El interés colectivo debe prevalecer sobre el particular, sostienen senadores

La indemnización a clientes de Diego Fernández, impagable

Plantean buscar un acuerdo antes de llegar al extremo de cesar a los titulares de SHCP y SRA

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

Senadores de todas las fuerzas políticas consideraron "impagable" la indemnización de mil 214 millones de pesos del gobierno federal a clientes de Diego Fernández de Cevallos, y advirtieron que debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular y buscar un arreglo antes de que se llegue al extremo de cesar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Reforma Agraria (SRA).

"Habría que revisar un fallo judicial de esa naturaleza, porque no es posible que a los ejidatarios de San Salvador Atenco se les proponga pagar a siete pesos el metro cuadrado, mientras que en la resolución contra la SRA se fijó en cerca de 4 mil pesos el metro cuadrado de terreno. Hay una desproporción y una irracionalidad en todo esto que hace imposible el cumplimiento de esa sentencia", comentó el senador panista César Jáuregui Robles.

Pidió cordura a las partes, porque la destitución de dos miembros del gabinete de Vicente Fox no sólo pondría en riesgo al gobierno federal sino al Estado mexicano en su conjunto.

En entrevistas por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar el expediente de los sucesores de Gabriel Ramos Millán contra la SRA, porque hay dudas de posible tráfico de influencias, y el priísta Fidel Herrera advirtió que sería "un golpe de Estado técnico a la Constitución" que se llegara a destituir a los titulares de la SHCP y de la SRA.

Al respecto, Jáuregui -vicepresidente de la mesa directiva del Senado- dijo que los poderes de la Unión están en una disyuntiva y se debe buscar el justo medio, porque si bien en un estado de derecho debe preponderar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales, al cubrir un pago de mil 214 millones de pesos a un particular se afecta el erario y se lesiona a la sociedad en su conjunto.

"Por eso es necesario que ya agotados todos los recursos legales, haya cordura entre las partes. Ese es el exhorto público que yo haría, de lo contrario seguirá el denuesto o la sanción pública sobre los personajes involucrados. Ya hemos visto cómo se ha afectado a un litigante y a una familia que recibió el fallo favorable."

Asimismo, el senador panista Javier Corral dijo que considera "impagable" la indemnización exigida a la SRA y propuso buscar algún mecanismo alterno para que el Estado enfrente la obligación que le demanda la Corte, sin lesionar el interés de las mayorías.

En tanto, Jesús Ortega demandó "de manera respetuosa" a la SCJN que se revise si el procedimiento por el que se determinó pagar una indemnización millonaria a los herederos de Gabriel Ramos Millán fue el adecuado, toda vez que hay dudas razonables en torno a la sentencia. "Me parece que hay un conflicto de intereses. Revisemos otros antecedentes y no hay un caso así. Basta ver cuánto se pagó por sus tierras a otros ejidatarios de Santa Ursula Coapa. Cuando menos hay dudas de que hubo influencias políticas de por medio en esa resolución."

El priísta Fidel Herrera comentó que de darse el cese de los secretarios Francisco Gil Díaz y María Teresa Herrera Tello, el Poder Judicial estaría generando "un golpe de Estado técnico a la Constitución".

Pero la propia Carta Magna, en su artículo 107, otorga a los funcionarios la posibilidad de defenderse, bajo la consideración de que no hay recursos financieros para liquidar la indemnización a los clientes del senador Fernández de Cevallos, agregó. "Hay antecedentes, la justicia debe atender el interés colectivo, no el particular. Creo que la autoridad debiera recurrir a la Constitución y expresar eso al Poder Judicial."

Herrera Beltrán destacó que además de que sólo la Cámara de Diputados puede autorizar recursos presupuestales a las dependencias, el Poder Judicial debe considerar que hay más de 400 expedientes de campesinos de núcleos ejidales con indemnizaciones pendientes.

"Hay una larga lista y el Congreso no sólo tendría que proveer los recursos para la liquidación de una obligación de gobierno. Aquí hubo una protección de amparo, pero el Ejecutivo no tiene recursos, partida ni disponibilidad. Entonces sostengo que estamos en el caso del artículo 107, de imposibilidad jurídica y material para cumplir con una obligación a particulares".

Recalcó que mientras los gobiernos priístas fueron eficaces en defender los intereses de la sociedad, "el nuevo gobierno no ha sido capaz de defender los intereses de la colectividad". Consideró que se debe ver con mucho cuidado el caso e investigar por qué las autoridades de la SRA no actuaron a tiempo, ya que este asunto puede sentar un precedente para la vida política del país.

Contra lo imposible no hay obligación, dice la SRA

La Dirección Jurídica de la Secretaría de la Reforma Agraria informó que enfrenta una "falta de presupuesto" para pagar al bufete de Diego Fernández de Cevallos. Recordó que la condena de la Suprema Corte implica el pago de mil 214 millones de pesos, y el presupuesto de la SRA para todo el año es de apenas mil 42 millones de pesos. Contra lo imposible "no estamos obligados", señaló.