Magdalena Gómez

Focos rojos

A raíz de la masacre de Xochiltepec ahora el gobierno federal, sólo ahora, "después del niño ahogado", está dando a conocer que tiene detectados focos rojos en otras regiones del país. Ciertamente esta problemática forma parte de la herencia priísta; sin embargo, no se observa cambio significativo en la estrategia para enfrentarla.

Si analizamos el Plan Nacional de Desarrollo, así como el relativo a pueblos indígenas, no encontraremos una propuesta de política de Estado que dé cuenta de la gravedad de la situación y, si de manera concreta observamos las reacciones ante la más reciente de las masacres, podemos anotar que es insuficiente presentarse ante las comunidades afectadas y conmoverse ante la tragedia, así sea para transmitir el pésame del señor Presidente. Luego se anuncia una más de las "coordinaciones intersecretariales" y se pondera como método que los funcionarios utilicen "el telefonazo" para coordinarse entre sí. Esta óptica reitera viejas prácticas que, como hemos visto, no dieron resultado.

La situación es sin duda compleja e involucra factores e intereses de diverso orden, que en el caso concreto de Xochiltepec deberán investigarse. Entraña las posibilidades de contar con un estado de derecho pleno, con normas y prácticas, porque hemos visto que el Estado no ha sido capaz de ejecutar las resoluciones jurídicas que se emiten en materia agraria, tampoco de promover de manera activa la reconciliación a partir del reconocimiento de las autoridades indígenas como sujetos políticos, quienes en zonas cercanas a Xochiltepec están aplicando programas forestales sustentables.

Llama la atención que los llamados focos rojos y la masacre misma configuren un escenario que los detractores de la iniciativa de la Cocopa señalaban como uno de los riesgos que desataría de ser aprobada en sus términos.

La experiencia señala que la apuesta del movimiento indígena por la reconstitución de sus pueblos no es meramente retórica, que hay conciencia de los procesos de crisis que enfrentan y que veían en los derechos demandados no una varita mágica, sino una puerta para tomar las riendas en la resolución de sus conflictos.

Oaxaca mismo es un estado que cuenta con una de las legislaciones indígenas locales más avanzadas y, sin embargo, los ámbitos involucrados en los asuntos estratégicos de los pueblos corresponden a la Federación, cuestión que al órgano reformador de la Constitución no le importó cuando en su pretendida reforma indígena reguló que la autonomía y sus características son locales.

Precisamente las próximas semanas conoceremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las controversias indígenas, la cual, en el mejor de los casos, reconocería la evidencia de que la reforma indígena se procesó con vicios legales que la invalidarían. Con ello la pelota estaría de nueva cuenta en la cancha del Congreso de la Unión, palanca real de las reformas constitucionales.

Mientras esperamos una nueva postura de la clase política ante la cuestión indígena, los ciudadanos compartimos la creciente convicción de que el gran foco rojo del país es el desencanto ante una alternancia sin contenido.