El ahora diputado federal Manuel Añorve no entregó cuentas: ayuntamiento actual

Congelada, denuncia contra ex edil de Acapulco

Hasta el momento se le ha documentado un presunto fraude por más de 8 millones de pesos

ENRIQUE MENDEZ

La demanda penal que, por peculado y desvío de recursos del ramo 033, presentó en septiembre de 2001 la alcaldía de Acapulco en contra del ex edil y actual diputado federal por el PRI, Manuel Añorve Baños, sigue congelada por la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero.

De acuerdo con la información contenida en la queja, Añorve Baños habría utilizado recursos federales para promover su imagen política en el proceso interno de 1999, cuando el PRI designó candidato al gobierno de Guerrero, y también en la campaña de René Juárez Cisneros.

El presunto desfalco al patrimonio público de Acapulco fue descubierto el año pasado por la actual administración, a cargo de Zeferino Torreblanca Galindo, quien por medio del apoderado legal de la alcaldía, Juan Urbano Carreño, presentó la demanda en la subdelegación de la PGR, donde se inició la averiguación previa 266-AI/2001, que está archivada.

Cuando Torreblanca asumió el gobierno de Acapulco no se realizó la entrega-transferencia del ayuntamiento, del que se habían extraído los documentos originales sobre la cuenta pública de 1999, y de las pocas pruebas en su poder sólo se ha logrado documentar que se hicieron pagos por obras no realizadas. Hasta ahora, se ha documentado un presunto fraude por más de 8 millones de pesos.

Además, entre abril de 1998 y marzo de 1999, el entonces secretario de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, Javier Morales Burgart, manejó cuentas de cheques en los bancos Citibank, Serfin, Banamex, Bancomer y Bancrecer, presuntamente para realizar pagos por material de construcción para obras sociales, financiadas con recursos de la Federación, pero cuya comprobación se sustentó en facturas apócrifas. En ese periodo la cifra que manejó asciende a más de 70 millones de pesos.

Hasta ahora, los intentos de Torreblanca porque el titular de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Guerrero, Elías Cuauhtémoc Tavárez Juárez, le entregue copia de la cuenta pública del ayuntamiento, de 1993, no han fructificado, pues el funcionario alega que los archivos deben encontrarse en la sede municipal.

Recientemente, uno de los asesores jurídicos de la alcaldía, Raymundo Melgarejo, se entrevistó con el delegado de la PGR en Chilpancingo, Raúl Jesús Izábal Montoya, para exigirle que la investigación ?el expediente fue enviado de Acapulco a la capital del estado? se destrabara.

El delegado de la procuraduría le ofreció una cita para el 7 de marzo pasado, pero la entrevista no se realizó, y después el funcionario encomendó al agente del Ministerio Público Federal Moisés Jiménez reunirse con el abogado.

Moisés Jiménez es el representante social que conoció la denuncia en primera instancia y quien desde el inicio del proceso "dio muestra de desinterés y tendencia a obstaculizar el curso de la denuncia", según Melgarejo.

En esa reunión, Jiménez insistió en su argumento original de que la denuncia debió presentarse en la instancia local, "en virtud de que una vez que los fondos son entregados por la Federación, éstos pasan a ser propiedad del ayuntamiento y su tratamiento será conforme a las leyes locales".

La evaluación que el municipio tiene del caso es que el gobierno del estado "está obstaculizando la investigación", para que las diligencias se practiquen después de las elecciones locales de octubre para renovar alcaldías y Congreso local.

La denuncia de hechos fue presentada desde el 17 de agosto del año pasado, y hasta el momento no se ha practicado ninguna diligencia.

La demanda se fundamenta, sobre todo, en la facturación de obras no realizadas, de compra de materiales de construcción en almacenes que no existen y porque se comprobaron gastos con documentación que, de acuerdo con un reporte de la contraloría municipal, no son reales.

El 3 de febrero de 2000, el contralor municipal, Rubén Huerta Marín, recibió al empresario José Francisco Rodríguez Sánchez, director de la empresa Edificación, Urbanización e Instalaciones Especiales, a quien le pidieron corroborar la autenticidad de 21 copias fotostáticas de supuestas facturas que había entregado a nombre de la presidencia municipal en mayo de 1999.

De acuerdo con el acta administrativa -de la cual se tiene copia al igual que de la denuncia de hechos-, Rodríguez Sánchez afirmó que su empresa no era proveedora del ayuntamiento y que, "por lo tanto jamás le ha vendido ningún material, ni le ha proporcionado servicio alguno".

En el expediente, que consta de 25 anexos, se incluyen las copias de las facturas apócrifas, los reportes de la contraloría municipal, las cartas de respuesta de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado, y la relación del manejo de las cuentas de cheques a nombre de Morales Burgart, así como documentos firmados por Añorve Baños para el pago de obras públicas que no se hicieron.

Para comprobarlo, la contraloría encargó al jefe de departamento A, Armando Quiroz Alcántara, iniciar una investigación sobre las obras del ayuntamiento realizadas en 1999 con fondos federales.

La primera obra que inspeccionó Quiroz fue la pavimentación con concreto hidráulico de la colonia La Lajita de Navidad, población de Llano Largo, incluida en el programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y en el subprograma pavimentación en zonas populares, por un monto de 66 mil 575 pesos.

En la colonia, la pavimentación no se realizó y sólo se entregó al presidente del comité de la colonia, Apolinar Antonio, un cheque de 7 mil pesos. Sin embargo, el ex jefe de departamento de la secretaría de planeación y desarrollo, Víctor Cortés Creso, le exigió días después a Antonio la devolución del dinero y le expidió tres recibos a nombre de otra persona.

También en Llano Largo, Quiroz Alcántara encontró que la construcción de un costurero público, del subprograma 04, construcción y remodelación de las casas del pueblo, plazas cívicas y jardines, tampoco se realizó y sólo se entregó a la presidenta del comité, Melecia Guerrero Romero, un cheque por 5 mil pesos.

Esos recursos, expresa en su denuncia el abogado del municipio, Juan Urbano Carreño, "se usaron para proselitismo en la campaña (de Añorve) para gobernador del estado".

Esa afirmación se sustenta en el reporte de Quiroz, quien señaló que cuando le preguntó a Guerrero Romero el uso que se le dio a los recursos, "en tono grosero respondió que ya no estuviera chingando, ya que ese dinero se lo había dado Manuelito Añorve" para realizar actividades políticas.

Como este caso, la demanda ubica otros casos de obras no realizadas en Acapulco, como la pavimentación del andador Pez Vela, de la colonia 6 de Enero; del andador Eligio Romero, de la colonia 1º de Mayo; el muro de contención de la calle Emiliano Zapata, de la colonia 20 de Noviembre; de la pavimentación de la calle 10 de Abril, de la colonia Alianza Popular; y la pavimentación del acceso principal del poblado San Isidro, entre otras.

La relación es amplia y el gasto se justificó siempre con facturas falsas. Más aún, la anterior administración incluyó como obras sociales la pavimentación de calles en zonas residenciales, como en el fraccionamiento Las Playas y en la colonia Costa Azul.

Sólo que en ambas, el pavimento ya existía.