Requiere el Congreso cambiar el artículo 21 constitucional

Exigirán activistas al Senado aprobar estatuto que crea la CPI

La corte, vigente desde el primero de julio, pretende dar certeza jurídica a estados e individuos víctimas de genocidio

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Organismos defensores de derechos humanos asistirán mañana al Senado de la República para exigir que apruebe el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y darán a conocer los resultados de una campaña de recolección de firmas en respaldo a esta iniciativa.

Coordinados por Amnistía Internacional, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, harán un acto simbólico al mediodía frente al edificio de El Caballito, para celebrar la entrada en vigor del mencionado estatuto.

El Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, entrará en vigor el primero de julio. Paulina Vega, secretaria técnica de la CMDPDH, explica que la importancia de este nuevo organismo radica en que es el primero que pretende dar certeza jurídica a los estados e individuos víctimas de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.

México firmó el estatuto de la corte el 7 de septiembre de 2000, pero aún no ha ratificado su pertenencia. El proceso está detenido porque antes el Congreso de la Unión debe modificar el artículo 21 de la Constitución Política, con el propósito de reconocer a los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que México ya forma parte.

El 6 diciembre de 2001 el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Carta Magna. Pero hasta ahora ésta no se ha discutido, ya que los priístas se oponen con el argumento de que se requiere cambiar todo el sistema jurídico mexicano, aunque se menciona que en el fondo está el temor de que militares o políticos de gobiernos pasados sean juzgados.

Tal como está la Constitución, la corte no puede tener jurisdicción en México. El artículo 21 establece el monopolio de la persecución del delito por parte del Ministerio Público, así como las reglas sobre la imposición de la pena.

Los antecedentes de esta corte, señaló Vega, se encuentran en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional vio la necesidad de contar con una corte penal internacional que juzgara crímenes considerados como los más graves para la humanidad.

Ante la falta de este instrumento, el Consejo de Seguridad de la ONU creó tribunales especiales, pero con limitaciones. Finalmente, el 17 de julio de 1988, en Roma, Italia, 120 estados votaron en una conferencia diplomática, auspiciada por la ONU, en favor de la adopción del mencionado estatuto, el cual crea la Corte Penal Internacional como un tribunal permanente con jurisdicción sobre los delitos de lesa humanidad.

Vega refirió que la jurisdicción que le fue concedida a esta corte es de carácter complementaria a la de los tribunales penales nacionales. La CPI pudo entrar en vigor gracias a que 60 estados reconocieron su jurisdicción.

La CPI, explicó, pretende dar certeza jurídica a los estados e individuos, ya que cuenta con una competencia clara y específica, lo que evitará la creación de nuevos tribunales especiales.