Hace exactamente seis años, el 16 de febrero de 1996, el gobierno federal, en representación del Estado mexicano, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) firmaron en San Andrés Larráinzar los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, también conocidos como acuerdos de San Andrés.

Con base en el documento signado, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión ?conformada por representantes de todos los partidos políticos con registro? redactó una iniciativa de reformas constitucionales y legales, misma que, meses después, fue rechazada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.

El incumplimiento de este compromiso por parte del gobierno provocó una inmediata interrupción de las negociaciones de paz en Chiapas. Apenas iniciada su administración, Vicente Fox retomó como propia la iniciativa de la Cocopa y la envió al Congreso de la Unión, aunque no realizó cabiledeo alguno para su aprobación.

El resultado fue una deficiente reforma constitucional que no corresponde con el espíritu de los acuerdos de San Andrés ni con la iniciativa redactada por la Cocopa.

Dicha legislación, que suscitó numerosas objeciones de diversos sectores sociales y políticos, entre otros el Congreso Nacional Indígena (CNI), utiliza formalmente conceptos contemplados de los acuerdos de San Andrés (tales como autonomía y libre determinación), pero en los hechos, debido a los candados que contiene, impide el ejercicio de los derechos indígenas, negando a las comunidades indígenas asumirse como sujetos de derecho público.

Cabe mencionar que la marcha zapatista iniciada en febrero del año pasado, logró aglutinar el apoyo de diversos sectores de la sociedad que se identifican con la causa indígena, y que hoy se muestran, por decir lo menos, defraudados por el destino de la iniciativa indígena.

 Así las cosas, los pueblos indios de México siguen careciendo de la representación política necesaria, padecen adicionalmente el conservadurismo legislativo -que en algunos casos raya en el racismo- y el conflicto en Chiapas permanece empantanado.

Por ello, al margen del autismo legislativo, es lamentable que hayan transcurrido seis años sin que el gobierno mexicano cumpla con el compromiso que asumió al firmar los acuerdos de San Andrés.

Por lo pronto, llama la atención que, por un lado, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado se anticipe a realizar a una consulta para la modificación de 16 ordenamientos federales para adecuarlos a la reforma indígena aprobada el año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por municipios indios y Congresos estatales, cuya cifra es cercana a los 300.

Por el otro, que unos 160 legisladores vayan a presentar nuevamente la iniciativa de Cocopa ante el pleno de la Cámara de Diputados, hecho que, además de evidenciar inconformidad ante la legislación actual, posiciona de nueva cuenta el tema en la agenda legislativa.

Finalmente, es preciso reiterar que cualquier reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas debe incorporar íntegramente los acuerdos de San Andrés, de lo contrario, al igual que otros muchos temas que siguen pendientes, el indígena permanecerá indefinidamente irresuelto.