Lora Lumpe *

Entrenamiento militar de EU

En su guerra actual contra el terrorismo, el gobierno de George W. Bush corre el riesgo de crear nuevos terroristas que ataquen a su país el día de mañana. Derivé esta conclusión de un estudio reciente que realicé sobre los programas mundiales de entrenamiento militar existentes.

Durante la guerra fría, con base en intereses de corto plazo, Estados Unidos equipó y entrenó a ejércitos extranjeros con los peores historiales en derechos humanos del mundo. Como muestra basta un botón: hoy en Afganistán las tropas estadunidenses están combatiendo contra fuerzas que la CIA armó y equipó 15 años atrás.

Similarmente, en 1999 las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU enfrentaron a milicias matonas en Timor Oriental que habían sido creadas por el ejército de Indonesia, al cual Estados Unidos había entrenado por lo menos hasta mediados de 1998. Los programas de entrenamiento de Estados Unidos son cómplices del aumento brutal de las fuerzas paramilitares de Colombia, responsables de la gran mayoría de los asesinatos políticos que ocurren en ese país.

A lo largo del decenio pasado, Estados Unidos interactuó con los gobiernos extranjeros mediante el entrenamiento militar. Se-gún las estimaciones de nuestro estudio, hacia finales de 1999 las fuerzas militares estadunidenses estaban proporcionando en-trenamiento anual a 100 mil soldados extranjeros de más de 150 países. Esta ayuda incluyó asesoría en diversas esferas, como contrainsurgencia y técnicas de interrogación.

Desde el 11 de septiembre la administración Bush ha anunciado planes para expandir estos programas y ha pedido al Congreso que incremente de manera importante la ayuda a países como Uzbekistán, Tadjikistán, Georgia, Etiopía, Filipinas, Colombia y Yemen, en muchos de los cuales gobiernan regímenes déspotas, algunos involucrados en guerras fronterizas que han provocado gran sufrimiento a la población civil. Así por ejemplo, a pesar de la complicidad del ejército indonesio en los ataques en Timor Oriental en 1999, el ejército estadunidense está nuevamente presionando para que se le permita regresar a ese país.

Si Estados Unidos está proveyendo asistencia a gobiernos que reprimen y torturan a su gente en nombre del combate del terrorismo, Ƒno es de esperarse que más gente desesperada alrededor del mundo identifique al gobierno de Estados Unidos y, por extensión, a su sociedad, como culpables de su sufrimiento?

Por mucho tiempo Pentágono y gobiernos estadunidenses han considerado el entrenamiento y la asistencia a ejércitos como un instrumento invaluable de la política de se-guridad nacional de Estados Unidos. En los años 90 el entrenamiento se llegó a describir crecientemente como una herramienta efectiva para fomentar y mantener lazos con oficiales medios de los ejércitos de países con los que Estados Unidos desea trabajar en un futuro. La venta de armamento estadunidense después de la Guerra del Golfo contribuyó a expandir el entrenamiento militar de fuerzas extranjeras, ya que la venta y transferencia de armamento van siempre acompañadas de aleccionamiento en materia de operación y mantenimiento de los equipos. En particular, la guerra "contra las drogas" ha provocado el aumento de las tareas de entrenamiento en Latinoamérica.

Bajo la presión del Congreso y la opinión pública, estos programas se justificaron normalmente, al menos en parte, como elemento de los esfuerzos de democratización y adhesión a los principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Sin embargo, en la investigación sobre el entrenamiento militar de Estados Unidos en el exterior, que realicé para el Institute for Foreign Policies, encontré que muy pocos de los programas de entrenamiento, incluso los anteriores al 11 de septiembre, estaban enfocados a los derechos humanos.

Por ejemplo, en los últimos ocho años el presupuesto para la mayor parte de los planes conocidos, entre ellos el Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (PEEMI), se ha cuadriplicado. A pesar de que cada año el Departamento de Estado insiste en que dicho programa está en parte diseñado para fomentar el respeto a los derechos de las personas, el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado 2002 identifica a las fuerzas de seguridad en 51 de los países programados para recibir ayuda del PEEMI este año (38 por ciento del total) por sus violaciones a derechos humanos. En América Latina, el reporte señala a las fuerzas de seguridad presentes en países como Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

Sorprendentemente los cursos ofrecidos en la ahora llamada Escuela Militar de las Américas (Army School of the Americas) indudablemente incluyen una perspectiva más centrada en los derechos humanos que la que ofrecen los cursos en cualquiera de las otras 150 instituciones estadunidenses de entrenamiento a oficiales militares extranjeros. Por ejemplo, cuando soldados mexicanos reciben entrenamiento en técnicas de interrogación en la Escuela de Inteligencia Militar de Estados Unidos (Army Intelligence School), en Fort Huachuca, Arizona, o aprenden técnicas de contrainsurgencia en el Centro de Guerra Especial (Special Warfare Centre), en Fort Bragg, Carolina del Norte, no se incluyen temas de derechos humanos ni se les instruye en derecho humanitario. Y eso no es todo. Buena parte del entrenamiento que existe actualmente es realizado por las unidades de fuerzas especiales de Estados Unidos, las cuales van a otros países a ofrecer entrenamiento como parte del esfuerzo del Pentágono para establecer vínculos estrechos con otros ejércitos. Si bien en Washington los militares insisten en que el entrenamiento del exterior también incluye la discusión de temas de derechos humanos, cuando pregunté a cuatro centros de comando regionales acerca de los curricula en derechos humanos que estaban usando, solamente una re-gión (Southcom, que cubre a América Latina excepto México y el Caribe) pudo proporcionar alguna evidencia, mínima, sobre la inclusión de este tema en sus programas de entrenamiento.

Como parte de la guerra contra el terrorismo, Bush está proponiendo que este año se aumente dramáticamente la asistencia a ejércitos extranjeros, muchos de los cuales han cometido violaciones graves a los derechos de sus sociedades. El gobierno pidió expresamente al Congreso mil millones de dólares más para ese tipo de asistencia, y específicamente pidió que se levantaran todas las restricciones a estos programas basadas en consideraciones de derechos humanos.

Por supuesto, como señaló recientemente ante el Congreso el general retirado William Nash, estos programas están diseñados para proteger los intereses de seguridad y estabilidad de Estados Unidos, no para promover los derechos humanos. En nuestro estudio, sin embargo, argumentamos que estos programas de entrenamiento deben ser restructurados a fondo para que sean más consistentes con los verdaderos intereses nacionales de la mayoría de los estadunidenses. Si no lo hacemos, podemos estar casi seguros de que los presidentes futuros de Estados Unidos enviarán nuevamente soldados a lugares lejanos a combatir fuerzas armadas o entrenadas por las redes de inteligencia y militares de nuestro país. Peor aún, nuestros gobernantes se verán obligados de nuevo a defender a la sociedad estadunidense de ataques directos por parte de antiguos aliados.

* Lora Lumpe es consultora en temas militares y de derechos humanos. Su nuevo reporte, US Foreign Military Training: Global Reach, Global Power está disponible en la página del Foreigh Policy Institute, www.fpip.org

Traducción: Marta Tawil