Entre octubre de 1998 y julio de 2001 el organismo documentó cien ataques en el país

Existe subregistro de casos de tortura en México, asegura el Centro Pro

VICTOR BALLINAS

Entre octubre de 1998 y julio de 2001, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez registró cien casos de tortura en el país con 217 víctimas, incluidas 13 personas que perecieron por las lesiones sufridas. Veintitrés de esos casos ocurrieron en el actual gobierno.

La investigación Tortura e impunidad fue realizada por dicho centro para el Comité de la ONU contra la Tortura, algunos de cuyos integrantes estuvieron en México el año pasado, cuando manifestaron su interés por conocer las situación de los derechos humanos en el país y específicamente "quejas acerca de denuncias".

El Centro Pro destaca en el informe que presentó en marzo pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las cifras oficiales sobre tortura, al basarse exclusivamente en el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tienen un subregistro, pues excluyen "todas las denuncias presentadas" ante las diferentes comisiones estatales de derechos humanos que atienden las quejas por tortura cometidas por funcionarios de las entidades federativas.

En la investigación se subraya que "los casos expuestos en el informe son sólo una parte de lo que cotidianamente acontece en México. Sin embargo, permite poner a la luz hechos con nombres y rostros concretos, y refleja la ausencia de un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades para resolver y poner fin a la práctica de la tortura".

Algunos casos registrados en el gobierno actual

Venustiano Carranza, Chiapas: "El 17 de mayo de 2001, los jóvenes Luis Manuel Hernández, José Luis Castellanos y José Luis de la Torre, originarios y vecinos de este municipio, fueron detenidos en la cabecera municipal por agentes de la Policía Judicial del Estado aproximadamente a las 15 horas, cuando trasladaban un camión con bultos de cemento.

"Posteriormente a su detención los tres jóvenes fueron trasladados a los separos municipales, donde fueron víctimas de tortura, tratos inhumanos y presión sicológica por elementos de la Policía Judicial del Estado y por policías municipales, en presencia del agente del Ministerio Público José Ever Espinoza Chirino.

"Los tres jóvenes fueron golpeados con armas largas y macanas, a uno de ellos le envolvieron la cabeza en una bolsa de plástico, prácticamente asfixiándolo para que confesara los delitos de los cuales se le acusaba; el mismo joven recibió quemaduras en la muñeca de su mano iz-quierda, al parecer con un encendedor.

"A pesar de haber declarado ante el agente del Ministerio Público los malos tratos y tortura a la que fueron sometidos, éste hizo caso omiso de lo declarado, dejando fuera del expediente los hechos expuestos por los inculpados, aun cuando él estuvo presente en los hechos". Esta denuncia fue documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Salto del Agua, Chiapas: Los indígenas choles Pascual Cruz López y Mariano Cruz Montejo, padre e hijo, respectivamente, vecinos del ejido El Zapote, fueron golpeados "brutalmente" y encarcelados el 8 de mayo de 2001, por elementos de la Policía Judicial de Palenque, Chiapas.

"Tres de los agentes fueron identificados por sus nombres: Jerónimo Méndez Gómez, Enrique Guzmán Méndez y Gabriel Cámara Hernández. Además de los golpes les robaron 4 mil pesos que los indígenas llevaban. Después fueron llevados ante el jefe jerárquico de los policías y obligados a firmar papeles. Los forzaron a confesar que al ser detenidos se encontraban en estado de ebriedad y que habían golpeado a una persona, y para dejarlos salir les pidieron 200 pesos a cada uno.

"Los indígenas no entendían nada, pues únicamente hablan chol. Estuvieron privados de su libertad más de 24 horas. En ese lapso los siguieron golpeando e insultando. La tarde del día 9 fueron puestos en libertad y amenazados de muerte si denunciaban los hechos ante alguna autoridad."

Tlalnepantla, estado de México: "El sábado 10 de febrero de 2001, Alvaro Rayón Robles se encontraba en la calle Monterrey número 4, colonia Lomas de San Andrés, estaba de visita. A las 20:30 horas, cuando cenaba en compañía de su abuelita, uno de sus hermanos y su tío tocaron a la puerta. Su hermano abrió y en la puerta estaban tres policías que preguntaron por Alvaro.

"Su hermano lo llamó y él fue a la puerta. Los policías le preguntaron si era Alvaro Rayón Robles, al responder que sí, lo tomaron del brazo y lo introdujeron en la parte trasera de una patrulla. Lo pusieron a disposición de una agente del Ministerio Público, quien sin identificarse lo interrogó. Le preguntó si había violado a una mujer, el contestó que no. Lo trasladaron a los separos de la agencia del Ministerio Público. Un cuarto de tres por tres metros. Ahí se encontraban detenidas otras seis personas. No había baño, ni camas, ni agua. Pernoctó en el piso.

"A la una de la madrugada del domingo, un guardia lo sacó de la celda. Le quitaron la cartera con 3 mil pesos, un reloj de pulsera, una cadena de oro y una tarjeta telefónica. Lo llevaron a otro cuarto. Ahí el guardia lo volvió a interrogar, le preguntó si había violado a una mujer (... ) los guardias lo empezaron a golpear, lo patea-ron en la espalda y en la pierna y lo aventaron al piso. Le pidieron 30 mil pesos para dejarlo libre. Alvaro salió hasta la tarde del lunes, luego de que prometió que el día 14 entregaría 14 mil pesos".

Nuevo León: Centro de Readaptación Social de Apodaca, 7 de diciembre de 2000. El interno Luciano Rodríguez fue violado por siete celadores y el jefe de seguridad, comandante Damián Rivera.

"Luciano narró que ya desde hacía medio año empezó a ser hostigado por el director del Cereso, Miguel Angel Orihuela; el coordinador del consejo técnico, Julián Rangel, y por el comandante Damián".

El detenido aseveró: "el día de los hechos, el comandante referido y varios custodios me sacaron con violencia del ambulatorio C y me trasladaron al área denominada COC para buscar droga. Había varios testigos. Ahí los celadores me golpearon con la mano abierta, me bajaron el pantalón y la trusa, varios sostenían mis piernas. El comandante Damián me introdujo uno de sus dedos en la región anal hasta sangrarme. El comandante decía: 'si eso es lo que quieres, yo te lo doy'. Y se carcajeaba.

"Luciano presentó denuncia ante la agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales Julieta Hernández Pachuca. La averiguación fue la número 711-2000. El 8 de diciembre se presentó un médico legista de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, lo revisó y dijo que no encontró nada irregular. La agente del MP solicitó que un medico especialista revisara al interno. La nueva revisión arrojó que sí fue agredido."

El Centro Pro concluye que "en todos los casos de tortura registrados por es- te centro los responsables no han sido sancionados".