La campaña de movilizaciones en España concluirá con una huelga general el día 20

Protestan decenas de miles en Sevilla contra la reforma laboral impulsada por Aznar

La Iglesia católica defiende el derecho de los trabajadores al paro y critica ley de migración

REUTERS, AFP Y PL

Madrid, 9 de junio. Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Sevilla contra la reforma laboral aprobada recientemente por decreto por el gobierno español que encabeza el conservador José María Aznar, en una campaña de movilizaciones que culminará en una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para el 20 de junio.

Las movilizaciones contra el llamado decretazo siguen cobrando fuerza en momentos en que la crisis que enfrenta al gobierno e Iglesia católica subió de tono al extenderse la polémica hacia los temas de la huelga general y las leyes de inmigración.

Cerca de 250 mil personas, según los sindicatos (150 mil según la policía local y sólo 50 mil según la delegación del gobierno) participaron en la marcha por las principales calles de la capital andaluza para exigir al gobierno la retirada del polémico decreto-ley de reforma de las prestaciones por desempleo.

Con el lema: "Son tus derechos, que no te los quiten", a la protesta asistieron también el número dos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, y el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares.

Ambos acompañaron a los líderes de Comisiones Obreras (CCOO), José María Fidalgo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, quienes calificaron la movilización como un éxito.

Los sindicatos acusan al gobierno de pretender recortar las prestaciones para los desempleados, denuncia negada por el Ejecutivo que asegura que la reforma supondrá una mejora de los derechos de los desempleados.

"Quien pretende perjudicar a los trabajadores españoles, que ya estábamos perjudicados por la reforma de 2001 y ahora por la del 2002, es Aznar", declaró el secretario general de UGT, Cándido Méndez, al término de la manifestación en Sevilla.

Méndez respondió así a las críticas lanzadas el sábado por Aznar a los sindicatos, a quienes acusó de pretender "perjudicar y hacer daño a España", al convocar un paro general la víspera de la Cumbre de Sevilla, que pondrá fin al semestre de presidencia española de la Unión Europea.

Según los sindicatos, la reforma a las prestaciones por desempleo planteada por el gobierno reduce la protección del trabajador y del desempleado, y supone una rebaja de los costos de despido.

Asimismo, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, José María Fidalgo, se mostraron contrarios a la reforma de la Ley de Huelga para determinar los servicios esenciales anunciada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio.

Méndez manifestó que "probablemente el ministro está intentando justificar su intento de bloquear el ejercicio del derecho democrático y constitucional de la huelga".

Por su parte, Fidalgo afirmó que el presidente del gobierno español, José María Aznar "debe darse cuenta que el 20 de junio el jorobado va a ser él". Sostuvo que "en España hay una legislación sobre la huelga, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y, de elaborarse una nueva normatividad, debería ser una que impidiese que gobernantes como Aznar, por decreto, recortasen el derecho a trabajar dignamente y a tener cobertura de cientos de miles de personas en un acto legislativo injusto e innecesario".

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, defendió la independencia de las centrales sindicales en la convocatoria de la huelga del día 20. "A estas alturas, nadie se cree en España que los sindicatos no actúan con plena autonomía y responsabilidad", afirmó. "Lo único diferente con respecto de hace cuatro años es que el gobierno tiene hoy mayoría absoluta, y quiere y puede aplicar su auténtico programa de derecha".

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió a Aznar que "abandone la arrogancia, la prepotencia y la borrachera de mayoría absoluta, y que escuche el clamor de los ciudadanos", en referencia a la manifestación en Sevilla, informó la agencia Europa Press.

Blanco, quien se encontraba a la cabeza de la manifestación, indicó que Aznar "debe mirar a la gente y saber que con 10 millones de votos no puede imponer una reforma contra 40 millones de ciudadanos que quieren diálogo y que retire la reforma".

En este sentido, dijo que Aznar tiene la capacidad de retirar el decreto, de abrir de nuevo un diálogo con los sindicatos, de evitar que se abarate el despido y que se recorten prestaciones, indicó Europa Press.

En este contexto, el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, en declaraciones al periódico El País, consideró injustas las expresiones del gobierno contra el paro general y recordó que la huelga es un derecho de los trabajadores establecido por la Constitución española.

El prelado precisó que "una huelga general tiene un componente político de desgaste para el gobierno, pero hay razones fundadas para hacerla y no veo que sea injusta".

En cuanto al reciente anuncio del Ejecutivo sobre cambios en la ley de extranjería para reforzarla, el obispo consideró que "hay que mejorarla, pero no para endurecerla, sino para que sea eficaz y no implique echar la carga del problema sobre los más débiles".

La jerarquía católica opina que la anunciada modificación supone un recorte de los derechos humanos, y que la eliminación de los criterios de arraigo y reagrupación familiar que pretende la nueva reforma provocará una desvinculación de los inmigrantes con sus familias y hará más difícil su integración social.

El sábado, miles de personas -unas 20 mil según los organizadores y 6 mil según el gobierno- marcharon por el centro de la localidad extremeña de Badajoz contra la controvertida reforma laboral. La manifestación fue la primera de una serie de protestas organizadas por los sindicatos en numerosas ciudades de España, previas a la huelga general del 20 de junio.

Con estas manifestaciones y con el paro general previsto para finales de mes, los sindicatos pretenden forzar al gobierno a que retire la reforma laboral, por entender que supone un "recorte" de las prestaciones al desempleo y un ataque a los trabajadores.