Con las enmiendas, la IP y escuelas privadas podrán competir por recursos del Conacyt

Condicionan rectores de universidades públicas apoyo a reformas sobre fomento a investigación

Ante la falta de fondos la solución es buscar financiamiento del BM, dice Jaime Parada Pide el presidente del Colmex al Congreso postergar la aprobación de los cambios

JOSE GALAN ENVIADO

Ixtapan de la Sal, EdoMex, 13 de abril. Los rectores de las universidades públicas del país avalaron con reservas las iniciativas de reformas a las leyes Orgánica del Conacyt y de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica -todavía sujetas a consenso en el Congreso-, que abren la puerta a empresas e instituciones de educación superior privadas para que puedan competir con las oficiales por el financiamiento que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la investigación científica. Además proponen sectorizar los centros nacionales de investigación al ámbito de las secretarías de Estado correspondientes.

El apoyo condicionado de los rectores a las iniciativas se dio en el contexto de un debate sobre la escasez de recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Uno de los puntos que mayor polémica provocó durante la reunión -que se efectuó a puerta cerrada-, según versiones de los asistentes, fue el hecho de que el Conacyt les insistió en que, ante la falta de fondos, la salida para los 29 centros del sistema SEP-Conacyt es acudir al financiamiento del Banco Mundial (BM), con los consiguientes requisitos, trabas y obstáculos que ese financiamiento implica para las instituciones de educación superior.

Andrés Lira González, presidente del Colegio de México (Colmex), consideró que el Congreso debe aplazar la aprobación de dicha ley, porque en el proyecto "hay improvisación y una aceleración grande". Agregó que está "muy preocupado" por la forma como dicha propuesta de ley acoge las demandas de las instituciones públicas de educación superior e introduce las políticas de mercado en la investigación, ya que otorga privilegios a los sectores productivos por encima de las instituciones públicas de investigación.

Jaime Parada Avila, director del Conacyt, presentó ante el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) -organismo miembro de la ANUIES- las características de las reformas que se han planteado a las comisiones de la Cámara de Diputados, tanto para el órgano a su cargo como para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Uno de los principales puntos que contempla la reforma a la ley del Conacyt es la sectorización de los centros nacionales de investigación adscritos al sistema SEP-Conacyt, hacia el Poder Ejecutivo federal y las 12 secretarías de Estado, lo que provocó serias dudas entre los rectores sobre la viabilidad de la medida, particularmente porque, consideraron, el alineamiento por sectores de desarrollo e investigación podría lesionar la autonomía de las instituciones en lo académico y en lo político.

Los rectores respaldaron los esfuerzos por consolidar y fortalecer los centros públicos de investigación, lo cual, para ellos, incluye otorgar y mantener su capacidad de decisión y flexibilidad para favorecer su carácter especializado y de desarrollo disciplinario, y que en las leyes se reconozca que ya existen con un régimen particular y sean regidos por la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología, de tal manera que no sean confundidos con empresas paraestatales.

Esta fue una de las observaciones que el presidente del Colmex subrayó en entrevista con La Jornada, en la que expuso su malestar por la forma en que los planteamientos de las instituciones públicas han sido traducidos para las reformas a la ley.

La sectorización, la inclusión de proyectos de empresas en universidades privadas y la probable separación de la SEP de los centros nacionales de investigación constituyen, para el académico, "una improvisación" que refleja "la aceleración" con que se busca aprobar las leyes ya mencionadas. "La sectorización es algo muy delicado -apuntó-, y espero que el sector de la administración pública federal donde pretendan ubicarnos sea el correspondiente".

Lira González sostuvo que si bien el proyecto de ley presenta legítimamente "una política de mercado", ésta no debe permitir el debilitamiento, mediante una mayor escasez de recursos, de las políticas estatales de educación pública. "De por sí hay pocos recursos, y ahora vamos a tener que competir por ellos con la iniciativa privada. Hay desventajas para nosotros", expresó finalmente.