Ť Fueron secuestrados, torturados y robados, aseguran

Desaparece de la PGJE denuncia que interpusieron 46 indígenas en Oaxaca

MATILDE PEREZ URIBE

La averiguación previa 125/SC/02, derivada de la denuncia por secuestro, tortura y robo que interpusieron 46 indígenas integrantes de la cooperativa Pueblos Unidos y del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), en contra del alcalde de Tanetze de Zaragoza, Jacobo Chávez, desapareció de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según indicó un representante de los quejosos.

El munícipe advirtió que en 72 horas 40 comunidades de San Isidro Reforma harán un "ajuste de cuentas" en contra de los participantes de dichas organizaciones, según expuso Raúl Gatica, responsable de la cartera de derechos humanos del CIPO-RFM.

La amenaza lo incluye a él, quien -de acuerdo con versiones de Jacobo Chávez- "lo colgará de un árbol", como lo establecen "los usos y costumbres de la región". Además Chávez interpuso una demanda penal en contra de Gatica por "intento de asesinato".

El primero de enero las comunidades Santiago Yagallo, San Isidro La Reforma y Santa María Yaviché -localizadas en la sierra norte de Oaxaca- pretendieron volver a iniciar el servicio de transporte de su cooperativa, como lo habían acordado con el gobierno del estado.

El intento terminó con el secuestro del autobús y del numeroso grupo de indígenas que lo custodiaba al arribar a la cabecera municipal de Tanetze de Zaragoza. Allí, un grupo encabezado por Jacobo Chávez detuvo a los indígenas y les advirtió que ya no habría transporte de la cooperativa, indicó Gatica.

Después de dos días y de la intervención del gobierno del estado, los retenidos fueron liberados, el autobús quedó en poder del alcalde y la autoridad estatal propuso a CIPO-RFM "entregara la cooperativa de transporte al munícipe".

Sin embargo, las presiones y amenazas en contra de los indígenas organizados no concluyen e incluso se les ha advertido que varias comunidades del municipio se están preparando para "recuperar el camión que aún tiene la cooperativa".

Agregó que ambos camiones fueron comprados con las aportaciones de los indígenas que forman parte del CIPO-RFM.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y Jóvenes por los Derechos Humanos (de Alemania) solicitaron a varias instancias de la ONU -alta comisionada por los Derechos Humanos, Mary Robinson; relator especial contra la Tortura, Nigel Rodley, y a la responsable del Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas, Erika Irene Daes- y a Amnistía Internacional intervengan en este asunto.

Además exigen que el proceso legal se lleve a cabo con imparcialidad, "pues ha sido tortuoso y hay una tendencia a proteger al munícipe de Tanetze de Zaragoza y su grupo", agregó Raúl Gatica.

"Tememos que el proceso jurídico se estanque e incluso los acusadores resulten ser los agresores. Ahora en la región se extiende la versión de que en CIPO-RFM hay grupos de guerrilleros".