La físcalía ha incumplido, indica Carmen Herrera

Aceptaremos cualquier resolución, si es sólida: defensores de derechos

BLANCHE PETRICH

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro "tiene el compromiso de aceptar la resolución del caso Digna Ochoa que sea, nos guste o no, siempre y cuando sea sólida e incuestionable", señaló a este diario la abogada del área jurídica de la organización, Carmen Herrera. La obligación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a su vez, "es esclarecer sin lugar a dudas qué fue lo que pasó el 19 de octubre del año pasado en el interior del despacho de Zacatecas 31-A. Las explicaciones de por qué ocurrió vendrán después, no antes". Hasta este momento -evalúa Herrera en entrevista- la fiscalía no ha cumplido con ese compromiso: "ni aclaró la situación de riesgo que llevó a los hechos consumados ni ha podido establecer la línea del suicidio".

Hace varias semanas los dirigentes del Centro Pro presentaron al procurador Bernardo Bátiz un escrito en el que expresaban su "extrañamiento" por el manejo indebido del expediente por parte de la fiscalía a cargo del subprocurador Renato Sales, "por la falta de cuidado y sigilo" ante la opinión pública.

La consecuencia -opinaba en ese momento el Centro Pro- "fue un daño a la imagen de Digna Ochoa y a la posibilidad de educar en materia de derechos humanos a la opinión pública". Por lo tanto, la ONG pidió en ese mismo documento que se abrieran investigaciones y se aplicaran las sanciones correspondientes contra los responsables de ese manejo, para impedir en el futuro más filtraciones.

Cautela extrema

En ese comunicado, y de ahí en adelante en el resto de sus pronunciamientos públicos, destaca un cambio de lenguaje del Centro Pro: en lugar de hablar del asesinato de su ex compañera, se refieren a "los hechos que condujeron a su muerte". Herrera explica los motivos: "Quisimos ser congruentes con nuestra disposición de aceptar cualquier resultado que esté basado en pruebas sólidas, ubicación de los hechos en todas las líneas de investigación y verificación de la prueba. La posición del Pro no puede ser de no aceptar una conclusión que no nos guste".

El Centro Pro ha sido cauteloso en la toma de posición ante el asesinato de Digna Ochoa. Trascendió que las primeras dudas acerca de la veracidad de las amenazas de muerte y la persecución que sufría Digna surgieron precisamente de sus compañeros del centro, en particular los dos dirigentes, David Fernández, el anterior, y Edgar Cortez. A raíz de esas dudas, según la autoridad, se puso en tela de juicio toda la secuencia de denuncias que se presentaron por esas amenazas, como uno de los argumentos para construir la hipótesis Sales, es decir, que estas amenazas fueron fabricadas por una mujer desequilibrada que finalmente culminó su trama suicidándose.

Interrogada al respecto, Carmen Herrera pregunta a su vez qué fue lo que pasó con las investigaciones de las seis averiguaciones previas que se abrieron para esclarecer las amenazas que cercaron por años al Pro y que nunca fueron resueltas. "ƑDónde están estas investigaciones? ƑDónde están los resultados? No nos toca a nosotros resolver esos casos. No nos toca a nosotros decir si son ciertas o no, de dónde venían, qué dimensión tenían. Que si nosotros dudamos o no... yo no asumo esa carga. Me niego a que el comportamiento del Pro sea escudriñado y puesto en duda por lo que el Estado dejó de hacer".

Michelle Meza, también del Centro Pro, presente en la entrevista, tercia: "La responsabilidad es del Estado. Ese clima de amenazas no se pudo resolver por la ineficiencia o incapacidad técnica de las autoridades judiciales. O bien, por falta de voluntad política en otros niveles".

En los últimos días, el Pro ha estado negociando con la PGJDF el nombramiento de un perito criminalista externo que venga a México a analizar el proceso de la averiguación previa de este crimen. El centro considera indispensable que se emita un tercer dictamen, altamente calificado, para resolver la contradicción que existe en la interpretación de la escena de los hechos entre el primer equipo, que encabezó el agente del Ministerio Público Nicolás Chávez y que concluyó que un tercero manipuló el arma de Digna (por lo que se trató de un homicidio), y el segundo equipo, del subprocurador Renato Sales, que sostiene que fue un suicidio.

Para lograr un acuerdo sobre el peritaje externo, explica Herrera, faltan por definir los términos y condiciones para el trabajo de este experto (aún no se define quién será, aunque se barajan varios nombres de los penalistas más renombrados del mundo) y, sobre todo, el valor que tendrá para la PGJDF el dictamen que se emita.

El miércoles el proyecto de acuerdo fue rechazado por la familia Ochoa y Plácido, al tiempo que solicitó la revocación del papel de coadyuvante del Centro Pro en la indagatoria. Además de las contradicciones mencionadas, Herrera indica que "hay otras, pero son referentes a datos del expediente que deben ser estrictamente confidenciales para no comprometer el futuro de la investigación".

A diferencia de lo que sostiene la abogada de la familia Ochoa, Bárbara Zamora, Herrera indica que la coadyuvancia del Centro Pro sí ha tenido acceso a todos los legajos del expediente integrado a partir de mediados de diciembre. Anteriormente, con el primer equipo, no tuvieron pleno acceso. "En ese momento la explicación que nos dieron es que había preocupación por el resguardo de la evidencia".