La SCJN rechazó su controversia contra la ley indígena

La comunidad de Amaxac y el Prodh presentan una queja ante la CIDH

MATILDE PEREZ U.

La comunidad otomí de Amaxac, Veracruz, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación a su derecho de protección judicial que cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al rechazar la controversia constitucional que interpuso en contra de la ley sobre derechos y cultura indígenas, aprobada por el Senado en 2001.

La SCJN violó sus obligaciones en materia de garantías de debido proceso y protección judicial, ya que dejó en estado de indefensión al municipio de Texcatepec -al cual pertenece la comunidad de Amaxac- y a las comunidades que lo integran, al rechazar la controversia constitucional, expusieron los indígenas en la petición que entregaron a la CIDH.

El 14 de diciembre del año pasado, la SCJN resolvió que el acto de reclamación interpuesto por el municipio de Texcatepec se promovía en contra de una resolución que tiene el carácter de definitiva y por tanto la petición no procedía.

La Corte cerró su corazón y sus oídos al negar el derecho de reclamación por una reforma indígena que olvida y abandona a los pueblos, dijo Gabriel Luis Herculano, presidente del comisariado de bienes comunales de Amaxac.

Esperamos que la CIDH admita el caso y sirva para que el Estado restituya a la comunidad de Amaxac los derechos que la SCJN le negó, dijo Carmen Herrera García, coordinadora del área jurídica del Prodh.

Esta es el primer caso de una resolución de la Suprema Corte que se envía a la CIDH, la cual ha sostenido que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos deben ser cumplidas por todos sus órganos, incluyendo a la SCJN, explicó Herrera.

A tres días de que en la Suprema Corte se inicien las audiencias sobre las controversias constitucionales interpuestas por diversos municipios indígenas -el próximo lunes estará el municipio de Molcaxac, Puebla, y el martes siete ayuntamientos de Oaxaca-, los indígenas otomíes de Veracruz y el Centro Pro esperan que ''el más alto tribunal del país dé trámite a las controversias que se encuentran bajo su responsabilidad, respetando el debido proceso y asegurando la protección judicial a los pueblos indios, que a través de sus ayuntamientos han impugnado el procedimiento y resultado de la pretendida reforma constitucional'' sobre derechos y cultura indígenas.

La coordinadora del área jurídica del Prodh expuso que, históricamente, el Estado no ha ofrecido a los pueblos indígenas mecanismos eficaces para que en los procedimientos jurídicos que se inician se asegure el respeto efectivo de sus derechos, por ello se tiene que recurrir a instancias internacionales y argumentar los acuerdos y convenios firmados y ratificados por el gobierno, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).