En un acto realizado ayer en esta capital, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República presentaron a la opinión pública diversos aspectos de la propuesta para la tarea de esclarecer la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil de 1968 y de la guerra sucia emprendida por el poder público en los años 70 contra grupos guerrilleros y activistas sociales y políticos.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, instaló el Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales. Por su parte, el titular de esa fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, presentó un ambicioso plan de trabajo orientado a establecer responsabilidades de ex funcionarios públicos en los actos cri- minales perpetrados desde el gobierno: la matanza de Tlatelolco, los hechos represivos que sucedieron a esa tragedia y, posteriormente, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las torturas, los hostigamientos y otros delitos en la persecución y desmembramiento de las organizaciones armadas.

En la ocasión, tanto Creel Miranda como Carrillo Prieto reiteraron la voluntad del presente gobierno de investigar esas etapas sórdidas del Estado mexicano, aplicar la legislación procedente y ofrecer a la sociedad resultados concretos. El primero aseguró que en las pesquisas y la procuración que resulte "no hay intocables" y que se investigará --y sancionará-- a los responsables de la represión "independientemente de investiduras pasadas", en lo que parece una alusión a los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo.

Los propósitos repetidos ayer por el titular de Gobernación y por el fiscal especial forman parte de las promesas de campaña del ahora presidente Vicente Fox; fueron refrendados en su discurso de toma de posesión y en otros mensajes presidenciales importantes, y casi no ha pasado semana de la actual administración en la que el gobierno no haya ofrecido investigar y hacer justicia en torno a las atrocidades del 68 y de la guerra sucia de los años 70.

Debe admitirse, sin embargo, que los más de 15 meses transcurridos del presente sexenio se han ido, en este tema, en promesas y prolegómenos, y que el esclarecimiento de la verdad sobre la represión del pasado reciente es un asunto que se desgasta, a ojos de la opinión pública, en anuncios de buenas intenciones.

Sería absurdo negar que las formuladas ayer por Creel y por Carrillo Prieto, así como las enunciadas por el propio Fox y otros funcionarios de su equipo, son positivas y correctas. Pero tampoco puede desconocerse que, hasta ahora, cuando están por cumplirse dos años del mandato popular que terminó con el largo ciclo de las presidencias priístas, todo se ha quedado en intenciones.