De efectuarse será la "no obra más cara" en la historia de la ciudad, señalan diputados

Cuestionan PAN y PRI la realización del plebiscito

LAURA GOMEZ FLORES

Diputados de los grupos parlamentarios de PRI y PAN en la Asamblea Legislativa advirtieron que si el plebiscito se lleva a cabo será la "no obra más cara en la historia de la ciudad de México", con un valor de 120 millones de pesos, cifra superior a los recursos canalizados a la capacitación de policías o que permitirían multiplicar por cuatro el programa de apoyo a grupos marginados.

Con esos recursos, en el lenguaje del actual gobierno capitalino, se duplicaría el programa de apoyo a adultos mayores que reciben 600 pesos mensuales y tiene un costo anual de 120 millones de pesos; o aumentaría en 150 por ciento el programa integrado de desarrollo social de ampliación de viviendas, que tiene una cobertura de 5 mil 168 familias con un apoyo de 16 mil pesos y un valor total de 82.7 millones de pesos.

O bien, subsidiaría el precio de la leche en 274 millones de litros, en beneficio de 68.7 millones de personas, suponiendo un consumo de cuatro litros por persona, explicó el diputado panista Federico Doring al expresar la necesidad de que esos recursos sean canalizados a obras de infraestructura de alto impacto social y no a un proyecto que sólo atendería a los automovilistas particulares.

En conferencia de prensa explicaron que la convocatoria publicada por el gobierno local para llevar a cabo el plebiscito referente a la construcción del segundo piso en Viaducto y Periférico es ilegal, debido a que no se publicó ni en la Gaceta del Distrito Federal, ni en el Diario Oficial de la Federación ni se atiende la inquietud de la ciudadanía reflejada en 92 mil firmas que ya le fueron entregadas.

El priísta Miguel González Compeán y el panista Walter Widmer cuestionaron la actitud del Ejecutivo local de dejar de lado la integración de un comité técnico encargado de elaborar las preguntas del proceso y que dé a conocer, entre otras cuestiones, la posición de los grupos sociales que están en contra de la obra; verificar la validez de las firmas; y colocar módulos suficientes para la votación.

A cambio, se publica una convocatoria tendenciosa y parcial, en la que las preguntas no son personalizadas y se carece de elementos que diagnostiquen el impacto ambiental, social y económico que ocasionará la obra; y ha generado una disputa de recursos con el Instituto Electoral del Distrito Federal, violentando su propio ejercicio presupuestal, lo cual resulta terrible, dijeron.

Todas estas anomalías "hacen que la convocatoria carezca de sustento jurídico, por lo tanto, es nulo, y ni el IEDF ni la Asamblea tendrán que dar respuesta alguna al mandatario local, hasta que cumplan con las formalidades que marca el Estatuto de Gobierno al respecto", señaló Widmer.