El gobierno del presidente Andrés Pastrana y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron ayer un acuerdo de última hora para preservar el proceso de negociación y evitaron, de esa forma, agudizar los enfrentamientos entre esa organización guerrillera y el Ejército gubernamental, que constituyen uno de los principales factores de violencia en esa nación sudamericana.

El acuerdo es auspicioso y esperanzador, no sólo porque contribuye a despejar las perspectivas de profundización de la guerra sino también porque establece claramente la necesidad de construir un ambiente "propicio y sin confrontación armada" que permita, a su vez, concretar una paz duradera basada en un nuevo pacto social.

Para valorar lo conseguido ayer por el gobierno de Santafé de Bogotá y la guerrilla ha de tomarse en cuenta, además, la grave explosividad del conflicto colombiano, el cual presenta riesgos concretos de internacionalización, debido especialmente al permanente injerencismo de Washington.

Es claro que desde la perspectiva del gobierno estadunidense los principales frentes de la violencia en Colombia -la insurgencia, por un lado, y la siembra de hoja de coca y producción y trasiego de cocaína, por el otro- debieran ser resueltos por la vía de una acción militar abierta y masiva, hecho que involucraría obligadamente a los países vecinos y que generaría reacciones incontrolables y ciertamente indeseables en las regiones andina y amazónica.

Ante semejantes perspectivas, cualquier acción que consolide el proceso pacificador que se mantiene, pese a todo, en San Vicente del Caguán, contribuye a despejar riesgos de escalamiento y generalización del conflicto; por el contrario, en la medida en que los horizontes de la paz se estrechen, Estados Unidos tendrá mayor margen para impulsar sus peligrosas propuestas militares.

Ante el guerrerismo y el intervencionismo estadunidenses, debe reconocerse el papel positivo desempeñado, en esta ocasión, por otras instancias de la comunidad internacional, especialmente de la ONU y del grupo de los diez países facilitadores, entre los que se encuentra México.

Debe recordarse, a este respecto, que hace justamente diez años, el 16 de enero de 1992, con la firma en Chapultepec de los acuerdos de paz para El Salvador, culminó uno de los esfuerzos más meritorios y sostenidos de la diplomacia mexicana, esfuerzo que había iniciado más de una década antes, en 1981, con la declaración franco-mexicana sobre la guerra en ese país.

Finalmente, ahora que el proceso de paz en Colombia ha conseguido un nuevo compás de espera, gracias, en parte, a gestiones de nuestro país, resulta inevitable hacer referencia a la paradoja dolorosa de que en territorio nacional sigue irresuelta la rebelión indígena chiapaneca que desde hace ya más de ocho años nos recuerda todos los días la necesidad de establecer un trato justo, digno y democrático entre la nación y sus pueblos indígenas.