económico de Vicente Fox, o bien, mantenerse susceptible a las fuertes inconformidades, que cada día van en aumento". Si el mandatario chiapaneco "apuesta a favorecer grupos de poder que le 'garantizarían' gobernabilidad", ésta no existirá, a menos que Salazar "equilibre la balanza".

El gobierno de Fox "está convencido del proyecto económico que representa, y lo supedita al proyecto impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Estados Unidos.

"El foxismo no considera posible errar. Su postura cae en lo que él tanto denuncia: el radicalismo. Fox cree en su proyecto; los nombramientos recientes y las propuestas enviados al Congreso de la Unión indican que intentará imponerlo sobre quienes no lo acepten. Queda en el aire si será capaz de agudizar la represión a grados extremos, en la medida que la resistencia crezca", advierten los analistas.