Miguel Concha
Megaproyecto
En la pasada colaboración ofrecí comentar el documentado análisis que la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) hace en su último informe sobre la situación actual de los pueblos indígenas en México, a propósito del Plan Puebla-Panamá. En el citado texto fundamenta la violación por el gobierno al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados e incluidos en la elaboración y realización de proyectos de desarrollo que los afectan, y explicar las preocupaciones, temores, resistencias y oposición que tienen sobre el mismo.
Teniendo en cuenta las conclusiones de dos importantes foros en la materia, celebrados en mayo y noviembre del año pasado, respectivamente, en Tapachula, Chiapas, y en Xelajú, Guatemala, en que los pueblos indígenas exigieron primeramente un debate público e informado sobre el megaproyecto, que incluyera los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la discusión de proyectos alternativos de desarrollo e inversión, y después expresaron su rechazo total al Plan Puebla-Panamá, la FIDH concluye que éste termina siendo un ambicioso programa de inversiones en el contexto de la actual globalización neoliberal, orientado a obras de infraestructura que propicien la inversión extranjera, la explotación de recursos naturales (diversidad biológica, agua, bosques, petróleo y turismo) y de la fuerza de trabajo -centrado en la industria maquiladora-, así como la circulación expedita de mercancías.
Ilustra en su informe los efectos negativos con el Plan Milenio que el gobierno de Puebla impone desde arriba en beneficio de inversionistas extranjeros, asociados con las elites locales, el cual implica un nuevo concepto de la vida, ajeno a las prácticas culturales de las comunidades indígenas, y supone para su realización arrebatar la propiedad de la tierra a los campesinos; y con el proyecto supercarretero Oaxaca-Istmo-Huatulco, cuya finalidad, de acuerdo con los análisis de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas de la región, es garantizar los intereses de grandes empresas trasnacionales y nacionales, y no los intereses de las comunidades y de los pueblos.
Esto mismo lo ilustra con la manera de estructurar los presupuestos, tanto de las ocho iniciativas que conforman el Plan Puebla-Panamá, en su dimensión centroamericana, como de las inversiones federales de nuestra República. Así, en el primer caso, de los 4 mil 17.7 millones de dólares que están disponibles este año, 96 por ciento se destinarán a integración vial, interconexión energética y telecomunicaciones, lo que contrasta con el hecho de que sólo se destinarán 70 millones de dólares (que no llegan a 2 por ciento) al desarrollo sustentable, humano, y a la prevención y mitigación de desastres. En el caso de México, el presupuesto de egresos de la Federación reserva para este año sólo 202.2 millones de pesos (2.6 por ciento) para desarrollo social y salud, de los 7 mil 557.1 millones que suman los rubros asignados al Plan Puebla-Panamá, 6 mil 251.8 de los mismos, es decir 82.7 por ciento, corresponden a comunicaciones y transportes.
Para la FIDH, entonces el Plan Puebla-Panamá obedece a un concepto de desarrollo proveniente de arriba y de afuera, en el que la región es objeto de la política de gobiernos que no consultan a sus ciudadanos, sobre todo si son indígenas, la banca multilateral y los inversionistas extranjeros, y en el que las elites locales encuentran una oportunidad para la realización de sus intereses particulares, por la alianza con los actores externos.
Su diagnóstico y sus soluciones se mueven en una lógica econométrica, en la que las salidas se derivan de ecuaciones y modelos cuantitativos sin consideración alguna de los valores culturales comunitarios, a los cuales se sacrifica en aras del prometido desarrollo. Parte del supuesto de que erradicar la pobreza supone el desarrollo, y éste a su vez la inversión, la cual requiere posicionar a la región en la economía global y dotarla de las infraestructuras que hagan competitivas a las empresas privadas que en ellas se ubiquen. Poco importa que, como hace 500 años se arrase con los recursos, la vida, la organización y las culturas de los pueblos indígenas de Mesoamérica.
