Ratifica el funcionario del GDF denuncia por 37 muertes el 10 de junio de 1971

Pide Martín del Campo el arraigo de Echeverría hasta que se acaben las pesquisas por el halconazo

Hay elementos para integrar una averiguación por la represión de 1968: Alvarez Garín

El Cisen tiene antecedentes de que 3 millones de mexicanos fueron investigados, señala

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ANGEL BOLAÑOS

Jesús Martín del Campo, quien denunció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado al ex presidente Luis Echeverría Alvarez como responsable de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocidos como el halconazo del Jueves de Corpus, pidió al Ministerio Público Federal el arraigo del ex presidente hasta que se concluyan las indagatorias.

El subtesorero del Gobierno del Distrito Federal y ex diputado federal por el PRD, acudió a la también conocida como fiscalía para desaparecidos para ratificar la denuncia en contra de Echeverría Alvarez como responsable directo de la muerte de 37 personas durante la represión de que fueron objeto a manos de los llamados halcones, durante una marcha que partiría de la Escuela Normal Superior al Casco de Santo Tomás.

Jesús Martín Del Campo Castañeda planteó al del Ministerio Público que es necesario que se cite a declarar lo más pronto posible al ex presidente (1970-1976) y "deberían arraigarlo para evitar que se vaya a otra parte y no responda por lo sucedido".

Indicó que "hay personas interesadas en acudir ante la fiscalía para ampliar la denuncia, ya que ellos fueron testigos de los hechos y están dispuestos a rendir su testimonio, ya que algunos fueron o son vecinos de la zona donde ocurrieron los hechos".

Mencionó que él funge como denunciante directo de Luis Echeverría Alvarez (quien actualmente se encuentra de viaje en China), ya que durante esa represión su hermano Edmundo fue asesinado, al igual que otras 36 personas.

Antecedentes de desaparecidos

Por otra parte, Raúl Alvarez Garín, dirigente estudiantil en el movimiento de 1968, consideró que existen elementos que permitirían integrar una averiguación por los hechos del 2 de octubre y del 10 de junio de 1971 para comenzar a hacer consignaciones de los responsables.

El líder estudiantil acudió ayer al Gobierno del Distrito Federal, para conocer más sobre los documentos encontrados en sus archivos y en los que hay registros de personas que estuvieron presas en las cárceles capitalinas que aparentemente salieron libres, pero que se encuentran en las listas de desaparecidos políticos.

Recordó que ese tipo de situaciones las vivieron desde mediados de los años setenta hasta principios de los ochenta. En su caso particularmente en el estado de Jalisco, donde "nosotros tuvimos que hacer un plantón de cinco días, mañana, tarde y noche, sin movernos de la puerta del reclusorio para que nos entregaran a los compañeros detenidos y poder verlos salir con ellos", situación que también enfrentaron en el estado de Hidalgo.

Los detenidos, explicó, ya no llegaban a la cárcel de Lecumberri, los dejaban en las cárceles clandestinas y a partir de esto se instaura la política de las desapariciones.

Comentó que con la apertura de expedientes han surgido situaciones "monstruosas" que necesariamente deben también ser atendidas, como el que miles de personas se vieron impedidas de contar con un empleo, debido a la persecución política que padecieron.

En las listas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), refirió, hay registrados 3 millones de mexicanos que fueron investigados por razones de seguridad, lo que -dijo- es un escándalo, pues "ni todos los partidos políticos, ni todas las organizaciones de actividad política juntas llegaban a 100 mil personas".

Pero ahora, consideró Alvarez Garín, estamos cada vez más cerca de que los que fueron responsables sean llamados a comparecer, "esto se está transformando en un movimiento por la justicia y si el 2 de octubre no están en la cárcel, va a haber manifestaciones muy importantes", advirtió.