Coordinadoras zapatistas empezaron una campaña en el Distrito Federal

Buscan ONG "desenmascarar" acuerdos de protección ecológica firmados por el gobierno

Pretenden demostrar la relación que existe entre el ALCA y el Plan Puebla-Panamá

CAROLINA GOMEZ MENA

Las coordinadoras zapatistas del Distrito Federal arrancaron ayer una campaña informativa con el objetivo de "desenmascarar la realidad de los supuestos acuerdos de protección ecológica que ha firmado el gobierno y la relación que éstos tienen con el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y ahora con el Plan Puebla Panamá (PPP)".

La estrategia, denominada Campaña en Defensa de la Soberanía Nacional, y por el respeto a los municipios autónomos zapatistas y el rechazo al desalojo de Montes Azules, también pondrá énfasis en la participación que han tenido diversas trasnacionales farmacéuticas, así como organizacines no gubernamentales (ONG) "disfrazadas de ambientalistas, entre ellas la estadunidense Conservation International y Pronatura, las que con engaños están entrando a las comunidades indígenas y saquean los recursos biológicos nacionales".

Asimismo, se dará a conocer la relación que estas agrupaciones tienen con el Banco Mundial (BM); un ejemplo de ello es "Conservation, la que se dice amiga de la naturaleza, pero en realidad es colaboradora cercana del BM, y desde hace varios años administra la reserva de la biosfera de Montes Azules, en Chiapas".

Sobre esto, Patricia Hernández, integrante de la coordinadora zapatista de Benito Juárez y vocera de la campaña, indicó que la demanda al gobierno federal es que por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explique "por qué se sigue permitiendo el saqueo de los recursos bióticos, cuando la idea que nos vendieron era que defenderían nuestros recursos naturales".

En entrevista, Patricia Hernández detalló que durante la estrategia (que tendrá carácter de indefinida) se darán pláticas de biodiversidad, biopiratería, PPP, transgénicos y de defensa de la tierra, a cargo de los ejidatarios de Atenco. Agregó que en principio sólo se llevará a cabo en la capital, pero que la intención es que por medio del Congreso Nacional Indígena (CNI), en breve se extienda al resto del país.

Además de las 16 coordinadoras del DF participaron en el acto de lanzamiento, que se realizó en el Hemiciclo a Benito Juárez, el Frente Zapatista, el Comité de Apoyo a la Zona Norte, ejidatarios de San Salvador Atenco y algunos universitarios. Allí se instalaron módulos informativos y de juegos, como la lotería de animales y el del espejo, donde se pudo observar el último animal en extinción: el hombre.

Hernández dijo a los presentes que "los últimos informes de los enlaces civiles reportan que la presión militar está muy fuerte; los paramilitares atacan a nuestros compañeros y saquean sus casas, pero sabemos que todo esto es parte del camuflaje que usa el gobierno para justificar el desalojo de la población, bajo el criterio de que los indígenas depredan la zona, pero basta aplicar la lógica para rechazar esa tesis, porque si en tantos cientos de años que han estado allí, la selva no se degradó, Ƒpor qué habría de pasar ahora?", preguntó.

De ahí también el rechazo a estrategias como el corredor biológico mesoamericano (CBM) y que el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero (Coinbio) tenga como finalidad "hacer un llamado a la población para que juntos demandemos al gobierno información clara y precisa sobre esos acuerdos, y por qué hay agrupaciones ambientalistas extranjeras metidas en la selva Lacandona, en Oaxaca y en Guerrero".

A decir de las coordinadoras, sobran ejemplos de saqueos, uno de ellos es la "obtención de la patente, por parte de una compañía holandesa, de la bacteria que provoca la fermentación que da origen al pozol (bebida tradicional maya)". Todo ello "se ha hurtado con la complicidad del BM, institución que acordó destinar al CBM 90 millones de dólares a lo largo de siete años, divididos en dos fases, la primera de cuatro y la segunda de tres años, con fecha de término tentativa para el 30 de junio de 2008. Mientras que los gobiernos locales aportarían 66.99 millones, los cofinanciadores internacionales 2.44 y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, 14.84", entre otros.