Tienen derecho a exigir justicia, afirma el procurador

Rechaza Bátiz que los líderes de 1968 sean "delincuentes"

SUSANA GONZALEZ G.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, criticó la calificación de "delincuentes" con la que Antonio Cuéllar Salas, abogado defensor del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, se refirió a los líderes y activistas de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, ya que si bien en su momento fueron procesados, posteriormente recibieron el perdón.

Manifestó que lo importante ahora es esclarecer los crímenes que se cometieron entonces y descubrir la participación que al respecto tuvieron las autoridades de esa época, principalmente de aquellos funcionarios que son considerados los autores intelectuales de la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco en 1968, y de la ocurrida dos años después durante el jueves de Corpus.

"šQué bueno que se investigue, que se sepa y que quienes entonces quedaron impunes porque tenían el poder, ahora puedan ser sujetos a un proceso!", expresó Bátiz Vázquez al salir del ex Palacio del Ayuntamiento, donde acudió a la reunión del gabinete de seguridad pública del gobierno capitalino.

El lunes pasado, Cuéllar Salas descalificó a los denunciantes de los homicidios de 1968 y 1971 al asegurar que "se ostentan como víctimas'', cuando "la verdad legal'' los juzgó por haber sido delincuentes y guerrilleros.

"Los que ahora acusan ya fueron juzgados, ya fueron sentenciados y condenados; fueron reos por delitos que se cometieron en el 68 y ahora quieren presentarse como víctimas. No se pueden tener las dos calidades, o se es uno o se es otro, pero ahora ya se ostentan como víctimas", aseguró el defensor de Luis Echeverría.

En contraste, el procurador capitalino consideró que si bien quienes acusan actualmente al ex mandatario de genocidio, homicidio, desaparición forzada y lesiones fueron procesados en su momento, también tienen derecho a exigir justicia, y recordó que el gobierno federal les otorgó el perdón al reconocer que se había cometido una injusticia con ellos.

Por lo pronto, indicó que las copias de las averiguaciones previas que se iniciaron esos años en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por delitos de carácter político, como motín, sabotaje y disturbios, y también por daños en propiedad ajena, ya fueron entregadas a la fiscalía especial, presidida por Ignacio Carrillo Prieto, y ante la cual ha comparecido el ex presidente en dos ocasiones en calidad de "indiciado", acusado de ser el principal responsable de la matanza del 2 de junio.