Concordancia con el senador panista Javier Corral

La CFC apoya apertura a la inversión extranjera en las telecomunicaciones

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión Federal de Competencia (CFC) se sumó a la presión para abrir la puerta, sin restricciones, a la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. Con Fernando Sánchez Ugarte al frente, ese organismo que entre otras actividades promueve la desincorporación indiscriminda del conglomerado aéreo Cintra, y fue corresponsable de la extranjerización de los bancos mexicanos, ahora pretende eliminar el tope máximo de inversión fóranea en el ámbito telefónico, cuyo porcentaje máximo actual es de 49 por ciento, y permitirles a empresas como la defraudadora WorldCom -accionista de Avantel- y ATT que utilicen, sin ningún costo, la red telefónica nacional y controlen ese sector estratégico para el país.

La actuación de la CFC se enmarca en la disputa entre el senador panista Javier Corral, que insiste en imponer el modelo de apertura indiscriminada que permitiría a las empresas trasnacionales ejercer el control de los sistemas de telefonía de red, y el diputado perredista Víctor Manuel Ochoa Camposeco, quien pretende se deje en manos de ciudadanos mexicanos la operación y propiedad de ese sector.

Ante ese diferendo entre las cámaras de Diputados y Senadores por el contenido de lo que habrá de contener la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y su presidente Sánchez Ugarte -que por cierto ocupará esa posición durante los próximos siete años, de un total de 10-, ya tomó partido y apoya la propuesta de apertura del panista Javier Corral.

Y es que en el artículo 30 de la propuesta de la comisión bicamaral se establece que las "concesiones sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana", y la "participación extranjera en ningún caso podrá exceder de 49 por ciento, excepto tratándose de telefonía celular". En el segundo apartado, la iniciativa de ley -en proceso de debate- da entrada a la opinión de la CFC de "que se requerirá una resolución favorable para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor".

Ese resquicio es aprovechado por la CFC, pues considera, en una serie de propuestas para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, que "mantener las restricciones a la participación de inversión extranjera en el sector crea barreras económicas al crecimiento de los operadores actuales y a la entrada de nuevos oferentes".

En el fondo, lo que ese organismo desea es que la empresa Teléfonos de México -propiedad de mexicanos, y con participación de la trasnacional South Bell- deje de dominar el mercado para dar entrada a la defraudadora WorldCom y ATT, sin que éstas paguen ni inviertan recursos por el uso y crecimiento de la red.

No obstante, esa postura choca con el hecho de que tanto Avantel y Alestra -se supone mexicanas- pertenecen al capital extranjero. La primera es propiedad de Banamex-Citibank y de WorldCom. Y la segunda pertenece a Bancomer-BBVA y ATT. De esa forma, las dos telefónicas se encuentran en manos extranjeras.

La CFC manifiesta entonces que si se mantiene la proporción de 49 por ciento para la inversión extranjera, "estas barreras contribuyen a ensanchar con rapidez la brecha que ya existe entre quienes pueden allegarse o tienen recursos para establecer redes (en este caso Telmex) y quienes no (trasnacionales), situación que lesiona las posibilidades de competencia y desarrollo de la industria".

Por eso, la recomendación de la comisión controlada por Sánchez Ugarte es la siguiente: la entrada y el fortalecimiento de los nuevos competidores, lo que a su vez promoverá una mayor capacidad productiva, y por tanto, que la cobertura y penetración de sector se expandan; y el rápido y vigoroso avance de las telecomunicaciones de última generación, las cuales contribuirán positivamente a la competitividad del sector.

Otra sugerencia de la CFC se refiere a no considerar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como el ente que defina cuál es el "mercado relevante" sino que sea la misma Comisión Federal de Competencia la que asuma ese papel, porque "pueden generarse incosistencias con las definiciones realizadas por ambos organismos, deteriorando la autoridad de la CFC y Cofetel, así como la efectividad del proceso. Además de la incertidumbre jurídica que se deriva de la posible emisión de dos definiciones distintas, no obstante el uso de los mismos principios".