Se hallarán vías para obtener información, indican Jaime Cárdenas y Jesús Cantú

Los amparos de Korrodi y Robinson no detendrán las investigaciones, consideran consejeros del IFE

Señalan el riesgo de que los resultados se definan en el desarrollo de los próximos comicios

Podría presentarse una denuncia de hechos sobre el caso de Amigos de Fox, advierten

ALONSO URRUTIA

Los recursos interpuestos por Lino Korrodi y Carlota Robinson en contra de la entrega de información sobre las cuentas bancarias que utilizaron para financiar la precampaña y campaña del presidente Vicente Fox Quesada sólo retrasarán los resultados de las investigaciones, cuyas definiciones serían ya en tiempos del proceso electoral y las consecuencias políticas estallarían en medio de las campañas, señalaron los consejeros Jaime Cárdenas y Jesús Cantú.

Ambos indicaron que el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha descartado la posibilidad de que en un momento dado se presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos relacionados con la investigación de Amigos de Fox, como se hizo en el caso del financiamiento irregular de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, en el que estarían involucrados funcionarios de Petróleos Mexicanos y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Sin embargo, puntualizó Cantú, eso ocurriría en caso de que existieran elementos firmes de que efectivamente se configuró un delito. En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) había indicios claros, toda vez que se trataba de un presunto desvío de recursos públicos a un partido político. "Tan los habría que fue la propia Secretaría de la Contraloría la que en primera instancia puso a disposición de la PGR el caso, aunque el IFE lo hizo por su vertiente electoral", añadió.

El apersonamiento del IFE

Para Cárdenas Gracia el apersonamiento del IFE en los juicios promovidos por quienes manejaron las finanzas de Amigos de Fox tiene como objetivo central que el juez asuma como un asunto electoral la solicitud de información de sus cuentas personales. "Sólo en ese caso el juez podría determinar la anulación de la suspensión provisional y, por tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estaría en posibilidad de entregar toda la información", explicó.

El consejero advirtió que las actitudes recientes del presidente de la CNBV, Jonathan Davis, en el sentido de cancelar la entrega de cualquier documentación podría motivar que una vez más el IFE interpusiera un recurso de inejecución de sentencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En todo caso, agregó el consejero, la comisión podría suspender el flujo de información relacionada con las cuentas bancarias de Korrodi y Robinson argumentando que hay un juicio de amparo en proceso, pero de ninguna manera tiene por qué cancelar la entrega de datos a que está obligada por la sentencia del tribunal del pasado 7 de mayo.

Aun cuando en materia de amparo la ley no es muy explícita y la mayor parte de lo concerniente a estos juicios se ha desarrollado a partir de la jurisprudencia, Cárdenas Gracia consideró que los jueces deben resolver sobre la solicitud del IFE para que se respeten sus facultades como autoridad responsable y/o como parte afectada antes de la audiencia incidental, en la que se determinará si se concede la suspensión definitiva, para entrar posteriormente al fondo del asunto y resolver sobre el amparo.

Explicó que en el caso de Lino Korrodi "esta audiencia crucial para el caso ocurrirá el próximo 12 de julio, razón por la cual el juez debería determinar si acepta la petición del IFE antes de que esto ocurra".

El amparo promovido por el empresario, pieza clave en el financiamiento de la campaña foxista, considera como autoridad responsable de la violación del secreto bancario al Congreso de la Unión, como instancia que aprobó una ley anticonstitucional que pretende aplicar la CNBV, agregó.

De manera "dolosa y como parte de una estrategia legal, Korrodi omitió señalar que el acto reclamado se deriva de una solicitud del IFE como parte de una investigación de financiamiento de una campaña electoral".

Para el IFE, subrayó Cárdenas Gracia, sería muy importante que el juez determinara que el asunto es de orden electoral, porque "aun cuando Korrodi podría apelar el recurso ante un tribunal de circuito, se anularía la suspensión provisional con base en que en materia electoral no hay amparos y se tendría que abrir la información hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, es decir, si la citada ley es anticonstitucional".

Cantú dijo que los partidos políticos deben tener claro en su estrategia respecto a los presuntos financiamientos irregulares de la campaña presidencial de 2000 -tanto en el caso de Amigos de Fox como en el de la Operación Crudo- que los recursos que interpongan ellos o las personas relacionadas con las campañas no anularán las investigaciones del IFE, solamente las retrasarán. Deben asumir que los resultados y las consecuencias políticas podrían "estallar" en campañas previas a los comicios.

A pesar de las estrategias legales que desarrollen, abundó Cantú, el IFE encontrará las vías jurídicas para allegarse la información y reunir los informes que obligatoriamente entregaron los partidos políticos con los datos proporcionados por la CNBV provenientes de aquellas cuentas de las que presuntamente se realizaron financiamientos irregulares.

En este sentido, consideró que los ofrecimientos que han realizado tanto el PRI como el PAN al IFE y la CNBV de que no tienen inconveniente en que se abran sus cuentas tienen su valor, pero lo realmente importante es tener acceso a esas cuentas donde se presume la irregularidad, y eso solamente se hará con la colaboración de la comisión.

Cantú expresó que en el caso de los juicios de amparo promovidos por Korrodi y Robinson está muy claro el origen electoral de la presunta violación del secreto bancario. Por un lado, porque la instrucción de la CNBV a BBVA-Bancomer para que le entregara la información sobre los cheques girados provino de una sentencia del TEPJF, y por otro, porque la CNBV actuó a petición del IFE, "por lo que los jueces deben valorar que por ambas vías el asunto tiene una vertiente electoral".

En otro orden de ideas, fue hasta ayer cuando el IFE concluyó las notificaciones a las agrupaciones políticas que pretendían convertirse en partidos de que su registro fue negado. A partir de esta oficialización, éstas cuentan con cuatro días hábiles para interponer sus recursos ante el TEPJF.