El ministro Gudiño descalifica reporte de Dato Param

"Irreflexivo", el informe del relator de la ONU sobre el sistema judicial

JESUS ARANDA

José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que "aceptar la desproporcionada e irreflexiva" consideración del relator de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Dato Param, quien aseguró que la corrupción de los juzgadores federales mexicanos alcanza entre 50 y 70 por ciento, "nos obligaría a admitir la inexistencia de gobernabilidad democrática y de paz social en México", lo cual es "a todas luces insostenible".

Al participar en un acto académico en la Universidad Iberoamericana, Gudiño Pelayo explicó ampliamente el "desconocimiento" manifiesto del relator de Naciones Unidas sobre el sistema judicial del país. Relatar es referir o dar a conocer hechos reales, verdaderos, irrefutables, y en este caso abundan expresiones referidas a la opinión de otros y por ello frecuentemente se utiliza la expresión se dice".

Agregó que sus reservas sobre el informe de Naciones Unidas dado a conocer hace unas semanas no se sustentan en cuestiones subjetivas atribuibles al señor Dato Param, "sino en la carencia de una metodología adecuada para proporcionar un fundamento racional a las proposiciones que se presentan como conclusiones y que se exponen finalmente como recomendaciones".

La investigación que Dato Param realizó durante su estancia en México -del 13 al 23 de mayo-, añadió el ministro, contiene percepciones subjetivas de los informantes o de quienes plantearon "las supuestas denuncias" ante él; desecha "sin mayor argumentación" los aspectos que favorecieran al sistema de justicia en México.

Gudiño cuestionó también la extensión del informe, porque pretendió abarcar "todos, absolutamente todos los aspectos de la procuración y la administración de justicia, tanto local como federal, además de la militar".

También, dijo el ministro, el relator abarcó la problemática de la Comisión Nacional y las estatales de Derechos Humanos, la enseñanza del derecho en universidades; la regulación y ejercicio de la profesión de abogado; de las defensorías de oficio; de la cuestión indígena; de la situación de las mujeres; de la jerarquía de los tratados internacionales... Todo ello "en el tiempo récord de diez días".

En su intervención, Gudiño dijo que una constante del citado informe lo constituyen las calificaciones sin fundamento, la ligereza para enjuiciar y la falta de pruebas.

"De este modo se establece que el informe se fundamenta en percepciones subjetivas seleccionadas según el criterio del propio relator y sin rigor crítico alguno", puntualizó.

Sin embargo, reconoció que "la potencial seducción del informe" consiste en que muchas de esas percepciones pudieran coincidir con las propias, pero esta situación no pone a salvo el informe, pues éste no aporta ningún elemento de convicción que sea útil para corroborar o desvirtuar lo que ya se pensaba sobre el sistema judicial en el país".

El ministro concluyó: "Imaginemos a una persona acusada de un delito grave, a quien se le dicta sentencia de 30 años de prisión, en la que todos los hechos que motivan su condena son expresiones tales como se dice, al parecer o parece ser, fuimos informados, se recibieron quejas. Es indudable que esa resolución violaría derechos fundamentales del acusado y nadie dudaría que la sentencia es injusta". Esto mismo es lo que hizo el relator especial de la ONU con México, sostuvo.