MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
CON UN POCO de voluntad y diálogo, amén de la ayuda que significó la renovación del máximo cargo en la Asociación de Banqueros de México, el gobierno capitalino y los dueños de las instituciones financieras parecen haber encontrado una solución satisfactoria para ambas partes en un conflicto -que comenzaba a oler a enfrentamiento- que mantuvieron vivo desde hace alrededor de diez meses.
LA ASOCIACION DE Banqueros de México aceptó pagar su propia vigilancia y permitir que las medidas de seguridad de sus sucursales sean verificadas por dicha dependencia y la procuraduría capitalina. En reunión entre el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el recientemente electo presidente de la ABM, Othón Ruiz Montemayor, y representantes de los bancos que operan en el Distrito Federal, estos últimos aceptaron integrarse al programa de seguridad bancaria del gobierno capitalino y contratar por su cuenta personal de vigilancia. Además acordaron que la SSP y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal -sin intervención de la Secretaría de Hacienda ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- examinen cada una de las mil 300 sucursales bancarias, a fin de verificar que funcionen sus sistemas de seguridad, tales como alarmas y cámaras de video. De no ser así se estableció un plazo de 60 días hábiles para que cada institución cumpla con las normas internacionales de seguridad (La Jornada).
QUÉ BUENO, PUES, que los banqueros asuman su responsabilidad en el pago por la seguridad interna de las sucursales que operan en la capital del país, que hasta el momento cubría el gobierno del Distrito Federal, de cuyo erario salían anualmente 90 millones de pesos para garantizar -en algunos casos no con mucha efectividad- la tranquilidad de bancos, banqueros y clientes.
QUÉ BUENO, INSISTO, porque ahora sí los banqueros podrán dedicarse a resolver un problema realmente grave para el país, es decir, la parálisis del sistema bancario como intermediario del ahorro, su efecto directo en la estructura productiva nacional y su incidencia en el lento crecimiento económico, sin considerar el elevadísimo costo que el Fobaproa-IPAB representa para el erario nacional.
FELIZMENTE, YA SE pusieron de acuerdo en torno a de qué cartera saldrán esos 90 millones de pesos anuales para la seguridad bancaria en el Distrito Federal. Ahora sólo falta que los banqueros se dediquen a cumplir con su función intermediadora. Felizmente, también, Héctor Rangel Domene, el más reciente ex presidente de la ABM y autor de la famosa frase "en México la banca como negocio ha funcionado muy mal, las pérdidas que ha tenido han sido inmensas, pero es una buena inversión a futuro", ya se dedica a otros menesteres.
TOMANDO COMO BASE cifras oficiales, recientemente se publicó en La Jornada un recuento del "mal negocio" que es la banca -para el país, desde luego-. Durante el año pasado, más de 60 por ciento de los ingresos totales del sistema bancario privado que opera en el país provino de los intereses generados por los bonos IPAB-Fobaproa, en poder de las instituciones financieras, por los que el gobierno federal pagó 24 mil 270 millones de pesos, todos ellos considerados en el tres veces recortado presupuesto de egresos de 2001. Dicho sistema posee 332 mil 100 millones de pesos en títulos a cargo del IPAB-Fobaproa, lo que lo convierte -con casi 80 por ciento de sus activos bajo control de inversionistas extranjeros- en el principal acreedor del gobierno mexicano.
EL MONTO DE LOS intereses cubiertos por este concepto en 2001 resultó 59 por ciento superior al de las utilidades netas obtenidas por la banca en el mismo año, el cual se ubicó en 15 mil 283 millones de pesos. Para 2002, la Secretaría de Hacienda estima canalizar al IPAB 28 mil 493.6 millones de pesos, con lo que se hará frente a las obligaciones derivadas de los programas de apoyo a deudores. El Banco de México, por su parte, indicó que el sistema bancario comercial tiene 115 mil 400 millones de pesos en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) especiales, emitidos como parte de los títulos asociados a programas de restructura.
LA PRESENCIA DEL capital extranjero en la banca comercial dista mucho de aquella limitación que impedía hace ocho años participar a los bancos de otros países en más de 1.5 por ciento del mercado nacional. Esa limitación fue modificada en 1995, aplicando nuevas disposiciones que permitieron ampliar a 25 por ciento la participación de bancos extranjeros en los activos totales del sistema. En 1998, nuevas adecuaciones a la legislación financiera abrieron las puertas de par en par a las instituciones foráneas, para adquirir el cien por cien de los citados "malos negocios mexicanos.
ACTUALMENTE, ALREDEDOR de 80 por ciento de los activos totales del sistema bancario privado que opera en el país es controlado por bancos del exterior: Banamex-Citigroup; Bilbao Vizcaya-Bancomer; Santander-Serfin, Santander Mexicano y Bital, al tiempo que detentan 208 mil millones de pesos en bonos Fobaproa-IPAB en sus activos, que representan 63 por ciento de la deuda contraída por el gobierno federal con la banca por este concepto.
EN CONJUNTO, ESOS bancos de capital extranjero mayoritario -con excepción de Bital, en el cual Santander Hispano posee 26 por ciento de las acciones- tienen control sobre un billón 169 mil 500 millones de pesos en activos, equivalentes a 19 por ciento del producto interno bruto estimado para este año. Banamex Citigroup retiene 37 mil 733 millones de pesos como cartera Fobaproa, los cuales representaron 10 por ciento de su activo total al término del año pasado; BBVA Bancomer reportó 85 mil 753 millones de pesos por el mismo concepto, equivalente a 20 por ciento de su activo.
ARREGLADO EL PROBLEMA de los 90 millones de pesos para el pago de la seguridad interna de las sucursales bancarias en el Distrito Federal, los dueños de las mismas podrán destinar mayor tiempo y esfuerzo para echar a andar -después de siete largos años de caída real y permanente en el nivel de crédito otorgado por el sistema bancario- los "malos negocios" de su propiedad.
Las rebanadas del pastel:
ATERRORIZADOS POR LA cruel advertencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los banqueros aceptaron pagar de inmediato por la seguridad interna en las sucursales de su propiedad, ante la amenaza de ser multados hasta por 2 mil 500 salarios mínimos (alrededor de 100 mil pesos) en caso de no aplicar las normas establecidas en la materia... LO CIERTO ES que los banqueros dejan de propina esa cantidad... EL AUTOR de México S. A. se retira por unos días de las planas de La Jornada, ante el inminente arribo de un nuevo habitante a este heroico país. Nos encontramos de regreso.
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