Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 24 de febrero de 2002
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Política
No soy senador, sino trabajador petrolero, afirma Aldana Prieto al salir del sindicato

Pemex pidió a Hacienda dos ajustes presupuestales para dar al STPRM los $1,100 millones en 2000

Una de las solicitudes plantea que se autorice el gasto "en el rubro de operaciones ajenas"

 GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La entrega de mil cien millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2000 ?de los cuales presuntamente 500 millones fueron utilizados para la campaña de Francisco Labastida? obligó a la paraestatal a solicitar dos adecuaciones presupuestales a la Secretaría de Hacienda en ese año, señalan los documentos entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) por Rogelio Montemayor Seguy.

Pemex, entonces dirigida por Montemayor Seguy, pagó 850 millones de pesos como "indemnización" al STPRM "por los gastos previos y posteriores ?que hizo el sindicato? a la revisión salarial"; además de otros 250 millones de pesos "como apoyo para el pago de los gastos del juicio" que esa organización tenía con la empresa estadunidense Arriba Limited, señala el informe que la gerencia Jurídica de Pemex envió al director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Jorge Collard de la Rocha, el 28 de septiembre de 2000.

Para esas fechas, la demanda interpuesta por Arriba Limited sumaba mil 400 millones de dólares, indican documentos en poder de La Jornada.

Sin embargo, Andrés Sánchez Juárez Cárdenas, representante de esa compañía estadunidense en México, afirmó en enero pasado que la organización sindical no les ha pagado nada y que diariamente se acumulan 25 mil 278 dólares al débito del STPRM.

Tercera ampliación al Programa de Egresos

Antes del 6 de junio de 2000, Pemex ya había modificado en dos ocasiones la distribución de sus partidas presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados.

La tercera comenzó precisamente el 6 de junio de 2000, mediante el oficio SP-388/00. La Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex solicitó a Alberto Gheno Ortiz, gerente corporativo de Control Presupuestal, su autorización para otorgar un préstamo por 640 millones de pesos.

El documento precisa que "con la finalidad de atender una solicitud planteada por la Dirección Corporativa de Administración, de otorgar un préstamo al Comité Ejecutivo General del STPRM por la cantidad de 640 millones de pesos, agradeceré a usted girar sus amables instrucciones, para que se autorice a Pemex Corporativo la tercera ampliación al Programa de Egresos del mes de junio, en el rubro de operaciones ajenas, por la cantidad anteriormente mencionada", firma Gerardo Bautista Medina, subgerente de Presupuestos.

Un día después, Gheno Ortiz respondió que los solicitantes de dicho movimiento financiero debían informar el plazo de recuperación del empréstito, "en virtud de lo siguiente: tiene impacto en el superávit primario comprometido con el gobierno federal, si no es recuperado en el presente año; de la misma manera es considerado como parte del gasto programable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si no se obtuviese la recuperación".

Para el 8 de junio, cuando se extendió el cheque al STPRM y que este dinero fue depositado en una cuenta en Banorte a nombre del STPRM, Alberto Gheno Ortiz, mediante el oficio GCP-349/00, respondió afirmativamente a la solicitud de préstamo, y establece que "esta gerencia autoriza incrementar el programa del mes de junio por la cantidad de 640 millones de pesos".

La minuta de una reunión efectuada el 5 de junio entre representantes sindicalizados y funcionarios de Pemex señala que el préstamo se autorizó "con la finalidad de otorgar apoyo al STPRM, para que esté en posibilidad de solventar los compromisos económicos que gravitan sobre la hacienda gremial. Accesoriamente, contribuye a mantener buenas relaciones administrativo-sindicales y a preservar un adecuado clima laboral".

Para el 27 de julio, Pemex y su sindicato arreglaron su revisión salarial sin dificultades.

Entre los logros obtenidos estuvo "la rehabilitación de 47 escuelas, se regularizó el funcionamiento de las farmacias (con funcionamiento) las 24 horas del día, y se adoptaron medidas y procedimientos para abastecer debidamente a las unidades médicas de los insumos necesarios; también se llevó a cabo el arrendamiento, en mayo, a casco desnudo (nave sin tripulación) de una embarcación de Pemex Gas y Petroquímica Básica tripulada por personal que se encuentra en calidad de excedente por baja de otro buque-tanque; se resolvieron los problemas por el retraso del pago de salarios en los centros de trabajo conforme se fueron presentando, y se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos por Pemex sobre diversas cuestiones contractuales, como apoyo para escuelas, campos deportivos y otras prestaciones de carácter social", enfatiza el informe que la Gerencia Jurídica de la paraestatal envió a Jorge Collard de la Rocha, director general de Programación y Presupuesto de Energía e Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Energía, el 28 de septiembre de 2000.

Con estos acuerdos, supuestamente estaban cubiertas las demandas del STPRM y también los compromisos adquiridos por Pemex durante la gestión de Adrián Lajous Vargas en las revisiones de 1997 a 1999.

Sin embargo, en el mismo informe, se menciona que el 11 de septiembre de 2000, empresa y sindicato acordaron "una indemnización para la organización sindical como compensación por los retrasos incurridos, un apoyo por los gastos previos y posteriores a la revisión salarial y el pago de los gastos del juicio que contra el STPRM instauró la empresa Arriba Limited ante los tribunales de Houston, Texas".

Según ese documento, Pemex debió entregar "la cantidad de mil 180 millones de pesos". No lo hizo así; en suma pagó al STPRM mil cien millones, los cuales ahora asegura la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, se desviaron de Pemex, y que ha llevado a la PGR a investigar la posible comisión del delito de lavado de dinero, debido a que supuestamente parte de ese capital fue utilizado para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

Eso no es todo. Para que el STPRM obtuviera en total los mil cien millones de pesos de "indemnización", Rogelio Montemayor reunió al Consejo de Administración con el propósito de solicitarle su autorización para una nueva "adecuación" presupuestal. La cuarta en 2000.

De acuerdo con los documentos en poder de este diario, el mismo 29 de septiembre, cuando el Consejo de Administración de Pemex sesionaba para decidir sobre esa solicitud, la Secretaría de Hacienda autorizó las adecuaciones. Prueba de ello es el oficio 310-705, firmado por Jorge Collard de la Rocha.

Y para que Pemex no tuviera problemas con los reportes a la Secretaría de Hacienda en torno al préstamo de 640 millones (porque se tenía que pagar ese mismo año), se descontó de la "indemnización" de mil cien millones el monto del préstamo concedido en junio.

Ruidosas bienvenidas

Ayer al mediodía, Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM, y el secretario de Finanzas de la organización, Ricardo Aldana Prieto, acudieron por separado a la sede sindical. Fueron recibidos por sus seguidores entre porras y felicitaciones.

Ello ocurrió horas después de que los disidentes que "clausuraron" las instalaciones gremiales el viernes, ya se habían retirado.

Romero Deschamps, llegó en su camioneta Grand Cherokee azul marino, con placas 156-CSN. Se bajó de ella metros antes de la puerta que da acceso al estacionamiento interior de la sede.

Un grupo de alrededor de 60 personas le lanzó porras y le hizo una valla para que ingresara al inmueble. Prometió dar declaraciones a su salida, pero se retiró sin cumplir su palabra.

Minutos después llegó Aldana Prieto. Lo hizo caminando desde la avenida Puente de Alvarado. La reacción de sus seguidores fue la misma que con el "líder".

Cuando salió, el tesorero del STPRM y ocupante una curul en la Cámara de Senadores afirmó: "No soy senador, soy un trabajador petrolero", aunque cuando fue citado a comparecer ante la PGR por las investigaciones de la llamada Operación Crudo, antepuso su fuero constitucional para no declarar ante el Ministerio Público Federal ni responder a las imputaciones que la Secodam le formuló como responsable del desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex.


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