Participan 25 organizaciones pro zapatistas

Comienza campaña nacional en favor de los pueblos indios

Las actividades incluirán ''dos días de resistencia civil'' en la cumbre para el desarrollo, que se efectuará a finales de marzo

ENRIQUE MENDEZ

A seis años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal firmaron en San Andrés Larráinzar los primeros acuerdos para el proceso de pacificación, 25 organizaciones indígenas y simpatizantes del movimiento armado comenzarán hoy en el Zócalo capitalino la Campaña Nacional de Lucha y Resistencia por la Justicia y la Paz para los Pueblos Indígenas de México.

La campaña arranca mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan revisándose 329 controversias constitucionales que se presentaron contra la reforma a la Constitución aprobada por el Congreso, que los pueblos se niegan a asumir, y cuando continúa la tensión en comunidades de Chiapas, así como la guerra de baja intensidad.

El contenido de la campaña se presentó ayer en conferencia con la prensa, en la cual se precisó que habrá 15 jornadas para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y conmemorar el primer aniversario de la participación de la delegación del EZLN en el Congreso Nacional Indígena de Nurío, Michoacán.

Se incluyen dos días de resistencia civil ante la Cumbre Mundial para la Financiación del Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, a finales de marzo, cuando viajarán a esa ciudad jefes de Estado de todo el mundo.

José Luis Castro, de la organización Artesanos Indígenas del Distrito Federal, y Damián Camacho Guzmán, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, informaron que además de las controversias, se presentarán ante la Corte las más de 62 mil firmas que se recabaron en rechazo a la reforma aprobada por el Congreso en materia de derechos y cultura indígenas.

Asimismo, se informó que el CNI acordó fortalecer su trabajo de organización para que, cuando la Corte emita su fallo sobre las controversias, pueda definir su estrategia jurídica, en caso de que refrende la constitucionalidad de los cambios a la ley.

Por lo pronto, durante la conferencia se llamó a la Corte para que "actúe con congruencia" y determine que la reforma es inconstitucional, porque se violaron etapas del procedimiento legislativo.

Castro y Camacho Guzmán afirmaron que a 10 meses de votada la iniciativa, que no recogió el espíritu de los acuerdos de San Andrés, aún no disminuye la tensión en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ante una militarización creciente y una agresión sistemática a las comunidades indígenas.

Afirmaron que el hecho de que se aprobara la reforma no abrió la posibilidad para el reinicio del diálogo y mucho menos propició la mejora en las condiciones de vida de los indígenas, que todos los días sufren "la amenaza ante la presencia de militares" en sus comunidades.

Observadores internacionales en Chiapas

También se informó de la visita de 100 integrantes de la Comisión Civil de Observación Internacional y de Derechos Civiles, quienes viajarán a Chiapas el próximo martes, donde permanecerán hasta principios de marzo para entrevistarse con las comunidades.

A su regreso, redactarán un informe a partir de una radiografía de la situación en el estado, y presentarán un reporte a la ONU y al Parlamento Europeo.

El inicio de la Campaña Nacional de Lucha y Resistencia por la Justicia y la Paz coincide con la fecha en que hace seis años se firmaron los primeros acuerdos del proceso de pacificación, relativos a los derechos y la cultura indígenas, que se integraron al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.

En aquella ocasión, el comandante David comentó: ''Este es un acuerdo pequeño, no nos dejemos engañar que si se ha firmado ya es un acuerdo de paz''.

Llaman a la Corte a asumir su responsabilidad y declarar inconstitucional la reforma

Censuran ONG consulta del Senado para adecuar 16 ordenamientos a ley indígena

Informan sobre la situación de más de 400 apelaciones interpuestas ante el Poder Judicial

ROSA ROJAS

En virtud de que ni el presidente Vicente Fox ni los legisladores han cumplido con su deber, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ''asuma su responsabilidad histórica'', y en un acto de justicia declare inconstitucional la reforma en materia indígena aprobada el año pasado.

Subrayaron que como nunca en la historia, los pueblos indios ''han puesto en jaque al Poder Judicial'' con los recursos interpuestos contra la reforma constitucional en materia indígena, debido a la falta de voluntad política de los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir con los acuerdos de San Andrés, firmados hace seis años por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Criticaron también la consulta iniciada anteayer por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado -en la que intervienen PAN, PRI y PRD- para modificar 16 ordenamientos a fin de adecuarlos a las disposiciones de la reforma indígena. ''Es una actitud política incongruente, no sensata, que nos ofende'', ya que hay un cúmulo de recursos legales en proceso y, además, ''ellos están conscientes del rechazo político de nuestros pueblos indios a esa reforma'', indicó Adelfo Regino, de Servicios del Pueblo Mixe de Oaxaca.

La reforma constitucional canceló derechos básicos que ya estaban reconocidos a los pueblos indios, tanto en el artículo cuarto constitucional como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en cartas magnas locales como la de Oaxaca; además anula el derecho a la autonomía, que es una experiencia histórica de los pueblos indios. Dejó también a un lado cuestiones fundamentales como el derecho al territorio. Por eso los pueblos indios la rechazaron, subrayó Regino.

En la rueda de prensa participaron también Larisa Ortiz, abogada indígena y asesora de la controversia de Molcaxac, Puebla; Magdalena Gómez, especialista, en derechos indígenas; Claudia Gómez, de la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de los Pueblos Indígenas; Carmen Herrera y Aurora de la Riva, abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; David Peña, del equipo de abogados que asesora las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por algunos legisladores, y Francisco López Bárcenas, también abogado indígena.

Al informar del estado que guardan las casi 400 controversias, acciones de inconstitucionalidad, amparos y reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpuestas por municipios, autoridades y comunidades indígenas, así como por las legislaturas de Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala, además de organizaciones sindicales, enfatizaron la voluntad política de los pueblos indios de seguir luchando en el estado de derecho, no obstante haber sido excluidos del orden fundamental nacional.

Su lucha es por la inclusión; es una paradoja que quienes se oponen al reconocimiento de sus derechos los acusen de querer destruir al Estado, aseveró Magdalena Gómez, quien señaló que todos los recursos jurídicos interpuestos por los indígenas contra la reforma constitucional en materia indígena son una prueba palpable de la necesidad de reformar el Estado mexicano.

''El Poder Judicial está resultando un receptáculo de rebote de la ingobernabilidad'', mediante la saturación de causas que tienen un perfil jurídico, pero que se podrían haber resuelto en los otros poderes si hubieran funcionado.

Pero falló el Ejecutivo al enviar la iniciativa de la Cocopa al Congreso "y dejarla a la buena fe de los legisladores" con el pretexto del respeto al Poder Legislativo, cuando en la reforma fiscal se constataron los esfuerzos y recursos de negociación cuando la Presidencia realmente está interesada en un asunto.

También falló el Congreso, porque la clase política "no tiene suficiente convicción" de lo que son los derechos de los pueblos indios. Prueba de ello, dijo, es la consulta iniciada por el Senado, "que tiene todo menos buena fe".

Los recursos en proceso

Ortiz informó a su vez que antes de que se resuelvan los amparos, la SCJN deberá desahogar más de 300 controversias presentadas por autoridades municipales y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por legisladores de Tabasco y Tlaxcala.

Acerca de estas acciones de inconstitucionalidad, David Peña explicó que este recurso se presenta ante la SCJN cuando se cree que existe contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución. Pueden presentarlo 33 por ciento de los integrantes de las cámaras de Diputados, Senadores o integrantes de los congresos estatales, entre otros.

En este caso, lo interpusieron diputados de Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco, ante la existencia de varias faltas en el procedimiento legislativo, con la finalidad de que la SCJN invalide el acto mediante el cual sus respectivas legislaturas emitieron su voto sobre la citada reforma constitucional y se promueva la reposición del proceso, lo que permitiría a los diputados reconsiderar el sentido de su voto, pensando siempre en el beneficio de los pueblos indígenas.

La acción del Congreso de Oaxaca fue desechada de plano. Lo mismo ocurrió con las de Tlaxcala y Tabasco, pero en ambos casos se interpusieron recursos de reclamación, por considerar infundado el desechamiento.

El caso de Tabasco lo asignó el presidente de la Corte al ministro Humberto Román Palacios. El 4 de febrero él dictó un acuerdo solicitando el expediente; deberá analizar la acción y la reclamación y emitirá una decisión que será presentada al pleno de la Corte para que decida si procede el recurso de reclamación y por tanto la acción de inconstitucionalidad. Al parecer, dijo, el caso de Tlaxcala se encuentra en el mismo estado procesal.

Sobre las controversias constitucionales, Ortiz recordó que se impugnaron diversos actos de quienes participaron en el proceso de reforma constitucional, considerados inconstitucionales por los quejosos. Se está a la espera de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y audiencias públicas dentro del procedimiento.

Respecto a los amparos, De la Riva se refirió a tres presentados por autoridades de comunidades rarámuris de Chihuahua. Informó que se fijó la audiencia constitucional, pero como no todas las autoridades emplazadas habían contestado, se pidió que se difiriera. ''Cuando ya tenemos conocimiento de los informes, ofrecemos nuestras pruebas y nos las desechan... Podemos intuir una cierta inclinación de los juzgados de distrito para no aceptar pruebas que para nosotros son muy importantes, que son peritajes principalmente en cuestión de la aplicación del Convenio 169 (de la OIT) y de los usos y costumbres de las comunidades, y que son muy importantes que las conozcan los juzgados".

Ante el desechamiento de las pruebas se interpuso una queja en los tribunales colegiados y se suspendió la audiencia. En tanto no se resuelva esta queja no se llevará a cabo la audiencia en el juicio principal.

Dos reclamaciones en la OIT

En relación con las reclamaciones por incumplimiento del Convenio 169, Claudia Gómez indicó que fueron admitidas dos por la OIT: la que presentó la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía y la promovida por un conjunto de organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos el del INAH, el Mexicano de Electricistas, el del Colegio de Bachilleres, el de la UNAM, el de la UAM y el de Radio Educación. En marzo el Comité Tripartito de la OIT las examinará.

Se espera que la OIT dictamine que el Estado mexicano violó el derecho a la consulta establecido en el citado convenio y que solicite formalmente que retome el proceso de reforma, de manera que considere, de buena fe, de manera adecuada y con el objetivo de lograr un acuerdo, la opinión de los pueblos indígenas mediante sus instituciones representativas, apuntó.