Aseguran que el acusado ha recibido el respaldo de Usabiaga

Campesinos de Yuriria reclaman justicia en el caso de fraude cometido por su dirigente

MATILDE PEREZ U.

Integrantes de la Sociedad de Agroproductores de Yuriria exigieron a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) que atienda las denuncias interpuestas en contra del presidente de la organización, Joaquín Ramírez González, quien desvió 20.5 millones de pesos, otorgados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) para la venta de trigo, ilícito que confirmó la institución.

También pidieron a la Secodam investigue por qué el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, ordenó al delegado de la Sagarpa en Guanajuato, Serafín Paz Garibay, a través del oficio número 19 fechado el 9 de enero de este año, que en coordinación con el director regional de Aserca, Juan Fernández del Valle, "ayude a resolver y corregir las anomalías documentales" mencionadas por el director en jefe de Aserca, Francisco Mayorga Castañeda, en una nota informativa que entregó el 7 de enero de 2002.

"Guanajuato es un búnker de corrupción", afirmó un grupo de los 160 socios de la Sociedad de Agroproductores de Yuriria, que mostraron las copias de las denuncias interpuestas ante la Sagarpa, Secodam, así como la nota informativa en la que el director en jefe de Aserca confirmó que hubo irregularidades en la comercialización de granos que realizó Joaquín Ramírez González durante los ciclos agrícolas 2000 y 2001.

Agotadas las instancias legales que podrían ayudarles a resolver el fraude por más de 20.5 millones de pesos que cometió Ramírez González, los campesinos preguntan "Ƒquién podrá desenmascarar a este cacique local que presume de ser amigo del secretario Usabiaga? En Secodam ya nos dijeron que eso no se va a mover, y a pesar de que existe una orden de aprehensión, ningún agente del Ministerio Público quiere asumir el caso", dijo Roberto Gómez.

El grupo de 80 ejidatarios teme que Ramírez González, en su calidad de presidente del consejo de administración de la Sociedad de Agroproductores de Yuriria durante el periodo 1996-2001, haya solicitado créditos o realizado operaciones financieras que pongan en riesgo las 3 mil hectáreas de riego de los socios.

En 1996, 160 campesinos aceptaron la propuesta de Joaquín Ramírez González de conformar la sociedad. Tres años después les comentó que había solicitado apoyos federales para la construcción de tres bodegas y la compra de una secadora de granos. "El problema es que nunca convocó a reunión para definir dónde estarían esas bodegas; después, unilateralmente decidió construirlas en terrenos de su propiedad y de José Luis Zúñiga Villalobos y Miguel Cisneros Bedolla, sus principales colaboradores en el consejo de administración", agregaron los campesinos.

Después, Ramírez González, Zúñiga Villalobos y Cisneros Bedolla facturaron cerca de 12 mil 500 toneladas de trigo de los ciclos agrícolas 98-99 y 99-2000 para acceder a los apoyos de Aserca, aunque las toneladas comercializadas y facturadas a favor de Molino la Providencia no rebasaron 5 mil toneladas.

Ante la insistencia de los socios de que presentara un informe de sus actividades, Ramírez González -según copia que emitió el notario público número tres, Arturo Alvarado Chávez- convocó a una asamblea, el 29 de julio de 2000, para presentar su renuncia.

A dicha reunión, según constancia del notario, acudieron 83 de los 162 socios, entre ellos Salvador Arellano Pérez, quien había fallecido el 6 de julio de dicho año, además de otros campesinos radicados en Estados Unidos.

"Es evidente la falsificación de firmas, sin embargo eso no lo quiere ver el titular de la Sagarpa." El mismo listado de los socios y registro federal de contribuyentes de la sociedad fueron utilizados por Ramírez González para crear la Sociedad Rural Agroproductores Unidos de Yuriria.

La situación fue detectada por Aserca y por ello se le negó el apoyo a la comercialización de trigo, maíz y sorgo; sin embargo, la orden de Usabiaga Arroyo, emitida el 9 de enero, fue contundente: "la organización cumple con el cometido presupuestado en el programa para fortalecer la comercialización de la cosecha, y es nuestra obligación ayudarles, a fin de que puedan acceder a los recursos que en estructura jurídica tienen todo el derecho".