Las aguas del río Bravo, el debate en proceso

MARY E. KELLY*

El río Bravo ya no llega al Golfo de México. Está bloqueado por un banco de arena que es resultado de varios años de escaso flujo de agua. Este hecho es simbólico de la extrema estrechez en que se encuentra toda la cuenca transfronteriza del Bravo. Y los problemas del río se manifiestan ahora en una disputa cada vez más agria entre México y Estados Unidos.

Acusaciones van y vienen sobre la distribución del agua de la cuenca del Bravo. Algunos políticos texanos amenazan con tomar "represalias" por lo que según ellos es el incumplimiento mexicano de las obligaciones asumidas en el tratado de 1944, el cual rige la forma en que deben compartirse las aguas de esa cuenca vital. Parecen estar de acuerdo con los granjeros del bajo río Grande en que México manipula en alguna forma su parte de la reserva para retener deliberadamente el agua y llevarlos a la ruina. Y han montado una campaña permanente para convencer a las autoridades federales estadunidenses de que México debe dejar que el agua fluya a través del Bravo en vez de usarla para regar sembra-díos en Chihuahua.

Lo que estos texanos no reconocen es que el norte de México padece una prolongada y severa sequía que ha reducido la capacidad de sus depósitos de agua hasta niveles peligrosamente bajos. Una de las mayores reservas de la porción mexicana de la cuenca, la presa La Boquilla, sobre el río Conchos, en Chihuahua, está a menos de 20 por ciento de su capacidad; aguas abajo ese río, la presa Luis León está a 13 por ciento, y la parte mexicana del sistema conjunto La Amistad-Falcón tiene menos de 10 por ciento de su capacidad. Bajo estas condiciones, a menos que suspenda todo suministro para riego, no hay forma de que México reponga el déficit de 1.4 millones de acres-pies que tiene actualmente conforme al tratado, como muchos en Texas exigen.

A la fecha, la mayoría de los funcionarios de Washington han mantenido un bajo perfil respecto a las negociaciones sobre el tema. Sin embargo, las constantes presiones de Texas, la amplia cobertura de los medios y la falta de avance en la resolución de la disputa pueden comenzar a hacer difícil que mantengan esa postura.

No puede pasarse por alto que México tiene en efecto cierta responsabilidad por la situación actual. Una mirada objetiva a la administración de los recursos hidráulicos durante la última década, sobre todo en la cuenca del Conchos, indica que durante 1996 y 1997, por lo menos, los administradores no redujeron el riego en respuesta a la sequía. Quizá creyeron que las lluvias relativamente buenas que hubo en esos años significaban que la sequía había terminado. O tal vez contaban con que un buen huracán o dos ayudaran a llenar las presas y borraran el déficit de los registros. Cualquiera que fuese la razón, las reservas alcanzaron niveles bajísimos... y las lluvias nunca llegaron.

México también enfrenta algunas dificultades internas al manejar su parte de la reserva del Bravo. Por ejemplo, no existe un acuerdo formal entre los estados fronterizos sobre la forma en que debe dividirse esa parte mexicana. Por lo tanto, Tamaulipas -como estado situado corriente abajo- está prácticamente a merced de cuánta agua se use en Chihuahua. Y los rancheros tamaulipecos han sufrido enormemente en los años pasados, pues reciben cada vez menos agua para sus sembradíos. La mayoría de esos rancheros ya sólo siembran cultivos de tierra seca, como el sorgo.

ƑQué deben hacer los gobiernos? Un estancamiento en cuanto a la forma en que debe interpretarse el tratado de 1944 no solucionará nada, como tampoco las reiteradas exigencias de realizar acciones poco prácticas. Un escalamiento mayor de la disputa sólo causará daño a nuestra importante relación bilateral y afectará la capacidad de nuestras naciones de cooperar en asuntos importantes relacionados con el agua en otras partes de la frontera. (Por ejemplo, los intereses locales en Ciudad Juárez-El Paso hacen importantes esfuerzos por desarrollar un plan de administración conjunta del acuífero Hueco Bolsón, y las propuestas de restauración en el delta del Colorado y el golfo de California, de alto valor ecológico, están generando fuerte apoyo binacional.) Una disputa creciente también puede amenazar los avances en asuntos migratorios, de desarrollo económico y de infraestructura.

Los intereses de ambos gobiernos, y los de las personas que dependen del río Bravo, estarán mejor atendidos mediante la cooperación y la negociación. Existen varios aspectos en los que es posible alcanzar progreso a corto plazo. En primer lugar, los gobiernos deben acordar rápidamente una fórmula para distribuir las lluvias que caigan este año. Es probable que cualquier fórmula encuentre objeciones: los que riegan sembradíos en Chihuahua quizá no quieran ceder nada de agua, y los granjeros de Texas tal vez consideren insuficiente cualquier cosa que no sea el pago total del déficit. Esas objeciones pueden remontarse mediante esfuerzos federales por compensar las pérdidas legítimamente documentadas e invertir en mejorar la eficiencia de los sistemas de riego.

En segundo lugar, los gobiernos deben trazar de común acuerdo, antes de fin de año, un plan para hacer frente a la sequía en la cuenca del Bravo. Si algo ha demostrado la crisis actual es que carecemos de un plan para enfrentar la sequía. El plan debe incluir criterios para reconocer cuando una sequía se adueña de la región; pasos para manejar las reservas más importantes de la cuenca en tiempos de secas, y provisiones para establecer un monitoreo expandido, accesible vía Internet, de los flujos de los ríos, de modo que todos los interesados puedan entender mejor el estado de la cuenca en periodos de crítica escasez de lluvia.

En tercer lugar, Estados Unidos y México necesitan desarrollar un plan de pagos del déficit actual. Visto con realismo, es muy improbable que México pueda pagar la deuda antes de que concluya el ciclo actual de cinco años que estatuye el tratado. Pero negociar un plan realista, basado en la precipitación real (no en el pronóstico), puede ayudar a reducir las tensiones.

Por último, los gobiernos deben acordar una cumbre binacional que desarrolle un plan de administración integral y sustentable para la cuenca, en la que participen los grupos claves de usuarios del agua, organizaciones de conservación y los gobiernos locales y estatales. Este concepto fue propuesto originalmente por México e integrado a un acuerdo entre los dos países, signado en 2001. Sin embargo, la disputa actual parece haber detenido las acciones sobre esa idea.

En estos días, organizaciones de conservación de ambas naciones se reunirán en un foro en Chihuahua para discutir qué acciones de cooperación pueden adoptarse para proteger y restaurar la cuenca del Conchos. Esta reunión no se enfocará únicamente en el déficit de agua; más bien, es una oportunidad de desarrollar con espíritu de colaboración ideas específicas para lograr avances. Esperemos que los gobiernos reconozcan que hacer eso mismo servirá mejor a sus intereses.

Traducción: Jorge Anaya

* Directora del Texas Center for Policy Studies