Iván Restrepo
El destino de las recomendaciones de la CNDH
Mi artículo del pasado lunes sobre la reacción que despertó hace diez años el libro editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual precisaba por primera vez los daños que la contaminación atmosférica ocasionaba en la salud, así como el reconocimiento oficial de que ésta origina la muerte de mil 600 personas en la ciudad de México, motivó varias cartas de lectores. Unos comentan que omití referir la suerte que tuvieron las resoluciones de la CNDH atendiendo quejas que elevaron grupos ciudadanos que en ese entonces consideraban que tanto el gobierno como particulares atentaban contra el derecho constitucional a la salud y a disfrutar de un ambiente sano. No pude considerar esas recomendaciones in extenso por falta de espacio. Por su importancia lo hago hoy.
Es el caso del incendio que en mayo de 1991 consumió las instalaciones de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), en la zona urbana de Córdoba, donde se almacenaban y procesaban numerosos compuestos químicos destinados a combatir las plagas de las cosechas. Muchos años antes de que ocurriera la tragedia, los vecinos del lugar, y muy destacadamente los directivos de una escuela, se quejaron de los daños que Anaversa ocasionaba a la gente, en especial a los jóvenes estudiantes.
El incendio destapó la historia de irregularidades permitidas y avaladas por varias instancias oficiales. La recomendación de la CNDH dio cuenta de ellas, pero aun hoy no se sabe con precisión el número de personas afectadas mientras ardían decenas de toneladas de sustancias tóxicas y peligrosas, y al momento en que los bomberos apagaban el fuego sin el cuidado requerido en estos casos: si cada uno de esos compuestos químicos era peligroso, lo fueron más todos juntos al entrar en contacto con el fuego y el agua. Ese coctel fue a dar a los mantos freáticos y a otras corrientes de agua que dejó contaminadas. El dinero destinado a auxiliar a las víctimas se manejó con criterios políticos y se aplicó en lo que no correspondía. La doctora Lilia A. Albert, autoridad en materia de toxicología ambiental, estima que Anaversa es en el mundo uno de los más importantes accidentes en su tipo y un ejemplo de negligencia oficial.
En cuanto a la recomendación sobre la presencia de residuos de plaguicidas en la población indígena que habita el Valle del Yaqui, emporio agrícola ubicado al sur de Sonora, no hizo sino reiterar lo que ya se sabía sobre la forma irresponsable de usar dichas sustancias en el agro, en especial en los distritos de riego, y cómo no se cumple la normatividad existente en la materia. Los datos oficiales mostraron hace diez años que las mujeres indígenas a veces tenían en su organismo hasta una docena de diferentes residuos de plaguicidas, que podían causar graves daños a la salud. Estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Tecnológico de Sonora advertían además cómo los recién nacidos ya venían con su indeseada y variada carga tóxica, y cómo las madres se encargaban de aumentarla a través de la leche materna. Pese a la recomendación de la CNDH para poner fin a esas irregularidades, estudios recientes del citado tecnológico señalan que el problema persiste en el Valle del Yaqui. Como tampoco cesa el daño ocasionado por Petróleos Mexicanos en ciertas zonas de Tabasco, Campeche, Veracruz y otras entidades del sureste del país.
No bastaron las recomendaciones en los casos anteriores, como no ha sido efectiva la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que de hecho eliminó la participación de la CNDH en asuntos de salud y medio ambiente. Pese a que existe un comité intersecretarial en asuntos relacionados con los plaguicidas, hoy sigue el absurdo de que una secretaría, la de Agricultura, promueve el uso de esos compuestos en el campo; otra más, la de Comercio, su importación y elaboración local; una tercera, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales y su apéndice, la Profepa, buscan sancionar a los infractores de la legislación vigente; y una cuarta, la de Salud, se encarga de prevenir y curar a los enfermos por la contaminación.
Sigue, pues, el reinado del veneno. También el de la impunidad: los funcionarios que avalaron la actividad irregular de Anaversa o que hoy no evitan los daños a la salud y al ambiente por plaguicidas o a causa de las labores de Pemex ni siquiera han sido tocados con el pétalo de un citatorio.
