El asesinato del menor Josué Ulises Banda Cruz, perpetrado el lunes por la noche en la colonia Ramos Millán de esta capital por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno capitalino, es el más reciente episodio de una exasperante cadena de homicidios de ciudadanos a manos de efectivos policiales de distintas corporaciones.

El pasado 30 de marzo Guillermo Vélez Mendoza murió a bordo de una patrulla de la Agencia Federal de Investigaciones; las versiones de la Procuraduría General de la República atribuyeron indistintamente el deceso a la asfixia provocada por una llave china y a la supuesta obesidad o a la condición diabética de la víctima. Mes y medio más tarde, el militar José Gabriel Martínez Romero fue detenido por escandalizar en un hotel de Tlalpan, y murió cuando era trasladado por efectivos de la SSP de una agencia del Ministerio Público a otra. El Servicio Médico Forense estableció, en la autopsia de ley, que el deceso se debió a pancreatitis hemorrágica y a infartos pulmonares provocados por golpes.

Estos delitos de policías en activo obligan a evocar los tiempos nefastos en que policías capitalinos, bajo el mando de Arturo Durazo Moreno y Carlos Hank González, sembraron de cadáveres el río Tula, o la época más reciente de Oscar Espinosa y del general Salgado Cordero, en la que los tripulantes de una patrulla asesinaron a patadas a un sujeto porque lo descubrieron orinando en la vía pública, y en la que efectivos de los agrupamientos de zorros y jaguares perpetraron una indignante matanza en la colonia Buenos Aires.

Entre los viejos tiempos y los actuales hay una diferencia inocultable: la determinación, en el caso de las autoridades capitalinas, de esclarecer los hechos y de presentar a los culpables a la justicia. Pero entre la era de los gobiernos priístas --federales y urbanos-- y la época actual, de autoridades democráticamente electas, hay también un alarmante factor de continuidad: la presencia, en las filas de las corporaciones policiales, de peligrosos asesinos, dispuestos a ejecutar a ciudadanos por simples faltas administrativas o por resistencia al arresto.

Desde esta perspectiva, el saneamiento y la moralización de los cuerpos policiales --federales, estatales y municipales-- sigue siendo una asignatura pendiente, y urgente, de la penosa y accidentada transición hacia la plena democracia y la vigencia del estado de derecho.