Omitir respuesta convierte en cómplices a funcionarios, sostiene académica de la UPN

Abuso sexual en niños, delito que la autoridad conoce, pero prefiere ignorar, señala experta

De cinco casos de agresión en el IMSS, sólo una madre de familia denunció penalmente

A finales de 2001 el gobierno foxista canceló programa de atención emocional, señala

 ANGELES CRUZ

El golpe fue demoledor. La obligó a recordar su infancia. Sandra fue una niña violada. Supuso que ya había pasado el miedo que sintió y se aguantó, pero no. La experiencia vivida en ese entonces se le vino de golpe cuando tuvo la certeza de que su pequeña hija era víctima de abuso sexual, y, lo peor, en la escuela. Después, el coraje y la impotencia se apoderaron de ella por "la insensibilidad y la nula respuesta de las autoridades" a su demanda de justicia.

No es la única. En la guardería 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Juárez, hay por lo menos cinco menores víctimas de agresión sexual. Sólo una de las familias afectadas presentó denuncia penal ante "la indiferencia" de los funcionarios enterados del caso. Lo único que hicieron fue reubicar al presunto agresor y destituir a la directora, asegura María del Carmen Sánchez Ruiz, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Para la especialista en el tema no hay duda: aunque existe, el abuso sexual casi no se denuncia. A partir de su investigación para obtener el grado de doctora en Educación, asegura que en las instituciones públicas el problema es grave. Las autoridades tienen conocimiento, pero prefieren ignorarlo. Y esa es la evidencia en los casos que se han denunciado en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la guardería del IMSS.

El maltrato a menores en México es una "opresión institucionalizada". Se encuentra presente en las actitudes culturales, las creencias y las normas sociales. Por eso no es casual que se carezca de una legislación específica que proteja a las y los niños víctimas de maltrato y que tampoco se conozcan los casos.

Sin embargo, destaca, es fundamental que esta situación cambie, porque los daños infligidos a la infancia son graves y en ocasiones irreversibles. De entrada "los niños aprenden a no ser felices y a culpar a los demás de su conducta". Desde el punto de vista social, el maltrato -incluido el abuso sexual- es generador, por ejemplo, de drogadicción, deserción escolar, prostitución infantil. En el ámbito individual es frecuente que el o la afectada padezcan inseguridad, baja autoestima, agresividad, tristeza e incluso, se ha detectado entre las víctimas, intentos de suicidio.

Al no dar respuesta al problema los funcionarios se convierten en cómplices del agravio a los menores, sostiene la académica.

En el IMSS

Los primeros días de abril un grupo de madres de familia denunció que un trabajador de intendencia estaba abusando sexualmente de algunos niños. Hasta ahora se sabe que al menos cinco pequeños fueron agredidos. Exámenes médicos determinaron que sus genitales presentaban lesiones. A decir de las madres de los afectados, sus hijos, de cuatro años de edad, van solos al baño. Allí el presunto agresor los esperaba con el pretexto de que iba a lavar sus jergas para la limpieza.

Las madres de familia ya tenían varias quejas respecto al trato que se daba a sus hijos en la guardería 35. Lo del abuso sexual fue el colmo y se organizaron. Lograron una reunión con funcionarios de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, "pero nada más vino a parar la bronca", aseguran. Como ya habían empezado a salir a la calle, distribuyeron un volante en el que advertían a los padres de familia sobre el riesgo que podrían correr los niños si el presunto agresor estuviera trabajando en otra guardería.

De la entrevista con los funcionarios del IMSS -continúan las madres afectadas- únicamente lograron la salida de la directora de la guardería y la reubicación del presunto responsable, quien ahora se desempeña en un área administrativa, pero las madres exigen al IMSS la garantía de que no volverá a estar en contacto con los niños e incluso pidieron que le rescindieran el contrato.

Solamente una madre de familia demandó penalmente ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF). Por tratarse de una dependencia federal, la averiguación número FDS-47TO-00199/02-03 tendrá que ser remitida a la Procuraduría General de la República. La quejosa está a la espera de los resultados de la investigación. Por lo pronto, logró cambiar a su hijo de guardería y obtuvo del IMSS el compromiso de que otorgarán al pequeño la atención sicológica necesaria.

En este caso, opina María del Carmen Sánchez Ruiz, miembro desde 1994 de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, lo que las autoridades tendrían que hacer es ordenar una supervisión estricta sobre los procedimientos que se practican en esa estancia infantil, con cada una de las áreas y trabajadores. Se tendrían que corregir las fallas y asegurar la calidad en la atención, que en todos los casos debe ser profesional.

Lo ideal sería que se gestaran políticas públicas alrededor de la prevención del maltrato y específicamente del abuso sexual, mediante acciones multidisciplinarias. Sin embargo, admite, para que esto ocurra primero tendría que haber sensibilidad en las autoridades de la institución hacia el problema. Tendría que cambiar la concepción de que los niños son seres de segunda categoría y promover el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En la SEP, ruptura de continuidad

En los últimos tres años de la administración zedillista, la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal aplicó un programa de prevención y atención del maltrato infantil en las escuelas. Para ello se integró el grupo de trabajo llamado Estoy Contigo con sicólogos y expertos a quienes se capacitó específicamente en este tema. Casi al final del sexenio empezaron a impartir pláticas y a dar apoyo emocional individual y colectivo a padres de familia y estudiantes en escuelas.

Parecía que no pasaba nada, recuerda Sánchez Ruiz, quien entre 1999 y 2001 se desempeñó como asesora del grupo, pero conforme avanzaron en las sesiones de apoyo empezaron a salir los casos de abuso sexual, hasta sumar casi cien. Los especialistas empezaron a dar seguimiento a cada uno, pero a finales de 2001 la nueva administración decidió dar por terminado el programa.

Las terapias que durante unos meses las sicólogas impartieron en los planteles se truncaron y, lo peor, las víctimas de abuso sexual también se quedaron sin el apoyo que todavía requieren.

Ejemplo de ello son tres niñas quienes siendo estudiantes del segundo grado de primaria fueron agredidas por el profesor Hipólito Ramírez Ramírez. La madre de una de ellas relató su experiencia: "Nos enteramos casualmente en una visita a la iglesia. La niña nos dijo a su papá y a mí que el maestro les decía que Dios no existía".

Después, recuerda, ya en su casa "la niña empezó a platicar y dijo que el maestro le hacía caballito y le daba besos que no le gustaban, pero que también lo hacía con sus compañeras". Los padres de la menor indagaron con las otras niñas y se enteraron de que a una de ellas el maestro le había metido la mano entre las piernas. Efectivamente, sus hijas eran víctimas de abuso sexual.

Para los afectados lo más grave de la situación era que la directora del plantel no les hizo el menor caso. Salió en defensa de Ramírez Ramírez, quien estuvo al frente del grupo entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2001.

Los agraviados se dirigieron a varias oficinas de la SEP, pero en ninguna les dieron respuesta, hasta que llegaron al grupo Estoy Contigo. Las sicólogas tomaron el caso y dieron terapia a las menores y sus familias. Todo iba bien, por lo menos en la recuperación emocional, hasta que sin ninguna explicación el Centro de Atención a Víctimas de Maltrato y Abuso Sexual de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal canceló las terapias.

Sandra, seudónimo de la madre de una de las agredidas, explica que cambió de escuela a su hija. A los tres meses las sicólogas comentaron que la pequeña apenas empezaba a exteriorizar la afectación sufrida por la agresión sexual, ya que una terapia es un proceso largo y lento, que en primera instancia requiere la confianza de la niña en las terapeutas para que después acceda a expresar sus pensamientos y emociones. Supuestamente, señala Sandra, "nos canalizarían a otros lugares para continuar con la terapia, pero hasta ahora ?cinco meses después? no sabemos nada". A la mujer le llama la atención que sea una antropóloga, Adriana Corona, quien está al frente del programa Estoy Contigo, pero no le extraña que en estas condiciones no se haya dado continuidad a los tratamientos.

Ello a pesar del compromiso establecido por la subsecretaria de Servicios Educativos del Distrito Federal, Sylvia Ortega, de "sacar del clóset" el problema del abuso sexual en la escuela.

En entrevista con La Jornada (18-02-2001), la funcionaria, recién llegada a la subsecretaría, expresó que veía con "mucha preocupación el tema del hostigamiento sexual" y, aunque rechazó que "haya incidencias de esta naturaleza todos los días", propuso efectuar un debate con apertura y altura. Indicó que crearía un ombudsman para defender los derechos de los niños. Nada ha ocurrido; por el contrario, la mayoría de las sicólogas de Estoy Contigo fueron reubicadas, más bien congeladas en áreas administrativas.

Por el lado administrativo la situación no es diferente. En su peregrinar por oficinas de la SEP, los padres de las niñas llegaron al Organo Interno de Control, donde presentaron su denuncia el 22 de marzo de 2001. Hace apenas unos días esa instancia dictaminó la "responsabilidad administrativa" en que incurrió el profesor Hipólito Ramírez al "no haber tratado con respeto a las menores de edad..., al haberlas sentado en sus piernas, besarlas en las mejillas, tocarles el pecho, la pelvis y los glúteos".

Por eso, el órgano sancionó al agresor con una "inhabilitación por tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público". Sandra no sale de su asombro: "Significa que en tres años otra vez estará dando clases y eso suponiendo que esto se aplique", comenta.

No hay dolor más grande para una madre o un padre que el daño físico, mental o emocional en sus hijos. Eso es lo que no entienden las autoridades, lamenta Sandra, quien piensa que si esos funcionarios sufrieran algo así tal vez harían algo para evitarlo. Ojalá que a ellos nunca les digan: "Mami, ¿verdad que si no hubiera dicho nada todavía estaría en mi escuela? Mejor no".