Luis Hernández Navarro

Hipocresía y derechos humanos

El fantasma del zapatismo se le aparecerá este miércoles a Vicente Fox en Europa. Para su pesar descubrirá que en cuestión de derechos humanos México no ha dejado de ser observado, aunque juegue a convertirse en observador.

El jefe del Ejecutivo difunde en la opinión pública una visión idílica en torno al conflicto de Chiapas y a la situación de los derechos humanos en México. En una entrevista reciente con el diario El País (5 de mayo de 2002) aseguró: "la ley de derechos indígenas es la más avanzada y vanguardista del mundo. Estamos en paz en Chiapas..."

Las afirmaciones presidenciales serán desmentidas por el más reciente informe que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas (CCIODH) presentará en el Parlamento Europeo hoy martes 14 de mayo. Un día después una delegación de la comisión entregará una copia del documento al mandatario mexicano cuando intervenga en Estrasburgo.

La CCIODH estuvo integrada en esta su tercera visita de trabajo a México por 104 personas de14 países. Su objetivo fue evaluar, un año y medio después de la toma de posesión del gobierno de Vicente Fox, la situación del conflicto en Chiapas. Entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2002 efectuaron 130 entrevistas con distintos interlocutores: institucionales, sociedad civil y bases de apoyo zapatistas.

Las conclusiones a las que llegaron desmienten categóricamente las afirmaciones presidenciales. La aprobación del proyecto de iniciativas constitucionales por parte del Congreso de la Unión está muy lejos de ser la legislación "más avanzada y vanguardista del mundo" y, por el contrario, no ha dado satisfacción a los pueblos indios, que no ven reflejada en ella la esencia de los acuerdos de San Andrés: no establecen que las comunidades deben ser entidades de derecho público, y no reconocen a los pueblos como sujetos de la ley ni depositarios políticos de los derechos a la libre determinación y la autonomía.

En Chiapas no hay paz. Los sobrevuelos de aeronaves militares federales siguen sembrando zozobra en las comunidades. Los patrullajes y retenes del Ejército Mexicano han ido aumentando paulatinamente y ya se ha hecho costumbre que los soldados improvisen sus puestos de control en los alrededores de las poblaciones para acosar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a interrogatorios e impidiendo el libre tránsito de los pobladores.

Lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia (cuyos dirigentes han sido liberados inexplicablemente), éstos siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, apoyados, como siempre, por las viejas estructuras municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad por omisión y comisión del ejército y los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales.

El problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio interior a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de apoyo del EZLN, se mantienen impunes. Hasta ahora el problema de los desplazados no ha sido atendido en su verdadera dimensión. Ni el gobierno federal ni el del estado han asumido que son personas forzadas a abandonar sus comunidades por la violencia paramilitar. En consecuencia impulsan retornos de desplazados en condiciones de inseguridad y bajo débiles acuerdos de reconciliación que no han sido precedidos por la justicia ni por la reparación de los daños causados a las víctimas.

Pero, más allá del informe de la CCIODH, la situación de los derechos humanos en México sigue siendo preocupante. En Chiapas han sido encarcelados durante los últimos meses 17 zapatistas más. El crimen de Digna Ochoa no se ha esclarecido aún, y otros abogados han sufrido amenazas de muerte. Un grupo de jóvenes estadunidenses que homenajearon al batallón de San Patricio el pasado primero de mayo fueron deportados del país. A pesar de que se creó una fiscalía especial para supuestamente investigar el problema de los detenidos-desaparecidos, durante los primeros meses del gobierno de Vicente Fox ha habido 15 casos de detenidos-desaparecidos, y recientemente un detenido fue asesinado, presumiblemente durante la tortura.

Simultáneamente, la antigua defensora de derechos humanos, efímera embajadora sin aprobación del Senado y ahora subsecretaria de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta, cabildeó (en una nueva versión del voto útil) con los senadores de la República para aprobar dos modificaciones a la Convención sobre Desapariciones Forzadas mediante las cuales se garantiza la impunidad de quienes planearon y ejecutaron esa aberrante política.

Para justificar su acatamiento a los deseos de Washington en torno a Cuba el gobierno mexicano invocó la causa de los derechos humanos. Que no se llame a engaño cuando la comunidad internacional lo juzgue con la misma vara.