Las declaraciones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien sostuvo muy suelto de cuerpo que México podría seguir rápidamente el camino argentino, provocaron hasta ahora el derrumbe de la moneda nacional -el dólar en frontera superó los 10 pesos por unidad- y la caída de la Bolsa, además de encarecer aún más las importaciones de insumos para la industria, la agricultura y de alimentos y, por lo tanto, de agravar el déficit en la balanza de pagos. Como consecuencias de las palabras de quien debería sostener la economía nacional, estos primeros efectos no son nada desdeñables.

Cabría preguntarse si las afirmaciones de Gil Díaz no fueron premeditadas, para devaluar el peso y tratar de favorecer así las exportaciones de las grandes empresas trasnacionales industriales o de los grandes consorcios hortícolas (y a los posibles inversionistas extranjeros, los cuales afluyen cada vez menos a nuestras tierras). O sería posible preguntarse si la locuacidad del funcionario no linda con la irresponsabilidad. O, por último, quedaría la posibilidad de que Gil Díaz haya recurrido a medias verdades y al ocultamiento de datos como arma terrorista para paralizar cualquier reacción de la opinión pública ante una política que ni es fatal e irreversible, ni es lógica, ni es la única posible, y para esconder las responsabilidades propias y de su gobierno en la creación de las condiciones de crisis que supuestamente denuncia.

En cualquiera de los tres casos el gabinete gubernamental debería pronunciarse claramente respecto a qué piensa hacer para evitar que México siga el curso de Argentina (que por seguir al pie de la letra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y privatizar el petróleo, el gas, la energía y todas las empresas públicas pasó en pocos meses de ser el primer país latinoamericano en ingreso per cápita a ser el sexto más pobre del continente).

El secretario de Hacienda no puede ignorar que, a diferencia de Argentina, México aún es dueño de su empresa petrolera y de sus recursos energéticos, que según la Constitución son inalienables. No puede desconocer que si la Corte vetó la privatización indirecta de la energía eléctrica probablemente hará lo mismo en el caso del gas y del petróleo. No puede cerrar los ojos ante el hecho de que el Poder Ejecutivo no controla el Legislativo ni el Judicial, los cuales pueden -y, constitucionalmente, deben- obstaculizar los planes de privatización que vienen, como en Argentina, desde el gabinete ministerial. Además, aunque el funcionario finja no saberlo, existen aún importantes reservas cambiarias, se podría intentar repatriar los más de 40 mil millones de dólares exportados ilegalmente a Estados Unidos por empresarios mexicanos, el país podría dejar de subvencionar a los banqueros mediante el Fobaproa-IPAB para utilizar esos fondos para fortalecer el mercado interno y reducir la desocupación abierta o disfrazada y, además, podría defender internacionalmente el precio del petróleo, en vez de aumentar la producción del mismo para ayudar a Estados Unidos a mantener bajos los costos energéticos de modo de sostener su consumo interno.

También sería bueno que Hacienda recuerde que la caída de las recaudaciones impositivas, que mencionó el secretario Gil Díaz para amenazar con una inminente argentinización de la economía nacional, se debe a una política que privilegia las importaciones a costa de la industria nacional y que, por consiguiente, lleva a la quiebra a la pequeña y mediana industria (la cual deja por lo tanto de pagar impuestos) y a la desocupación a sus empleados (que tampoco pueden seguir pagándolos), mientras no crea empleos (desde enero de 2001 al cierre de este año se habrán dejado de crear nada menos que 2.2 millones de plazas) fortaleciendo en cambio el sector "informal" (que no paga tasa alguna). En vez de tratar de dar por hecho lo que no será posible hacer (la privatización del gas, la electricidad y el petróleo) con paralizantes declaraciones terroristas, Hacienda y el gobierno harían bien en sacar provecho de la experiencia argentina para cambiar urgentemente de rumbo y de política y reanimar el consumo, el ingreso nacional y el mercado interno.